El CGPJ acusa por unanimidad a Ribera de no respetar la «independencia judicial» por sus críticas a García-Castellón

El juez insiste en un auto que se conoció ayer que los disturbios que promovió Tsunami Democràtic, una plataforma independentista, en otoño de 2019 se ajustan al delito de terrorismo y, por tanto, señala que continuará con la investigación al prófugo de la Justicia y líder de Junts.

La vicepresidenta Ribera dijo que el instructor de la causa tiene «cierta querencia» a pronunciarse en «momentos políticos sensibles» y que sus movimientos «tienen una implicación política importante». Una forma de acusar a García-Castellón de querer influir en asuntos políticos. Esta reflexión la hizo Ribera porque justo ayer se conoció también qué enmiendas a la ley de amnistía aprobaron el PSOE y sus socios en la ponencia de la Comisión de Justicia con el apoyo de Junts y cuáles siguen pendientes de debatirse en dicho órgano el próximo martes y en el Pleno del Congreso el día 30 previsiblemente.

Los tres vocales conservadores de la Comisión Permanente del CGPJ, estos son, José Antonio Ballestero, Carmen Llombart y María Ángeles Carmona, solicitaron esta tarde una reunión urgente del órgano al presidente interino del Poder Judicial, Vicente Guilarte, para abordar las declaraciones de la vicepresidenta. Se han reunido de forma telemática, según apunta Europa press, y se pronuncian de forma unánime y crítica ante las palabras de Ribera.

«Desde el más absoluto respeto al derecho de libertad de expresión, la Comisión Permanente considera imprescindible reafirmar que la actuación del Poder Judicial, institución esencial en toda sociedad democrática, persigue en todo momento el cumplimiento de la Ley y la defensa de los derechos reconocidos a todos los ciudadanos españoles, fundamento de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho», expresa la Comisión Permanente la declaración institucional remitida a los medios de comunicación.

La Comisión Permanente del órgano considera que las manifestaciones de la vicepresidenta tercera «son contrarias al principio de lealtad institucional» y «al deber general de respeto a la independencia judicial inherente a un Estado de derecho consolidado e integrante de la Unión Europea».

Además, advierte que este tipo de críticas realizadas desde el Poder Ejecutivo hacia el Judicial «merman la confianza de nuestros conciudadanos en la Justicia y contribuyen al deterioro institucional», por lo que, aseveran, «merecen un rotundo rechazo, máxime si interfieren en una investigación en curso de los hechos».

Recuerdan en el último párrafo que ya hubo otros toques de atención a miembros del Gobierno de Pedro Sánchez y hacen un llamamiento a «la moderación, prudencia y mesura y a la responsabilidad institucional» para «evitar la utilización política de la Justicia o el cuestionamiento de la independencia, la imparcialidad y la profesionalidad de los/as jueces/zas y magistrados/as que integran el Poder Judicial».