Los escenarios de Alcoa

Tarifa eléctrica

El paso obligado

A pesar de que la empresa ha alegado un cúmulo de variables que han llevado a las plantas de La Coruña y Avilés a no ser competitivas —el precio de la bauxita, la sobreproducción china de aluminio o la obsolescencia de las factorías derivada de la falta de inversiones—, desde la Xunta, el Principado y los sindicatos se mantiene la firme convicción de que la condición inexcusable para que Alcoa siquiera se plantee negociar pasa por que el Gobierno aclare cuál será el marco tarifario de la energía en 2019 al que se acogerán las empresas electrointensivas. La subasta de interrumpibilidad del próximo año todavía no está convocada.

Dado que este sistema le estaba resultando insuficiente a Alcoa en las últimas pujas —a pesar de que a través del mismo había obtenido mil millones en subvenciones encubiertas durante la última década—, el anterior Gobierno de Mariano Rajoy introdujo una variable complementaria vinculada a la emisiones de CO2 que complementaba la prima a recibir por las electrointensivas, y que además había obtenido el visto bueno de Bruselas . Esta era una partida de 150 millones de euros incluida en el Presupuesto del Estado para este año, correspondiente a los ejercicios 2016 y 2017, pero que el cambio de Gobierno dejó en el limbo de la inejecución. De hecho, la ministra de Industria Reyes Maroto reconoció este viernes desde Pekín que están trabajando para poder desarrollarla y ejecutarla cuanto antes. Solo aclarado el escenario tarifario se abre una ventana de oportunidad para negociar todo lo demás.

Compromiso de empresa

¿Se puede fijar?

El grueso de la indignación de la opinión pública de los últimos días procedía de saber que Alcoa había sido una gran beneficiaria de las primas por interrumpibilidad sin que ello le obligara a mantener compromiso alguno con su permanencia en España. Lo aún más paradójico es que la interrumpibilidad, sistema que solicita a las empresas que detengan su consumo eléctrico en caso de picos de consumo de la red, se cobra haya o no necesidad de que las electrointensivas tengan que detener su actividad. Es decir, la mera disponibilidad ya genera derecho a cobrarla.

Y aunque los datos de la interrumpibilidad se mantienen bajo una opaca confidencialidad, la sospecha de los poderes públicos es que no ha habido necesidad de parón en los últimos años. Esto es, Alcoa (y otras) se lo han llevado crudo con cargo al resto de usuarios del sistema eléctrico: industria y hogares. Esta disponibilidad ya eran una contrapartida por parte de la empresa, por lo que plantear una reclamación de las cantidades cobradas —como exigen fuerzas como En Marea— se antoja imposible.

Ahora bien, tal y como expuso veladamente el conselleiro de Economía, Francisco Conde, en el Parlamento el pasado miércoles, la partida presupuestaria por las emisiones de CO2 sí puede establecer condiciones a las empresas que quieran acceder a sus prestaciones, y es aquí donde se puede incorporar una obligación para mantener la actividad y el empleo o realizar inversiones de modernización. Pero de nuevo, es competencia exclusiva del Estado.

¿Una tarifa gallega?

La entelequia nacionalista

En mitad del debate sobre el marco tarifario para Alcoa, el BNG y su brazo sindical CIG han vuelto a desempolvar una vieja reclamación envuelta en un populismo económico: un territorio generador de energía y que la exporta al resto de España merece una tarifa eléctrica propia más barata. Y como supuesto ejemplo de la viabilidad de la propuesta, la «tarifa eléctriva» de la industria vasca . Pero ni una cosa ni la otra son ciertas.

«El BNG sabe que la tarifa eléctrica es ilegal y 300 millones de euros más cara que el sistema actual», afirmó Conde en el Parlamento, «y no lo dice el gobierno, hubo una comisión donde vinieron expertos independientes, conocedores del sistema eléctrico español y europeeo, y todos por unanimidad, salvo los ponentes del BNG, dijeron que esa propuesta es inconstitucional y más cara para la economía de las familias ».

El País Vasco no goza de una tarifa especial para su industria, sino que este territorio abona un peaje de acceso a la red más costoso (el 6.1b) que el de la mayoría de comunidades autónomas (el 6.2). Los vascos acceden a la red de nivel de tensión 30 kilovoltios por los 45 o 66 del resto del sistema, y eso encarece la factura . De ahí que el PNV reclame insistentemente compensaciones para su industria, pero lo cierto es que entre las beneficiarias hay más de 1.200 empresas de seis autonomías —entre ellas Galicia—. No hay por tanto trato de favor a nadie sino la corrección de una injusticia histórica.

Expropiación o venta

Escenarios improbables

Lo planteó públicamente el miércoles en el Parlamento el portavoz de En Marea y juez en excedencia Luís Villares. «La Constitución Española permite la intervención de empresas cuando lo justifique el interés general, y el mantenimiento del empleo bien lo justifica». Un sector del comité de empresa trasladó incluso la petición al delegado del Gobierno en Galicia al día siguiente. La expropiación o nacionalización de las dos plantas es un escenario que los poderes públicos no se han planteado en ningún momento por varias razones. Si lo que se pretende es recuperar las dos plantas amenazadas, ¿cómo podría reaccionar Alcoa con la tercera que mantiene en España, la de San Cibrao? ¿Rescatar La Coruña y Avilés pondría en peligro a la planta lucense? Estos supuestos son abiertamente descartados desde la Xunta.

No obstante, sí contemplarían la posibilidad (remota) de que Alcoa pudiera vender las centrales, aunque no niegan que sería fortalecer a un hipotético competidor en el mercado del aluminio . Sin entrar en mucha hondura porque el objetivo central en el que se trabaja es en la permanencia de Alcoa, los interlocutores consultados verían díficilmente encajable que la aluminera cerrara las plantas y las dejara languidecer. Ahí el Estado sí podría establecer mecanismos de presión para que accediera a su venta. El martes en el Ministerio, Alcoa dijo que si no las ha vendido es «porque no encontró un comprador de confianza».

¿Anuncio sorpresa?

Para Gobierno sí; para la Xunta no

La ministra de Industria no ocultó su sorpresa por el anuncio del ERE de Alcoa porque en el diálogo que se mantenía con la empresa tras el cambio de Gobierno no había sido una posibilidad que se comentara. Pero desde la Xunta no coinciden en que la multinacional no mandara señales sobre su malestar por la incertidumbre con que se estaba gestionando el mercado energético español. En la interlocución esporádica que gobierno gallego y empresa habían venido manteniendo en los últimos meses, ya se dejó ver la inquietud por la inacción del nuevo Ejecutivo. Pero este no debió captar bien el mensaje.