El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, este miércoles en el Parlamento
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, este miércoles en el Parlamento - EFE
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Feijóo pedirá al Gobierno una tarifa a cinco años para salvar las plantas de Alcoa

El presidente de la Xunta se lo comunicará este jueves a las ministras de Industria y Transición Energética en una reunión junto al asturiano Javier Fernández

Santiago Actualizado: Guardar
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Soluciones y no culpables. Es el espíritu con el que la Xunta afronta el anuncio de cierre de las plantas de Alcoa en La Coruña y Avilés: una espada de Damócles que pende sobre las cabezas de setecientos trabajadores. En una reunión que tendrá lugar mañana en Madrid, Alberto Núñez Feijóo propondrá al Gobierno la implantación de una tarifa que se mantenga «como mínimo» durante cinco años. La medida persigue neutralizar algunos de los «argumentos torticeros» que según el mandatario emplea la empresa norteamericana. El principal: el elevado –e imprevisible— precio de la energía.

Desde el «shock» del anuncio Galicia ha venido reclamando una mayor estabilidad para los sectores electrointensivos. Este miércoles el presidente gallego ha sustanciado esa petición. Aprovechará su cita (16.30 h) con las ministras de Industria, Reyes Maroto, y Transición Energética, Teresa Ribera, para plantear una hoja de ruta común. «Tenemos que competir con Alemania, Francia o Noriega», ha asegurado Feijóo, «y tenemos que competir con países asiáticos que tienen el precio de la energía regalado».

Por un lado, defenderá un marco a medio plazo sobre la interrumpibilidad –las primas que paga el Estado por el ‘apagón’ puntual de algunas empresas—, y en segundo lugar, solicitará el desbloqueo de los 150 millones consignados para esos bonus.

El caso Alcoa ha ocupado buena parte de la sesión de control en el Parlamento. «Hay que decirlo bien claro: Alcoa no se cierra», ha proclamado la líder del BNG, Ana Pontón. Los nacionalistas han lamentado que la Xunta que no convocara a los partidos y a los sindicatos para trazar una «postura de país» que ponga fin a un ERE «ilegal». La del Bloque tiene tres patas: «un compromiso claro con la producción y el empleo en La Coruña, con o sin Alcoa», «una tarifa para las electrointensivas que tenga retorno social» y que el Gobierno baraje un «rescate» de la planta coruñesa a través de la SEPI. «Es una propuesta legal y necesaria que debería defender ante la ministra», ha expuesto Pontón, que ha llegado a equiparar el contexto con la intervención pública de las cajas y las autopistas radiales madrileñas.

Pero para Feijóo el rescate tiene una cara B: Alcoa no solo mantiene una factoría en La Coruña. Su otra sede, la de San Cibrao (Lugo), vincula a más de 1.200 empleos. «Deberíamos matizar determinados planteamientos», ha atemperado el popular, que tampoco ha consentido las acusaciones de actuar en solitario. «Yo mismo me reuní con el comité de empresa». También ha recordado la declaración aprobada por unanimidad en el Parlamento, a propuesta del PP, a favor de la continuidad de la firma.

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo autonómico ha lamentado que el Gobierno no hiciera caso a las alertas de la Xunta por la «falta de concreción» de la interrumpibilidad y ha denunciado que el discurso del sanchismo, con su rechazo a agotar la vida útil de la centrales nucleares o con su apuesta por las primas a renovables, acaban desembocando en nuevas subidas de la factura eléctrica.