Industria
La importancia de triangular la venta de Alcoa
Los trabajadores insisten en que el Estado compre temporalmente la factoría para evitar que suceda lo mismo que en La Coruña y Avilés, intervenidas judicialmente
Concentración por el futuro de la planta de Alcoa en A Mariña, la semana pasada en Xove (Lugo)
Hace poco más de un año, la noticia caía como un jarro de agua fría en A Mariña lucense. Alcoa anunciaba un ERE que supondría la desaparición de la principal factoría de la provincia y el despido de 534 trabajadores directos y hasta 450 de ... las auxiliares. Tras incontables movilizaciones, reuniones entre las partes o la aparición de inversores interesados en la planta de aluminio, el conflicto sigue atascado. El último escollo se cierne sobre el papel que jugará el Estado. El 22 de enero el Gobierno se comprometía a nacionalizar la planta de forma temporal para traspasarla después al Grupo británico Liberty House, pero en las últimas semanas el Ministerio de Industria parece haber cambiado de opinión e insiste en que Alcoa debe vender directamente. Los trabajadores llevan tiempo insistiendo en la importancia de «triangular la venta» , una condición que también exige Alcoa.
El proceso pasaría por la firma en acto único -al mismo tiempo- de la transmisión a la SEPI y, después, a la nueva empresa que se encargará la fábrica. De este modo, la factoría nunca llegaría a ser gestionada por el Estado. Pero Alcoa se libraría si el nuevo inversor decidiese poner alguna denuncia futura por el estado de la planta, dado que no se la habría vendido directamente. El comité de empresa entiende que este es el único modo de evitar que en San Cibrao se repita la historia de La Coruña y Avilés. La multinacional estadounidense traspasó ambas factorías al fondo de inversión suizo Parter por un euro. Poco después las vendieron por 16 millones al Grupo Riesgo.
La Audiencia Nacional está investigando la operación ante la sospecha de que Riesgo podría estar desmantelando la factoría de forma fraudulenta. Se teme que haya comprado ambas plantas para vender todo lo posible, hacer caja, ir a la quiebra y abandonar a su suerte a los trabajadores. La causa, que sigue abierta y bajo secreto de sumario, acarreó la entrada de agentes de policía de la UDEF en las factorías gallega y asturiana, la detención de algunos responsables y testaferros del Grupo Riesgo y, finalmente, la intervención judicial de las factorías de aluminio. Alcoa figura igualmente como investigada en el proceso. La Policía también registró la oficina de la multinacional estadounidense en Madrid.
Pese al resultado, el proceso de venta de las plantas de La Coruña y Avilés también estuvo tutelado por el Ministerio de Industria. De hecho, en las semanas finales, el acuerdo se complicó porque Alcoa exigía a los comités de empresa diesen el visto bueno a la venta. «Si lo intentan para avalar su compraventa y que luego no haya posibles denuncias o que, aun incumpliendo el acuerdo, no se pueda hacer nada, que se olviden», se quejaba entonces el presidente del comité de empresa de Avilés, José Manuel Gómez de la Uz. Aunque se mantuvieron firmes y no firmaron el documento, la operación acabó en fiasco.
Cambio de estrategia
El pasado 22 de enero, el Gobierno central aceptaba comprar la factoría de San Cibrao para traspasarla al grupo Liberty House, después de que los británicos y los estadounidenses no hubiesen sido capaces de cerrar una venta directa. A priori, el conglomerado de Sanjeev Gupta parece un mejor candidato que Parter, al contar con amplia experiencia en el sector del aluminio. Pero el plazo de tres meses para llegar a un acuerdo con la SEPI terminó con el Ministerio de Industria cambiando de estrategia y pidiendo a Alcoa que negocie con los inversores interesados. Además de Liberty, han aparecido otros cinco candidatos .
Esta semana se celebró una nueva mesa multilateral para tratar de desatascar el conflicto. Alcoa insiste en que sólo venderá a la SEPI mientras el Gobierno lo contempla. « No es necesaria la triangulación ni la intermediación del Gobierno », aseveró tras el encuentro el secretario general de Industria, Raúl Blanco. Según explicó la CIG, durante la reunión, Blanco afirmó que la SEPI «intervendrá sólo al final del proceso si tiene que intervenir», mientras el presidente de Alcoa en España, Álvaro Dorado, aseveró que «no va a existir venta directa a ninguna empresa». Para la CIG, «tanto Alcoa, con su inflexibilidad, como el Gobierno, que se desdice al no clarificar si acepta la intervención de la SEPI, están conduciéndonos a una calle sin salida».