El Gobierno cumple su amenaza e impugna la ley gallega de gestión del litoral

Gutiérrez ha detallado que el plazo para recurrir la norma «expiraba el 13 de octubre» y que se interpone «una vez escuchado al Consejo de Estado» y analizado el dictamen que este aprobó el 21 de septiembre, que avalaría la inconstitucionalidad de la norma gallega. «No existe ninguna duda en torno a ello en el dictamen», ha comentado la portavoz. La impugnación alcanza a una treintena de artículos, casi un 40% del texto legal.

«Galicia se atribuye competencias propias que no estaban previstas en su Estatuto», ha añadido, «incorpora de manera unilateral el mar al territorio de la Comunidad Autónoma», «invade competencias exclusivas de pesca en aguas exteriores» o «reduce la protección de los terrenos contiguos a la ribera del mar», aspecto este último en el que «las comunidades pueden ir siempre a un nivel superior de protección pero no inferior». El Gobierno reconoce que «hay algunas Comunidades que han asumido competencias en materia de costas», como «Cataluña, Andalucía, Canarias y Baleares», pero porque «así expresamente lo reconocen sus estatutos» de autonomía, pero «Galicia no lo ha reformado».

«La voluntad del Gobierno ha sido siempre en relación con la normativa de las Comunidades Autónomas ha sido el diálogo permanente», ha querido contextualizar, «podemos presumir de muchísimos acuerdos, 165 acuerdos totales en la pasada legislaturas y 15 acuerdos parciales», si bien «cuando se producen excepciones es obligación del Gobierno velar y defender el cumplimiento de la Constitución en todo el territorio, también en Galicia».

Tan pronto se conoció la decisión, el gobierno gallego trasladó su profundo malestar por la decisión del Ejecutivo central. En primer lugar, porque se ha esperado hasta casi el último día de plazo para impugnar la norma, sin que previamente se buscara un posible acuerdo a través de una comisión bilateral. «Buscan la confrontación», sostienen desde la Xunta. Tampoco se tiene noticia del dictamen del Consejo de Estado que avala el recurso, porque precisamente el Consultivo gallego consideraba que no había invasión alguna de competencias estatales.

La decisión del Gobierno provocó la indignación de la Xunta de Galicia pero no se puede decir que la cogiera por sorpresa. El presidente Alfonso Rueda ya deslizó esta posibilidad el lunes durante su intervención en el debate sobre el estado de la autonomía en el parlamento regional. Ya barruntaba con que el Ejecutivo central materializara su amenaza, como finalmente se ha producido. Este martes, tras reunirse con el ministro de Industria, Alfonso Rueda estalló. «Me parece una broma», denunció.

El presidente gallego reconoció que la ministra portavoz le había telefoneado para comunicarle la interposición del recurso. «No es una ley política sino de gestión de algo tan importante como es la costa de la Comunidad Autónoma con más kilómetros de costa de España», aseguró Rueda, «elaborada por especialistas en derecho administrativo y constitucional», hasta el punto que «hace unos días, en unas jornadas, un ex presidente del TC nos decía que no veía motivo de inconstitucionalidad y que había un respeto exquisito a la Constitución».

«Parece ser que la explicación es que el Gobierno tiene que salvaguardar el respeto y la vigencia de la Constitución en todo el territorio», ironizó el presidente gallego, «que esto se materialice con lo que estamos viendo y escuchando, con lo que intuímos –en velada referencia a las negociaciones del PSOE con los independentistas catalanes para la investidura de Pedro Sánchez– en un recurso a una Comunidad tan leal y respetuosa con la Constitución como Galicia me parece una broma». El celo gubernamental «se centra en Galicia para no tener que centrarse en otros sitios», criticó.

La indignación trae causa de lo que se considera un trato desigual entre territorios. Mientras que a Canarias se le reconoció esta competencia sobre la gestión de su franja litoral a través de comisión bilateral y un Real Decreto, a Galicia se le exigía que la solicitara al Congreso de los Diputados a través de una proposición de ley, lo que podría dilatar la tramitación más de un año.

La norma gallega se aprobó el pasado mes de julio en el legislativo autonómico sin votos en contra. Salió adelante con la mayoría absoluta del PP y la abstención de socialistas y nacionalistas, incorporando estos además casi el 40% de sus enmiendas al articulado. La postura del PSOE gallego con esta ley se ha movido entre la ambigüedad y la contradicción. Cuando la Xunta envió el anteproyecto de ley al Parlamento los socialistas no presentaron enmienda a la totalidad, conscientes del respaldo social y empresarial con que contaba la norma. En enero, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, calificó el texto como «casi una declaración de independencia», afirmación que ningún otro dirigente del PSdeG se ha atrevido a repetir. En una entrevista en ABC en julio de 2022, el actual secretario general del PSdeG, Valentín González Formoso, reconocía que «desde el punto de vista de solicitud de competencias urgentes, como la gestión del litoral, no hace falta la reforma del Estatuto», y vaticinaba que «al final imperará la sensibilidad del Gobierno con la sociedad gallega». Pero no ha sido así.