El Gobierno intenta aplacar el conflicto creado por la vicepresidenta Ribera con la Justicia

Se trata del mismo magistrado -y ese es el origen del ataque de la número cuatro del Gobierno- que se ha reafirmado esta misma semana en que las protestas violentas, includo el sabotaje de importantes infraestructuras, de la organización Tsunami Democràtic en el otoño de 2019 en Cataluña, coincidiendo con la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que condenó por sedición al líder de ERC, Oriol Junqueras, y a varios cabecillas del 'procés', deben enmarcarse en delitos de terrorismo. Y que se debe de investigar por ello a Puigdemont.

En declaraciones a los medios en La Coruña, donde se celebra la segunda jornada de la convención política del PSOE -que el domingo clausurará Pedro Sánchez y que este viernes inauguró el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero- la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, ha mostrado su «absoluto respeto» a los jueces y a sus decisiones, aunque evitando desautorizar expresamente a Ribera.

Por contra, ha acusado al Partido Popular (PP) de ser la formación que no respeta a los tribunales y sus decisiones, remontándose para ello al mensaje en 2018 del entonces portavoz de los populares en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que presumió, como ha recordado, de «controlar por la puerta de atrás la Sala Segunda del Tribunal Supremo». La propia Ribera ha llegado unas horas después, para participar en uno de los paneles sectoriales organizados por la dirección de los socialistas, y expresamente ha evitado a la prensa, con una sonrisa nerviosa.

Casi a la vez que la vicepresidenta tercera ha llegado el titular del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien también ha evitado respaldar a su compañera de Gabinete (ambos permanecen en el Consejo de Ministros desde 2018), al tiempo que ha mostrado su respeto a los jueces, a los que se ha referido como «mis compañeros», dada su condición de antiguo magistrado de la Audiencia Nacional, ya que «garantizan el Estado de derecho».

Fuera del ámbito gubernamental, e igualmente a su llegada al espacio municipal Palexco de la capital gallega, el exministro y ahora líder del PSC, Salvador Illa, ha reiterado ese mensaje de «respeto absoluto» a los jueces. Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Patxi López, con media sonrisa, ha espetado a los informadores sobre las declaraciones de Teresa Ribera, también titular de la cartera de Transición Ecológica, que «si me preguntan por ellas es que no las han entendido». Menos ambigua ha sido la exvicepresidenta primera del Gobierno y diputada por Granada, Carmen Calvo, quien se ha referido a las palabras de Ribera como «unas declaraciones que no forman parte de lo que nosotros sentimos», ya ha defendido al PSOE como un partido que «sabe cuál es su lugar cuando ocupa las instituciones y el lugar de los demás» y que, ha añadido, «respeta las decisiones de los tribunales, como ha dicho el ministro Bolaños [Félix], el ministro Marlaska [Fernando], el ministro Planas [Luis], las resoluciones que adopta el poder judicial, nos gusten o no nos gusten», ha sentenciado la que fuera número dos de Sánchez en Moncloa entre 2018 y 2021.

La actitud de la cúpula socialista y de Moncloa, por tanto, es pasar de puntillas por un encontronazo con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que el mismo viernes emitió un duro comunicado, aprobado por unanimidad, mostrando su «profundo rechazo» a las palabras de Ribera. «Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, la Comisión Permanente [del CGPJ, reunida de urgencia el mismo viernes] considera imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho», asegura el comunicado de marras.

La comisión permanente del CGPJ considera que las declaraciones de la vicepresidenta tercera son «contrarias al principio de lealtad institucional» y que «merman la confianza de nuestros conciudadanos en la Justicia y contribuyen al deterioro institucional». Por último, el órgano de gobierno de los jueces hace un llamamiento a la «moderación, la prudencia y la mesura y a la responsabilidad institucional», con el objetivo de evitar la «utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los/as jueces/zas y magistrados/as que integran el Poder Judicial».