Rueda o Pontón: Galicia elige este domingo entre dos modelos incompatibles

Aunque, en realidad, este 18F se juega a cara o cruz: o continúa el modelo conservador del Partido Popular de Alfonso Rueda, o se produce un cambio político que –liderado por el Bloque Nacionalista Galego de Ana Pontón– introduzca a la región en una senda soberanista nunca antes explorada. Uno y otro son modelos antitéticos, incompatibles por definición. Ni siquiera se contraponen únicamente en el eje izquierda/derecha –que también– sino que van más allá, articulando visiones distintas no solo de Galicia, sino de España como Estado.

Es, quizás, el punto más trascendente de lo que está en juego. Aunque el BNG ha jugado a centrar su discurso en esta campaña en los servicios públicos y las políticas sociales, su programa arranca y se articula alrededor de «un nuevo marco político» y «soberanía para decidir». Negacionistas del modelo estatutario y constitucional, el nacionalismo propugna introducir el reconocimiento del derecho de autodeterminación para Galicia en esta nueva legislatura. Su matiz es que no reclamaría la celebración de un referéndum a corto o medio plazo, como dijo Ana Pontón en su entrevista con ABC esta semana. Eso sí, para el BNG «Galicia es una nación» –posición irrenunciable– y ese reconocimiento debe materializarse y traducirse en cesiones de autogobierno.

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El PP, obviamente, está muy alejado de estas posiciones de máximos. Rueda, al igual que todos sus antecesores en la Presidencia de la Xunta –ya fueran socialistas o conservadores– mantienen la definición de Galicia como nacionalidad histórica, tal y como recogen la Constitución y el Estatuto. Su modelo es la continuidad del actual estado autonómico, más coordinado y mejorado en sus relaciones con el Gobierno central, pero en modo alguno simpatizante de aventuras soberanistas como las emprendidas en Cataluña por los socios del BNG. Los populares lo llaman 'galleguismo', que no deja de ser un regionalismo con ciertos matices identitarios en lo cultural, pero plenamente incardinado en el proyecto nacional español, de acuerdo a ese 60% de ciudadanos que se sienten «tan gallegos como españoles» (datos del CIS).

Lo resume de manera simbólica algo tan sencillo como un topónimo: Galicia o Galiza, la fórmula oficial y legalmente válida o la variante que distingue a los nacionalistas. Una misma cosa, dos realidades incompatibles.

El PP gallego fue uno de los pioneros, desde el año 2009 con la llegada a la Xunta de Alberto Núñez Feijóo, en la introducción progresiva de bonificaciones a determinados tributos cedidos, como el impuesto de sucesiones. En la actualidad, el límite exento entre padres e hijos está en el millón de euros. A efectos prácticos, el 99,9% de la población no tributa por este concepto. Rueda ha prometido extender bonificaciones parciales para colaterales: tíos, sobrinos y hermanos. En la actualidad el tramo autonómico del IRPF está reducido para las rentas más bajas, y existe una política de «impuestos cero en el rural» que bonifica al 100% tributos para la transmisión de explotaciones, viviendas, negocios y fincas en la Galicia interior, entre otras exenciones. Otros impuestos autonómicos, como transmisiones patrimoniales (ITP) o actos jurídicos están igualmente rebajados respecto a los tipos que dejó fijados el Gobierno de PSOE-BNG en 2009. El compromiso es mantener la gratuidad del ITP en la Galicia menos poblada para casos tasados, como jóvenes, víctimas de violencia machista, familias numerosas y discapacitados.

Esta fue siempre una política muy criticada por el BNG. En su programa, Pontón habla de alcanzar el objetivo de recaudar toda la cesta tributaria gallega dentro de su modelo de concierto económico. «Plena capacidad normativa», demanda. Pero mientras eso llega –depende de que lo conceda el PSOE desde Madrid, partido con el que necesitará pactar si el PP pierde la mayoría absoluta–, avanza impuestos a las viviendas vacías, a los centros comerciales, subida de la parte autonómica del IRPF en sus distintos tramos –con especial incidencia a las rentas altas– y la eliminación de las bonificaciones en patrimonio, entre otros. Preguntada por Rueda en el debate sobre si mantendría la práctica eliminación del impuesto de sucesiones, Pontón eludió responder. Este silencio ha sido uno de los caballos de batalla del PP durante toda la campaña.

