análisis

Besteiro, el PSdeG y una nueva teoría del 'lawfare'

Acusar al PP de estar detrás de las andanzas de Pilar de Lara es aprovechar que la memoria es frágil

Santiago

12/05/2024 a las 10:39h.

Los pioneros que acuñaron el término 'lawfare' en nuestra joven democracia fueron Pablo Iglesias y sus compañeros de Podemos, argumentando que el sistema se defendía con uñas y dientes ante la llegada de los morados al poder. Que la policía patriótica de Villarejo fabricó material ... contra ellos no parece generar dudas. Pero incluso en ese escenario, el PSOE optó por preservar de esa acusación a los jueces. La primera vez que los socialistas se mancharon las manos con esa acusación fue en el inenarrable acuerdo entre Santos Cerdán y Puigdemont para la investidura de Sánchez, ese pacto para la gobernabilidad de España que se firmó fuera de nuestras fronteras. Ahí aparecía claramente un reconocimiento del 'lawfare' que, según los independentistas, sus líderes habrían sufrido por parte de los poderes del Estado, concretamente el Judicial. Y el PSOE, como era de esperar, tragó a regañadientes.

Era cuestión de tiempo que esa asunción forzada se transformara, por obra y gracia de Sánchez, en militancia convencida. Y tras su retiro espiritual de hace dos semanas para consultarse si seguir o no, el 'lawfare' ya no era una ensoñación de los secesionistas catalanes –dentro del mendaz relato sobre en qué consistió el Procés–, sino un término coloquial más, de uso normal por parte de un partido que antaño fue de Estado. Tanto lo fue que recurrió a sus cloacas para combatir el terrorismo, aunque ya nadie recuerde el GAL.

A Galicia también ha llegado la sombra del 'lawfare', aunque la fabricación del relato no está exenta de medias verdades e interpretaciones de baratillo. 'El Periódico de España' publicaba recientemente que Cristóbal Montoro, durante su etapa como ministro de Hacienda, supo de los registros que Vigilancia Aduanera iba a hacer en la Diputación de Lugo durante la presidencia de Besteiro, dentro de una de las muchas operaciones instigadas por Pilar de Lara. El PSOE de Lugo, por boca de su secretario provincial José Tomé, construye ahora la acusación de que el PP estaba detrás de la persecución judicial a Besteiro. Y se queda tan ancho. Aprovecha que la memoria es frágil y que todo aquel entramado 'Pokemon' queda muy lejos en el tiempo.

El largo e incierto desierto de los socialistas gallegos

Vigilancia Aduanera era el cuerpo utilizado por De Lara de manera predilecta como policía judicial en sus operaciones. Se fiaba más de él que de Policía Nacional o Guardia Civil. Y su adscripción orgánica era, lo han adivinado, el Ministerio de Hacienda. Oh, escándalo, que el titular de ese departamento supiera de las actuaciones de uno de sus estamentos subordinados. Más o menos lo que sucede con el ministro del Interior –con este y con los anteriores– y los operativos de los otros dos cuerpos policiales.

El 'lawfare' viene a significar la connivencia de un determinado poder político con policías y jueces para dar un golpe con apariencia legal a rivales incómodos. Se los desactiva, estén en el poder o fuera de él, mediante mecanismos aparentemente del sistema, pero que se utilizan de forma torticera. El nuevo relato del PSdeG es que Pilar de Lara, en realidad, actuaba a las órdenes del PP para ir contra Besteiro, y que lo disimuló salpimentando sus operaciones con algunos alcaldes de la derecha.

Dicho de otro modo, que el PP fue tan 'audaz' que participó de una conspiración que le costó las alcaldías de Santiago de Compostela, La Coruña y Ferrol para darle jaque al entonces secretario general del PSdeG, que no se había presentado todavía a unas autonómicas y era un melón sin catar, a efectos electorales. Como si Nixon hubiera visto venir a Kennedy en su día y hubiera decidido impedir a toda costa su candidatura.

Atribuir a Pilar de Lara connivencia con cualquier partido político es eximirla del delirio que ella misma se autoinflingió como azote de corruptos, trituradora por la que pasaron todas las siglas, con idéntica falta de indicios. Desde luego que Besteiro, Orozco o Paco Rodríguez fueron víctimas de la juez, pero no por mandato de terceros. Decir lo contrario es alimentar una posverdad para que la mastiquen los propios. Ahora parecerá, incluso, que los fajos de billetes que cobraba el concejal socialista lucense Fernández Liñares en mordidas y le encontraron en el altillo fueron una 'fake news'...