El Gobierno avaló con 280.000 euros a una firma implicada en la caja B del PSOE valenciano

Como ayer avanzó ABC, la inyección que le llegó desde la Generalitat valenciana ascendió a 200.000 euros, el máximo previsto en el baremo de esa línea de apoyo a empresas que habían visto desplomarse su facturación tras la llegada del Covid.

Esa ayuda de la Generalitat valenciana la recibió por resolución del 29 de septiembre de 2021. Justo un día antes, el Ayuntamiento de Ribarroja, que dirige el alcalde socialista Robert Raga, le concedió 4.000 euros, la más alta de las otorgadas a las ocho empresas beneficiadas en ese acuerdo. Precisamente, Raga también figuró en el informe de la Guardia Civil porque otra empresa investigada en el caso Azud le tuvo contratado como chófer.

Un año antes, el Gobierno de Pedro Sánchez también incluyó a esta empresa valenciana en las primeras oleadas de ayudas extraordinarias concedidas a través el Instituto de Crédito Oficial (ICO), organismo controlado desde el Ministerio de Asuntos Económicos que pilota la socialista Nadia Calviño.

El 6 de agosto de 2020, el ICO concedió un aval de 280.000 euros a Cronosport, al amparo de la línea especial de financiación que abrió el Gobierno para paliar los efectos del Covid en el tejido empresarial.

En total, en solo trece meses, entre el ICO, la Generalitat valenciana y el Ayuntamiento de Ribarroja de Turia, Cronosport recibió 484.000 euros. Toda una inyección de rápida y cuantiosa liquidez para una mercantil de modesto tamaño: está encuadrada en el segmento de empresas de entre tres y diez trabajadores, según consta en otro expediente de ayudas del que se benefició hace escasos meses: 6.000 euros de la entidad estatal Red.es para digitalizar pequeños negocios. Estos 6.000 euros llegaron el 29 de septiembre del año pasado, al margen de las ayudas que cosechó Cronosport a la sombra del Covid.

Esta empresa aparece de lleno en las pesquisas realizadas en torno al llamado caso Azud y a un presunto entramado de corrupción, caja b y financiación ilegal de los socialistas valencianos. En su informe, la UCO de la Guardia Civil coloca a Cronosport en su punto de mira por la destacada y anómala participación que tuvo en las campañas de los socialistas valencianos en las municipales de 2007 y en las generales de 2008. También hizo las camisetas promocionales de Ximo Puig para al congreso de los socialistas valencianos de aquel año.

La UCO no ha logrado saber quién pagó las camisetas de Puig. Pero sí ha atado cabos respecto al abundante 'merchandising' de la campaña de las elecciones municipales de 2007, en las que Carmen Alborch fracasó en su intento de arrebatar la alcaldía de Valencia a la popular Rita Barberá. Los agentes también han indagado en cómo se pagó el material promocional de los socialistas valencianos para las elecciones generales de 2008, en las que María Teresa Fernández de la Vega encabezó la lista al Congreso por la provincia de Valencia.

El 'merchandising' que Cronosport suministró para las campañas electorales de 2007 y 2008 –camisetas, gorras, globos, abanicos...– costó 332.588 euros. Pero no consta que los pagara el Partido Socialista. La UCO apunta a que lo hicieron empresas que serían beneficiarias de otros organismos públicos.

Para prevenir corruptelas, la ley de partidos prohíbe que «terceras personas asuman de forma efectiva el coste de sus adquisiciones de bienes, obras o servicios o de cualesquiera otros gastos que genere su actividad». Además, la ley electoral limita a 10.000 euros el máximo a donar por una persona física o jurídica para campañas electorales, y se debe declarar la aportación.