El Gobierno mueve a menores dentro de Canarias para cumplir con el Tribunal Supremo

En virtud de esta premisa, el Estado contabiliza 260 menores que ya se han integrado en la red en cumplimiento con el Alto Tribunal. Al detalle, 32 ya han sido trasladados a otras comunidades, otros 20 está previsto que viajen este domingo, 40 que ya han alcanzado la mayoría de edad y han sido derivados a centros de competencia estatal para adultos, y 164 que han sido trasladados al centro Canarias 50, en Gran Canaria, desde otros centros también en las islas.

De acuerdo con las fuentes del Ministerio de Política Territorial consultadas por ABC, el Supremo no exige que los menores sean trasladados a otras comunidades, aunque «el Gobierno de España entiende, comprende y comparte la necesidad de que se distribuyan en recursos de otros territorios». La filosofía del equipo que lidera Pedro Sánchez es «aliviar los territorios con más presión migratoria» y por eso se trabaja en poder trasladarlos a otras comunidades, aunque no está obligado a ello.

Otra cuestión distinta es la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, aprobada recientemente y que sí obliga a las comunidades a hacerse cargo de un número determinado de menores de acuerdo con las plazas disponibles y la presión soportada por cada territorio, y que afecta a los menores migrantes que pidieron asilo y los que no.

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El Ejecutivo de Canarias tutela en este momento 5.017 menores migrantes no acompañados, entre los que hay en torno a un millar que tienen derecho a asilo. La declaración de contingencia migratoria aprobada por el Ministerio que dirige Sira Rego está, por tanto, más que avalada, ya que al archipiélago le corresponden 737 plazas, triplicando ese número a las puertas de la temporada del 'mar de las calmas' a partir de septiembre, época en la que la mejora de las condiciones de navegación suele ir de la mano de un pico de llegadas de cayucos y neumáticas a las islas.

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, ha celebrado esta declaración, que «supone un paso histórico para Canarias y para España», ya que se traduce en «una base legal y estable para el reparto solidario de los menores migrantes no acompañados en todo el territorio nacional» y confía en que sirve para un «importante avance».

Esta es una respuesta a lo vivido en los últimos meses, en los que el Ejecutivo ha insistido en la falta de celeridad en el procedimiento, y de un balance «insuficiente». Como apuntan fuentes del Gobierno regional, dentro de la cifra del Estado «figuran los 40 que, a pesar de haber tenido el derecho, han cumplido la mayoría de edad en este proceso y no están ni fuera de Canarias ni en el Canarias50, sino en centros de mayores gestionados por el Estado». La tardanza les ha privado de derechos que les corresponden por su protección internacional como menores tutelados.