El clamor de las «otras Alcoa»

La reivindicación es compartida por la patronal del sector. Hace un mes la Asociación de Empresas de Gran Consumo de Energía (AEGE) alertaba de que los precios eléctricos en el mercado diario estaban en los niveles más altos de los últimos diez años. De mantenerse en el tiempo, avisaban, estas industrias verían «amenazado su futuro». AEGE reclama un cambio de modelo que iguale las condiciones del suministro eléctrico con las de Alemania o Francia, sus principales competidores. Según sus cálculos, durante el año pasado las industrias asociadas en España tuvieron un sobrecoste estimado de 450 millones de euros con respecto a Alemania.

«Ninguna empresa electrointensiva está libre de un problema», considera Carlos Bascoy, presidente del comité de empresa de Megasa. Sin embargo, Bascoy cree que la situación de la factoría de Narón no es actualmente la más preocupante. En 2013 la plantilla también sufrió la amenaza de cierre. A la carestía eléctrica se sumó la debacle del sector de la construcción al que va destinado su producción. La fábrica no se clausuró, pero a través de un plan de jubilaciones se deshizo del 43% de su personal y ajustó su producción a la mitad. A pesar de formar parte de las empresas electrointensivas, Megasa no consume tampoco tanta energía como Alcoa, donde el 40% de sus costes van a pagar la luz. «Nuestro porcentaje no es tan elevado. Andamos por un 20-25%», explica el presidente del comité de empresa.

En Ferroatlántica sí hay un mayor temor a un posible cierre. «Somos el fiel reflejo de los grandes consumidores», apunta Juan Villar, miembro del comité de empresa. La factura eléctrica supone el 40-45% de los costes de las dos plantas de la compañía en Cee-Dumbria y Sabón (La Coruña) que dan empleo a unas 450 personas. Además, desde que el grupo Villar Mir se fusionó con la norteamericana Globe para crear Ferroglobe los centros de decisión se encuentran lejos de Galicia. «Nosotros no podemos competir con las plantas de nuestro propio grupo en Francia o EEUU . Allí pagan el megavatio hora a 21 euros y nosotros a 50», explica Villar.

Los 150 empleados de Celsa Atlantic también tienen miedo a perder sus puestos de trabajo si los precios de la electricidad no se estabilizan. La factoría de A Laracha se dedica a la producción de acero, pero el proceso que mayor energía consume, la fundición, se realiza en una planta del mismo grupo en Bayona, Francia. A Celsa, de capital catalán, le resulta más rentable transportarlo hasta la localidad coruñesa que realizar todo el ciclo en Galicia. «El Gobierno francés le ha dado todo tipo de facilidades para que Celsa traslade allí también el tren de laminación. En 2020 va a estar funcionando y podrían decidir irse de aquí», subraya el presidente del comité de empresa, Agustín Méndez. Desde 2007 la factoría arrastra problemas de empleo y en 2015 hubo 35 despidos.

«España tiene que tener claro lo que quiere, si quiere turismo y precariedad o quiere industria y empleo estable y además tiene que atreverse con las eléctricas», reflexiona Carlos Bascoy, presidente del comité de Megasa. «Hay un problema grande energético que lo que aboca es a la gran industria a deslocalizarse y no invertir aquí. Es necesario un pacto de Estado, que permita unos costes energéticos competitivos en todo el mundo», subraya. «El gobierno tiene que darse cuenta de que la industria está en peligro de extinción», coincide Juan Villar, de Ferroatlántica. El presidente del comité de Celsa Atlantic, Agustín Méndez , también advierte de que «el sector industrial en Galicia es muy precario» y considera que sería necesaria una tarifa específica para la industria que lo ayude a salir de la cuerda floja.

Desde que en 2009 la Unión Europea prohibió las tarifas especiales que España ofrecía a las grandes consumidoras de energía por atentar contra la competencia, las empresas ven compensado su gasto por el denominado servicio de interrumpibilidad. La idea subyacente es que en los periodos en que la demanda eléctrica es muy alta estas fábricas se comprometen a reducir drásticamente su consumo para permitir que la luz llegue a todos los hogares. Pero en los últimos años, aunque recibieron compensaciones millonarias — Alcoa, por ejemplo obtuvo unos mil millones en la última década — no ha sido necesario que paren su producción. Desde los sindicatos, reconocen que el sistema funciona como una ayuda encubierta, pero censuran que el Gobierno cambia constantemente las reglas del juego y no ofrezca un marco estable a las empresas. Ahora, indican, las subastas vuelven a estar en entredicho por la UNE y habrá que buscar otro sistema.

Los comités de empresa de las fábricas electrointensivas gallegas demandan al Gobierno que tome medidas. Recuerdan que la factura de la luz es mucho más barata en otros países europeos, y que también han sido capaces de otorgar facilidades a sus industrias para abaratar sus costes y lograr mantener el empleo. Solidarizados con la lucha de sus compañeros de Alcoa, los sindicatos esperan que el problema no se arregle con un «nuevo parche».