El Gobierno aprueba este martes un embargo de armas del que recelan sus socios

Los departamentos implicados en la redacción del texto ni siquiera estaban prevenidos cuando el presidente realizó su alocución el pasado día 8 de septiembre y han tenido que trabajar a marchas forzadas para resolver los inconvenientes que supondrá la «desconexión» y hacerlo, además, con «garantías jurídicas suficientes». En juego hay indemnizaciones millonarias por incumplimientos de contratos ya cerrados.

Aunque desde la Moncloa han tratado de ubicar toda la carga de la responsabilidad del retraso en el Ministerio de Economía, el verdadero escollo está en Defensa. De hecho, este martes el foco estará en Carlos Cuerpo. Será él quien comparezca tras la reunión gubernamental para explicar el decreto y señalar las dificultades que el comercio con los territorios ocupados –la fórmula para diferenciar las mercancías de los colonos judíos y pararlas en las aduanas– han ocasionado en la aprobación. Bajo radar se quiere ubicar la «desconexión tecnológica y militar» y la necesidad de blindarse jurídicamente de cara a los posibles pleitos que surjan en el horizonte. Al menos existen 45 programas de armamento y comunicaciones del Ejército que requieren de patentes israelíes.

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Este martes la norma superará el primer trámite, su aprobación en el Consejo de Ministros, porque el Gobierno no podía permitirse –políticamente– más retrasos, pero el horizonte no está expedito de obstáculos. De las resistencias del Gabinete se escalará a la desconfianza de los socios, dentro y fuera de la coalición, que ya recelan de la ambigüedad del texto. Unos «difíciles equilibrios» que ya avanzaban en la Moncloa para tratar de dar encaje a todas las piezas. Desde Sumar, la vicepresidenta Yolanda Díaz ha marcado posición este lunes en una reunión con su grupo parlamentario. Por un lado, ha celebrado que «por fin» vaya a salir adelante, pero por otro, hasta en dos ocasiones, ha advertido de posibles consecuencias si no resulta «ambicioso».

«Quiero ser clara. Tiene que ser un real decreto ley ambicioso», ha dicho de primeras, en la sala Constitucional del Congreso. «Esperamos que el real decreto ley sea ambicioso –ha añadido después–. Pero si no lo fuera, pediremos que se convierta en un proyecto de ley para que este grupo haga todas las aportaciones, cambios y sustentaciones que tenga que hacer».

Las palabras de Díaz, después del retraso en la aprobación del decreto, traslucen cierta desconfianza. Pero su malestar, en cualquier caso, no le ha llevado a amagar con un futurible voto en contra del decreto, lo que junto a la previsible oposición de PP y Vox ya provocaría que no fuese convalidado por el Congreso. Eso sí, sea o no lo suficientemente «ambicioso», el embargo de armas a Israel, ha dicho, no debe suponer el «punto y final». Por delante queda desmantelar «la economía del genocidio».

Más vehementes se muestran en Podemos, donde alertan sobre la ineficacia del embargo, calificándolo de «estafa propagandística» si no cumple su función. Desde la formación morada se malician que sea un «nuevo fraude» y piden un veto «real y efectivo». Más allá del plano retórico, el Gobierno tendrá que ahormar una mayoría parlamentaria suficiente para su ratificación en el Congreso. Desde Junts han dejado ya entrever su negativa y esto acabaría por tumbar el texto. En Podemos también recelan de la fórmula legal elegida. Creen que si se utiliza el real decreto ley es, precisamente, para que un eventual veto de Carles Puigdemont impida su consecución.