El fondo que compró las plantas de Alcoa ya tenía condenas en Francia por quebrar empresas

«El grupo Parter Capital y sus gestores operan desde hace varios años en Francia, Portugal y Alemania y se han hecho cargo de empresas de las que despojan de sus últimos activos antes de declararse en quiebra» , explica el abogado francés Michel Henry, que defendió a los trabajadores de Arjowiggins. «Están siendo procesados penalmente en Alemania y han recibido al menos dos condenas definitivas por quiebra fraudulentas por parte del Tribunal de Apelación de Versalles», prosigue.

Nadie pareció comprobar los antecedentes de Parter antes de dejar en sus manos las plantas de La Coruña y Avilés . En la nota de prensa en la que informó del acuerdo de venta, Alcoa presentó al fondo como un grupo de inversión que se ha «especializado con éxito» en la adquisición de compañías que «se enfrentan a situaciones complejas». El objetivo de Parter, apuntó, es «realinear estratégicamente las empresas adquiridas y llevarlas a un crecimiento sostenible». Nada de eso ocurrió en La Coruña y Avilés. Los responsables del fondo, con su socio director Rüdiger Terhorst a la cabeza, prometieron a los trabajadores y a las administraciones que iban a «construir un futuro positivo y duradero». Durante dos años se comprometían a mantener el empleo y a no desprenderse de los activos.

Pero apenas mes y medio después ya estaban negociando con el Grupo Riesgo para deshacerse del 75% de las acciones. El traspaso se culminó en abril de 2020. Parter, que había comprado las factorías por un simbólico euro, se embolsó 13 millones . El nuevo comprador ni siquiera puso un euro de su bolsillo. El dinero salió de los propios fondos de las plantas, rebautizadas como Alu Ibérica. La Audiencia Nacional mantiene abierta una investigación penal por la que, tras ser detenidos y puestos en libertad con cargos, ha apartado de la gestión al Grupo Riesgo. En la causa, Parter figura también como investigado y la jueza ha reclamado ya la devolución de los 13 millones de euros.

El modus operandi de Parter en La Coruña y Avilés ya había sido ensayado con anterioridad. Sus prácticas son las habituales de los fondos buitre. En 2017, el Tribunal Comercial de Versalles condenó al fondo en una sentencia posteriormente ratificada por el Tribunal de Apelación de la ciudad. Seis años antes, a través de una de sus filiales, había comprado también por un euro la empresa Thomson Broadcast, dedicada a desarrollar, integrar, probar e instalar transmisores de radio y televisión. En año y medio entró en liquidación judicial. Según la sentencia, el Ministerio público francés acusó al fondo de «errores en la gestión que podrían calificarse de apropiación indebida de bienes».

Parter se dedicó a desmantelar la empresa para quedarse con los activos que le interesaban y después mandarla al concurso de acreedores. Además, el tribunal explica que creó un entramado de sociedades pantalla para intentar fingir que no estaba detrás de la gestión real del negocio y librarse de las consecuencias legales. La Justicia francesa, que abrió también una investigación penal sobre el caso, lo consideró culpable de la insuficiencia de fondos que hizo fracasar a la empresa. El Tribunal de Apelación de Versalles rebajó un poco la pena inicial, pero obligó a Parter y a sus socios a desembolsar 3,5 millones.

La historia de Arjowiggins Security Company es similar. Desde el siglo XVI funcionaba en Jouy-sur-Morin, una población de la región parisina, una fábrica dedicada a la producción de papel para billetes que trabajaba para bancos centrales de varios países. La empresa atravesaba problemas y en 2018, pasó a manos de Parter a través de la misma sociedad que usó para comprar las plantas de La Coruña y Avilés, Blue Motion Tecnologies. Al igual que con las factorías de Alcoa, el fondo no pagó nada por la planta. Es más, recibió unos 17 millones de euros por parte del comprador. En España, la multinacional del aluminio también puso dinero encima de la mesa. De ese modo se ahorraba las indemnizaciones por despido de los trabajadores y el coste de desmantelar la fábrica.

Según relata el abogado Michel Henry, a principios de 2018 Arjowiggins tenía dinero en caja, pero a partir de ese momento «consumirá este efectivo con un descuido increíble en la gestión del negocio» . Henry pone ejemplos. La fábrica había producido para el Banco Central de Filipinas papel por valor de 14.7 millones de euros. En el sector, explica, cuando se gana una licitación la empresa debe emitir garantías bancarias que permitan la liberación de pagos. Henry asegura que el socio director de Parter, Rüdiger Terhorst, era consciente de esta práctica y se comprometió personalmente ante los trabajadores a liberar esas garantías. Pero luego no lo hizo. Tampoco pagó a los transportistas que retuvieron la mercancía en el puerto de Manila y la fábrica francesa no llegó a cobrar por su producto.

«Esta mala gestión se vio agravada por lo que parece ser un hundimiento deliberado de la empresa cuando sus líderes alemanes y suizos descuidaron deliberadamente financiar los bonos cuando aún tenían efectivo», prosigue el abogado. A partir de agosto de 2018, los gerentes dejaron de pagar a los transportistas, el alquiler de equipos e instalaciones, la mutua del personal e incluso los teléfonos móviles de los empleados.

Ante esta situación, el propio ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, remitió una carta a los responsables de Parter reprochándoles sus prácticas . «Su negativa a contribuir a cualquier financiación en esta etapa es irresponsable y compromete directamente alrededor de 250 puestos de trabajo», decía en la misiva el ministro. El Estado francés había respaldado la venta de Arjowiggins otorgando una exención de deuda. En el momento de la compra, Parter se comprometió a no recibir fondos de la empresa, más allá de un tope de 150.000 euros al año. Sin embargo, Henry indica que Blue Motion Parter Group, sus socios Capital Gramax y sus ejecutivos se llevaron honorarios y comisiones por aproximadamente 1,7 millones .

Los problemas de Arjowiggins habían sido recogidos por la prensa francesa ya antes del desembarco de Parter en las plantas de aluminio españolas. Las resoluciones judiciales llegaron después. El Conseil de Prud’Hommes de la ciudad francesa de Meaux dictaminó en mayo de este año conceder el despido improcedente a los trabajadores de la fábrica de papel. En la sentencia, a la que ha tenido acceso ABC, se reconoce que no es posible alegar causas económicas cuando hubo una mala gestión por parte del empleador . Sin embargo, el juez desestima la demanda de apropiación indebida por no ser un asunto de su competencia. «El fiscal de Nanterre me confirmó que se iniciaría un proceso penal contra los dirigentes de Parter Capital», indica Henry.

Los trabajadores de Arjowiggins han perdido ya sus empleos, los de La Coruña y Avilés llevan dos meses de retraso en el pago de sus salarios y, si nadie lo remedia, Alu Ibérica va también camino del concurso de acreedores.