El eufemismo en el que el BNG envuelve su política lingüística en el ámbito educativo es «conocimiento real del idioma para permitir el derecho a usar nuestra lengua». Pero retirado el celofán del envoltorio lo que hay es una educación «totalmente en gallego», justificada por el retroceso en su uso en las capas de menor edad de la sociedad. El gallego pasaría a ser la lengua vehicular en la enseñanza. La apuesta del BNG –que en este ámbito nunca se ha escondido y ha contado con el apoyo cómplice del PSOE en más de una ocasión– es derogar el actual decreto, que fija un equilibrio entre las asignaturas que se imparten en castellano y en gallego. No hay en todo el programa nacionalista una sola mención a la lengua española y sí al portugués, que será de «oferta obligatoria» en todos los centros.

Además, el BNG reclama que se transfieran las competencias plenas en materia educativa «para aprobar una legislación propia». Supondría, de facto, erradicar cualquier capacidad normativa del Ministerio de Educación en el territorio. La inmersión lingüística no se limitaría al ámbito educativo, sino que alcanzaría al familiar, empresarial y administrativo. Aparece aquí la figura de la «galleguización planificada y participada de las empresas e iniciativas económicas laborales».

El modelo del PP es el actual «bilingüismo armónico», por entender que garantiza «la libertad» de uso de las lenguas, pero fija el derecho a aprenderlas en el sistema educativo. Se mantendría el actual reparto a partes iguales de materias en las dos lenguas cooficiales de la comunidad y se abriría a programas para fomentar el uso del gallego, desde la óptica de la dinamización. «En Galicia no hay imposiciones, lo garantizamos por ley», sostienen los populares en su programa. Frente a la visión apocalíptica del BNG, el PP sostiene que Galicia es la comunidad con dos lenguas en la que la propia goza de mayor implantación.

En el capítulo de prestaciones educativas, el BNG se compromete a recuperar la gratuidad de los libros de texto en todos los niveles de la enseñanza obligatoria. Por su parte, el PP no contempla esta opción y opta por garantizar la gratuidad de la primera matrícula universitaria para todos los cursos de grado, condicionada a que el estudiante apruebe las asignaturas.

Dentro de su visión soberanista, el BNG defiende la ruptura de la caja única de las pensiones y de la Seguridad Social, que deberían ser transferidas a Galicia dentro de su proclamado «derecho al autogobierno». Solo en el caso de las pensiones, la comunidad tiene un déficit de 7.000 millones anuales entre lo que se ingresa por cotizaciones y lo que se abona por jubilaciones. El cálculo no es del PP, sino del PSOE, en una de las escasas notas al pie que ha hecho al discurso nacionalista. Lo que no se explica en el programa es cómo se cubriría ese agujero. La teoría nacionalista es que el sistema no es deficitario, sino que está mal gestionado y solo habría que mejorar el capítulo de ingresos.

Lo mío para mí, y si me falta, ya pediré a los demás. Es la filosofía que articula el BNG en su propuesta para que se implante en Galicia un concierto económico a semejanza del modelo vasco o navarro. La idea, ya esbozada anteriormente en el apartado fiscal, es que la comunidad gestione no solo los impuestos que se recaudan en su territorio en una agencia tributaria propia, sino que además se regionalicen otros como el de sociedades en el caso de las empresas con centros de producción en Galicia, aunque sus sedes estén fuera. Eso sí, el programa establece que si este caudal de ingresos no fuera suficiente, se solicitaría un fondo adicional al Estado, para garantizar el reequilibrio territorial.

Mientras eso no llega, se plantearía una reforma del sistema de financiación autonómica que reconozca el coste real de prestación de servicios en un territorio como el gallego, marcado por el envejecimiento y la dispersión de su población.

Este último apartado es el único en el que hay una somera coincidencia con el PP, que también reclama una reforma del modelo de financiación. De hecho, esta legislatura llegó a firmar un memorando con una decena de comunidades de distinto color político para fijar algunos criterios comunes que debieran incorporarse al nuevo modelo. La diferencia es que mientras el PP sostiene que debe ser una relación multilateral, el BNG reclama la bilateralidad.

En su hoja de ruta soberanista, al BNG le sobra la presencia de cualquier ente que recuerde al Estado. Propugna «la asunción de todas las competencias esenciales para garantizar que la capacidad de decisión es real y efectiva» así como «la honda revisión de instituciones centrales que influyen en Galicia» para que, o bien se participe de su designación o se garantice «capacidad de veto». Entre las más significativas, que el Tribunal Constitucional deje de tener competencia en la comunidad, la creación de un Poder Judicial propio o la asunción de las competencias en materia de seguridad, tráfico, control o vigilancia marítima que en la actualidad desempeñan Policía, Guardia Civil, Salvamento o la Armada. Esto lo ejercería un cuerpo policial regional.

El PP en su programa no recoge ninguna de estas reclamaciones. De hecho, su principal demanda es que el Ministerio del Interior complete la plantilla de la unidad de la Policía Nacional adscrita a Galicia.