El Gobierno adjudica a una microempresa afín al PSOE un millón de euros en seis meses

García-Rico es administrador único y director de la agencia de comunicación Irispress desde 2013. Antes fue diputado autonómico y nacional, además de portavoz del PSOE en Telemadrid por el grupo que lideraba entonces Rafael Simancas en el Parlamento regional. El ahora secretario de Estado de Relaciones con las Cortes es colaborador de esta empresa, que difunde los artículos del blog de Simacas. El de esta semana, comparando a Puigdemont con los «separadores Feijóo y Abascal» bajo el título '¿Quién quiere volver a 2017?'

García-Rico también coincidió en esa etapa con el presidente del Gobierno y su secretario de Estado para el Deporte: Sánchez era entonces concejal de la capital y Franco, diputado regional. Con este último ya había coincidido en las elecciones generales de 1993, en las que fueron los números 14 y 25 de la candidatura encabezada por Felipe González y secundada por Baltasar Garzón.

El contrato más cuantioso y reciente de este Gobierno a Irispress se lo adjudicó en junio: 464.000 euros, impuestos incluidos, por la producción audiovisual de Renfe durante tres años. Los otros cuatro se los concedió el Ministerio de Cultura y Deporte. Casi 282.000 euros en mayo a través del proyecto Itinerarios Culturales del Consejo de Europa en España y cerca de 160.000 en febrero para difundir los fondos europeos del Consejo Superior de Deportes (CSD), que preside Franco. A finales del año pasado le adjudicó otros dos contratos: uno en noviembre del Instituto Cervantes (137.000) y otro en diciembre del Centro de Documentación de las Artes Escénicas y de la Música (63.000).

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Sólo estos cinco contratos han reportado a esta pequeña agencia 1.104.707 euros en poco más de seis meses, del 22 de noviembre de 2021 al 15 de junio de 2022. La mitad de ese importe, relacionada o financiada con fondos Next Generation de la UE por la pandemia.

Una cantidad considerable en poco tiempo para una microempresa de siete trabajadores, con el capital social mínimo y que facturó una media de 230.000 euros netos durante los tres ejercicios anteriores (2019-2021), incluso antes de la pandemia, como consta en el Registro Mercantil. La firma de este excargo socialista ha incrementado exponencialmente su facturación con estas adjudicaciones del Gobierno central, que le garantizan 375.000 euros netos cada año durante los próximos ejercicios. O, lo que es lo mismo, ingresar un 64% más de todo lo que venía facturando hasta ahora.

Y ello sin contar las adjudicaciones de la agencia de García-Rico en otras administraciones también del PSOE. Como los 165.000 euros del último año y medio por la revista municipal y las redes sociales del Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid) o los 60.000 que le concedió en 2018 el de Ribarroja de Turia (Valencia) también por sus redes sociales. Pero no son las únicas.

Desde que el PSOE llegó al Gobierno, la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (Segittur) también le ha adjudicado otros cuatro contratos que suman 40.000 euros. Este ente público depende del Ministerio de Industria, cuya titular es Reyes Maroto, la nueva candidata del PSOE en Madrid. Y todavía hay más, porque la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), también presidida por el PSOE, le adjudicó en 2019 otros dos contratos que superan los 24.000 euros.

Además, Irispress tiene entre sus clientes otras administraciones, siempre presididas y gestionadas por el PSOE, como las diputaciones de Pontevedra y Cádiz o el Ayuntamiento de Soria. No consta, sin embargo, que haya ganado ninguna adjudicación en instituciones de otros partidos: «Será que no las hay», reconoce a ABC el propio García-Rico. Y asegura: «Cuando me presento a las adjudicaciones, no miro qué partido gobierna. Unas empresas ganan y otras pierden, la mía gana».

En cuanto a que todos esos contratos sean de los últimos cuatro años, el dueño de Irispress responde que «no nos habíamos presentado nunca a concursos públicos» y que empezó a hacerlo por «estrategia empresarial» al bajar el negocio privado por la pandemia. Sin embargo, ya antes se había hecho con al menos cinco adjudicaciones: la de Ribarroja y dos de Segittur en 2018 y las dos de la FAMP a principios de 2019.