El Congreso citará a Bolaños y Óscar López para que expliquen el coste del espionaje a Sánchez

La citación se producirá a instancias del portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, quien registró el viernes pasado la petición de comparecencia de ambos ministros en la citada comisión. En el caso de Bolaños «para que informe sobre cómo afecta a la Seguridad Nacional la infección llevada a cabo con el programa informático Pegasus en los dispositivos móviles del presidente del Gobierno y de varios ministros». En el caso de Óscar López para que «informe sobre las afirmaciones» que se contienen en la memoria del contrato de telecomunicaciones respecto a las consecuencias que tuvo el ataque.

Los populares controlan la mesa de la Comisión de Seguridad Nacional con tres puestos frente a dos de los socialistas, por lo que ambas citaciones se producirán sin que sea necesario votaciones previas. Solo es necesario que la Mesa del Congreso califique las dos iniciativas, lo que se producirá probablemente en la reunión que este órgano mantendrá en la primera semana de febrero. En este caso, se trata de un trámite puramente procedimental ya que ambas peticiones cumplen los requisitos para superar el trámite. Una vez completado este paso, la presidenta de la comisión, la popular Edurne Uriarte, será la encargada de llamar a ambos ministros para coordinar una fecha en la que puedan celebrarse ambas comparecencias.

Noticia Relacionada

Sánchez protegerá todos los móviles del Estado con un escudo antiespionaje

Ana Sánchez

El Gobierno tiene la obligación de comparecer aunque en el pasado ha hecho todo lo posible por no dar explicaciones al Congreso sobre el espionaje que sufrió Sánchez. En este sentido, dispone de varias fórmulas para minimizar su exposición. Por un lado, puede derivar la rendición de cuentas de los dos ministros a dos de sus secretarios de Estado. Por otro, puede intentar dar largas a la presidenta de la Comisión de Seguridad Nacional poniendo dificultades para encontrar fechas alegando compromisos oficiales.

En el pasado ha llegado incluso aún más lejos, saltándose el Reglamento y dando plantón a la comisión. Sucedió el pasado mes de octubre cuando ningún miembro del Gobierno acudió a una sesión convocada para responder a preguntas, entre otros temas, precisamente sobre Pegasus. Posteriormente, acabó acudiendo la ministra de Defensa, Margarita Robles, para rendir las cuentas pendientes.

La mayoría del PP en la Mesa de la Comisión de Seguridad Nacional se debe a su condición de órgano mixto Congreso-Senado. La Cámara Baja aporta tres miembros: la presidenta, el vicepresidente primero Ricardo Tarno (PP) y el secretario segundo Javier Rodríguez Palacios (PSOE). Y la Cámara Alta los otros dos: el vicepresidente segundo, José Manuel Franco (PSOE), y el secretario primero, Simón Valentín Bueno (PP).

Mientras llegan esas comparecencias, Vox carga contra el Gobierno por considerar que ha engañado a los ciudadanos. «Una vez más se demuestra que el Gobierno mintió a los españoles para protegerse. Dijo que no había información sensible para la seguridad nacional ni otra de ámbito privado que afectara a Sánchez y a miembros del Gobierno…. Ahora, admite que tal vez», subrayan fuentes de la formación que preside Santiago Abascal.

«Era obvio que sí había capturas sensibles. Basta, sin ir más lejos, ver lo que está siendo desde entonces la política de sumisión de Sánchez a Marruecos en todos los órdenes: emigración, Sahara, Ceuta y Melilla; apoyo financiero en detrimento de atender necesidades de los españoles o política agrícola. Que a Sánchez lo tienen cogido por esa invasión de sus teléfonos es, sin duda, más que evidente», añade. Este grupo denuncia que la opacidad del Gobierno en torno al contenido del espionaje sufrido y respecto a sus propias operaciones es total. Hace apenas seis meses, el portavoz adjunto de Vox en el Congreso, Javier Ortega Smith, preguntó al Ejecutivo junto a los diputados Ignacio Gil Lázaro y David García Gomis si sigue negando tener acceso a Pegasus, y qué programa utiliza la Unidad de Droga y Crimen Organizado para penetrar en el encriptado de la red Signal que usan los narcotraficantes. El Gobierno se limitó remitir a «lo manifestado por el secretario de Estado de Seguridad» en el Senado el día anterior.