El Gobierno acepta la petición gallega de bajar costes a industrias como Alcoa

Como había anunciado el día anterior en el Parlamento, Feijóo planteó en la reunión la necesidad de que la industria que consume gran cantidad de energía cuente con una tarifa estable. El elevado coste de la electricidad y los continuos cambios en el sistema de interrumpibilidad —las compensaciones que otorga el Gobierno a estas empresas por parar su producción si existe alta demanda eléctrica en España— amenaza no solo la supervivencia de Alcoa en La Coruña y Avilés. También hay preocupación por el futuro de la factoría de Cervo y a otras industrias electrointensivas gallegas. Para la Xunta el compromiso de buscar un marco energético estable es el principal logro de la reunión mantenida esta tarde. «Hay miles de puestos de trabajo que dependen de esta industria», aseguró ayer Feijóo, citando expresamente la factoría de Cervo.

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Maroto no desveló los detalles del paquete de medidas. Avanzó que será «transversal, junto a otros ministerios», y que buscará «garantizar la industria electrointensiva en nuestro país». Al margen de soluciones a medio plazo, el Gobierno también recordó que en breve activará la próxima subasta de interrumpibilidad, algo que ya había avanzado. Además insistió en que se va a desbloquear la partida de 150 millones de euros, que fue incluida en los Presupuestos General del Estado (PGE) para 2018 para compensar a la industria electrointensiva por los costes que soporta por emisiones de dióxido de carbono (CO2), el principal gas responsable del cambio climático. Maroto se comprometió a tener ambas medidas encima de la mesa antes de que finalice el año. El objetivo de estas iniciativas, subrayó la titular de Industria, es «dar seguridad jurídica a toda esta industria del país en un momento en que el coste de la energía ha repuntado y dar la señal de que vamos a trabajar por este sector».

Los participantes en el encuentro acordaron también mostrar su rechazo al ERE de extinción planteado por Alcoa, por el que podrían perder su trabajo casi 700 empleados asturianos y gallegos. Las tres administraciones presentes —central, autonómica y local— acordaron unidad de acción para pedirle a Alcoa la retirada de los despidos. Además pactaron la creación de una mesa de trabajo en la que estén presentes las administraciones, los sindicatos y la empresa. Éste sería el órgano en el que intentar buscar soluciones para evitar el cierre de las factorías. La ministra indicó que la creación de esta mesa se abordará «en los próximos días», en paralelo a la retirada del ERE extintivo, y tendrá por objetivo «plantear propuestas y conocer las alternativas a explorar para que las plantas no se cierren». Maroto subrayó que la urgencia de la formación de esta mesa «es máxima», ya que el periodo de negociación del ERE se abrió por la compañía y se deberían estar buscando soluciones para las plantas. «Estamos en una contrarreloj, toda vez que el ERE presentado por Alcoa comenzó a finales de octubre», coincidió también el presidente autonómico.

De momento, la multinacional norteamericana no ha dado muestras de dar marcha atrás en sus planes de cierre. Alcoa trasladó su decisión de cerrar las plantas el pasado 17 de octubre. Pero en esta ocasión, ya había amenazado con clausurar las fábricas en 2014, la empresa no sólo apeló a los altos costes de la energía sino también a problemas estructurales que se traducían en menor capacidad de producción y una tecnología poco eficiente. La semana pasada deberían haberse iniciado las negociaciones del ERE, pero los comités de empresa de La Coruña y Avilés han dado plantón a la empresa. Su estrategia pasa por ganar tiempo intentando tumbar el expediente de regulación de empleo en los tribunales al entender que no ha sido correctamente presentado.

Pese a las llamadas a la unidad de acción, continúan los reproches. El delegado del Gobierno en Galicia, Javier Losada, recordó ayer al presidente de la Xunta que el Gobierno del PP «no hizo nada» cuando él mismo le solicitó cuando era senador la necesidad de un marco energético estable para las electrointensivas. El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, denunció « cierta pasividad» en el Gobierno central.