Barbón avala la política demográfica de la Xunta: «Aprendimos de Galicia»

Según los datos publicados el viernes por el IGE, en 2023 Galicia tuvo un saldo migratorio positivo de 25.738 personas, inferior en tan solo un 5,6% al del año inmediatamente anterior, en el que se batió el récord de la serie histórica. Un balance en el que ha tenido mucho que ver la estrategia Galicia Retorna, que busca promover el regreso de los gallegos de la diáspora y sus descendientes y contrarrestar así la crisis demográfica que afecta no solo al territorio, sino a todo el país y a gran parte de Europa. «Si no tomamos este tipo de medidas, seguiremos en declive demográfico«, aseveró al respecto el presidente gallego. Tanto Galicia como Asturias, continuó, tuvieron »la desgracia en su momento de ser tierras de emigración«, y ahora, eso se »convierte en una ventaja«: »Tenemos mucha gente con arraigo viviendo en muchos países que fueron destino de inmigrantes, que ahora miran hacia nuestras comunidades como un lugar para emigrar ellos«.

Una oportunidad que la Xunta aprovecha con su estrategia de retorno, por la que regresaron 30.000 personas en la primera fase. Ahora, además, la Administración ha puesto el foco en países como Ecuador, Colombia, Paraguay o Honduras, y ya ha avanzado su intención de pedir la competencia de permisos de trabajo, como tiene País Vasco, para «agilizar» el proceso cuando las personas no tienen la nacionalidad española y «ser más competitivos» dentro del país.

Medidas que no solo quedan avaladas por los datos, que año tras año demuestran su efectividad, sino también por otras comunidades, como es el caso de la vecina Asturias, que además de geografía y clima, comparte con Galicia el envejecimiento y la crisis demográfica. El Principado, expuso Barbón, «ha aprendido de Galicia en la cuestión demográfica», después de compartir experiencias con su homólogo gallego. «Asturias, en los últimos años, ha conseguido invertir la tendencia y, aunque sea tímidamente, estamos incrementando población respecto a lo que eran las previsiones«, celebró, recordando que los cálculos apuntaban a que, en 2020, la comunidad autónoma bajaría del millón de habitantes. »Hoy por hoy, en 2025, seguimos por encima«, destacó.

Ya en materia laboral, el socialista destacó la declaración de Proyectos de Industriales Estratégicos de la Xunta, de la que, repitió, Asturias también «aprendió» para la aprobación de su propia ley. En este aspecto, el presidente gallego se mostró contundente a la hora de defender que «Galicia no se va a perder una sola oportunidad de empresas que creen trabajo, que creen riqueza, siempre y cuando cumplan las normas». Este, dijo, es un «lujo» que la Comunidad no se puede permitir. Por eso, «frente a posturas demagógicas, e intereses políticos» y con proyectos como Altri o las minas de Touro o Beariz en el foco del escrutinio público, reiteró que su Ejecutivo hará «todo lo posible» para que las industrias que hay en el territorio se queden y que las que quieran venir, lo hagan en las mejores condiciones.

La vivienda fue otro de los bloques del encuentro, cuestión en la que ambos presidentes defienden la colaboración público-privada. En el caso asturiano, Barbón puso en valor el papel de los ayuntamientos, que también tienen «una responsabilidad» en la materia y pueden promocionar vivienda pública, como hace, en su caso, el de Avilés. En Galicia, en cambio, los concellos «han decidido que es una competencia autonómica«, destacó Rueda, si bien se mostró »satisfecho« con el nivel de colaboración que muestran para ceder suelo a lo largo del territorio independientemente de su color político.

No coincidieron, en cambio, en la aplicación de la Ley de Vivienda y la declaración de zonas tensionadas. Ambos aseguraron que respetarán la norma estatal, pero Rueda se mostró muy crítico con su efectividad y recordó que en Galicia tan solo ha pedido la declaración la ciudad de La Coruña, y esta misma semana: «Por algo será», aseveró. Barbón, al contrario, dijo «tener ganas» de aplicarlas para ver «su impacto en el mercado».

Otro de los bloques del debate fue la dependencia, ámbito en el que las dos regiones, con una población muy envejecida y un alto grado de dispersión demográfica, tienen una posición común, plasmada ya en la Declaración de Santiago: se tiene que tener en cuenta no solo el envejecimiento (población mayor de 65 años) sino el sobreenvejecimiento (mayor de 85) a la hora de calcular el coste efectivo de los servicios. El Gobierno, coincidieron, tiene que aportar más financiación para prestar estos servicios.

Precisamente, la financiación fue el otro gran tema abordado este viernes por los dos presidentes autonómicos, que ya en el último encuentro, celebrado a finales de 2024, coincidieron en que, en general, todas las comunidades están infrafinanciadas. Galicia, expuso Rueda, necesita unos 550 millones de euros a mayores para poder prestar sus servicios, y Asturias, señaló Barbón, unos 250. La propia Declaración de Santiago, recordaron –en la que firmaron tanto sus autonomías como otras seis de toda España– reclama que no se tenga en cuenta el número de habitantes, sino el coste real de los servicios que puede implicar, por ejemplo, tener una escuela en el rural con una decena de alumnos o concellos con muy poca población.

Pero en esta ocasión, sobre la mesa estuvo la condonación de la deuda, aspecto en el Barbón y Rueda se mostraron totalmente en desacuerdo, manteniendo, eso sí, el buen todo que caracteriza a estos encuentros. Galicia, explicó el presidente la Xunta, no forma parte de ningún «frente común», y vería con buenos ojos las quita si no fuese un «negocio ruinoso» para la Comunidad y los gallegos, que verían aumentada su deuda per cápita. Pero para él, el mayor problema es que el Gobierno intente de este modo no reformar el sistema de financiación, algo que, reiteró, debe negociarse entre todas las autonomías. Barbón, por su parte, insistió en que aceptará la quita, que en el caso de Asturias es de 1.508 millones de euros, lo que permitirá al Principado volver a los niveles de deuda previos a la crisis del 2008.