El Supremo ordena a los gobiernos central y canario un informe quincenal con los avances de la acogida de menores inmigrantes

Estas actuaciones fueron trasladadas al Alto Tribunal para cumplir con la medida cautelar interpuesta el pasado mes de junio que fijó un plazo máximo de 30 días para resolver el traslado de estos menores. Ahora, en una providencia a la que tuvo acceso ABC, la Sala Tercera acuerda que cada 15 días las partes deberán remitir un informe conjunto sobre los avances producidos en ejecución de lo acordado.

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Sara Medialdea

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Han pasado cinco meses desde que el Supremo determinó que el Gobierno debía hacerse cargo de los más de mil menores no acompañados que hay ahora mismo en las islas pendientes de acceder al sistema de acogida estatal de protección internacional. Estos menores sin referentes parentales aguardan esta resolución mientras continúan hacinados con otros tantos de miles de niños en situación de desamparo en centros de la comunidad autónoma de Canarias.

Ante la imposibilidad de atenderlos a todos desde hace algo más de un año y tras haber habilitado hasta 83 centros adicionales de emergencia, el Gobierno insular denunció ante los tribunales esta situación al entender que el Gobierno estaba incurriendo en una «dejación de funciones» ignorando sus peticiones de asilo -de las que debe hacerse cargo el Ejecutivo- de un millar de menores.

En el contexto de la aprobación del real decreto 2/2025 para establecer medidas de urgencia y traslado de menores extranjeros desde territorios en situación de contingencia migratoria, la aspiración del Ejecutivo era derivar a estos solicitantes de asilo a otras comunidades autónomas junto con el resto de los niños, pero los letrados de Canarias precisaron que mientras que la reforma de la ley de extranjería serviría para aliviar la situación crítica que atraviesan Canarias y Ceuta, darle el mismo tratamiento y la misma solución a todos los menores en situación de hacinamiento es un error, puesto que los que han solicitado el asilo lo hacen porque han atravesado una situación de persecución en su país de origen, por lo tanto, tienen acceso a una serie de derechos distintos también reconocidos a nivel comunitario.

Mientras que el Supremo también entendió que la tutela de los menores debía correr a cargo del Estado por su condición de refugiados, el Gobierno ha continuado mostrando resistencia a la medida cautelar hasta que el Alto Tribunal estimó, tras celebrar una vista pública, que los ministerios implicados no habían llevado a cabo ninguna medida en este sentido, así, la Sala Tercera apercibió medidas coercitivas si antes del 16 de julio no se habían dado pasos para acoger a estos menores en recursos estatales.

Ahora, ambas administraciones reman en la misma dirección y sellaron un acuerdo para dar de alta de manera inminente en el Sistema de Atención Humanitaria y Protección Internacional a 827 menores, que son los que la Comunidad Autónoma ha identificado como solicitantes de protección internacional. Se estudiarán los expedientes caso por caso para determinar qué menores son trasladados a centros estatales de las islas o de la península y cuáles por situación de arraigo podrán permanecer en los recursos en los que ya estaban aunque su guarda será asumida por el Estado. De todo este proceso deberán dar cuenta cada quince días a la Sala Tercera.