La Audiencia juzga la venta de las plantas de Alcoa en Coruña y Avilés

La vista, que se celebrará en la sala de lo social, corre paralela al otro proceso judicial abierto en la Audiencia Nacional sobre Alu Ibérica, en este caso en el juzgado de instrucción que dirige María Tardón. La denuncia, que partió del sindicato Confederación de Cuadros y Profesionales (CCP), ha abocado por el momento a la intervención judicial de las factorías. La jueza investiga si los actuales propietarios podrían estar desmantelando las fábricas de forma fraudulenta vendiendo todo aquello que puedan para después abocarla al concurso de acreedores. Fuentes del Grupo Riesgo desmienten que esas sean sus intenciones y afirman que pretenden «mantener los empleos».

En 2019, Alcoa vendió por un euro a Parter Capital las plantas que tenía en Avilés y La Coruña, después de un largo proceso tutelado por las Administraciones, que arrancó a finales de 2018 cuando la multinacional estadounidense anunció su intención de cerrarlas y despedir a la plantilla a través de un ERE. Sin embargo, pese a haberse comprometido a mantener el empleo durante dos años y a renovar los centros de producción de aluminio, Parter Capital no tardó en desprenderse del 75% de las plantas de Alcoa, que fueron adquiridas por el Grupo Industrial Riesgo por 16 millones de euros. Desde entonces, los trabajadores se encuentran prácticamente sin actividad y temen que en junio de 2021 vuelvan a asomarse al abismo de los despidos.

«Los trabajadores firmamos con Alcoa ese acuerdo que ponía fin al ERE y ha sido vulnerado por todos los sitios», afirma el presidente del comité de empresa de La Coruña, Juan Carlos López Corbacho. «Sin ir más lejos, Parter vendió las plantas aunque estaba prohibido en el acuerdo», ejemplifica . Por este motivo, esperan que la Justicia les de la razón y anule todo el proceso de venta. La plantilla pretende que ambas factorías vuelvan a ser propiedad de Alcoa para que posteriormente sean intervenidas por la SEPI para que puedan tener futuro. Pero la decisión está en manos de la Audiencia Nacional.

Desde el Grupo Riesgo, sin embargo, confían en que durante la vista por el conflicto laboral, la dirección actual de Alu Ibérica «demostrará sus esfuerzos por hacer viables las plantas de La Coruña y Avilés». La empresa asegura que «servirá para documentar y poner en valor la gestión correcta que se está haciendo de las factorías de aluminio». Fuentes de la compañía explican que la pretensión de los trabajadores es lograr recuperar las ventajosas condiciones de despido que ofrecía Alcoa en el ERE de 2008, con unas indemnizaciones de 60 días por año trabajado. Pero aseguran que esas condiciones quedaron anuladas en el momento en que se renunció a los despidos y se dio visto bueno a la venta de las factorías.

Los actuales propietarios llevan tiempo culpando de la situación a través de diferentes comunicados de prensa a los sindicatos . «Grupo Industrial Riesgo, actual propietario de Alu Ibérica, comenzó la gestión de las plantas en abril de 2020 y desde el inicio y de manera injustificada tuvo siempre en contra a los comités de empresa», afirma la nota remitida ayer. «Las escasas reuniones con los comités fueron siempre hostiles y de una dureza verbal inimaginable. Nunca quisieron escuchar el diseño de nuestro plan industrial, ni el compromiso que íbamos a cumplir con toda la plantilla. Han provocado un ambiente en las fábricas preocupante», sostiene la dirección.