Los funcionarios municipales alertan de que la cesión a la Generalitat aumentará su indefensión

La transferencia a Illa, pedida por Puigdemont y Junqueras en 2024, romperá un cuerpo público nacional fundamental

Junts y ERC exigen el control de interventores y secretarios locales

Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña, ayer, acompañado de sus consejeros autonómicos antes de la reunión ordinaria semanal del Govern EFE

Daniel Tercero

Barcelona

26/02/2025
Actualizado a las 04:20h.

Entre las grandes cifras con que el Gobierno, la Generalitat y ERC inundaron los titulares de prensa del lunes (17.104 millones de euros condonados a la administración catalana, 83.252 millones de quita para todas las autonomías, aumento en 5.000 agentes el cuerpo de los Mossos d'Esquadra…) ... pasó casi desapercibida una cesión que será una nueva herramienta para los independentistas en caso de un hipotético nuevo pulso al Estado de Derecho. Se trata de la transferencia de los secretarios, los interventores y los tesoreros de los ayuntamientos, que serán seleccionados, formados, nombrados y asignados por el Govern manteniendo la habilitación nacional.

Esta iniciativa, reclamada por Junts y ERC en abril de 2024 y consumada esta semana en la Comisión Bilateral, rompe este cuerpo de funcionarios, generará desigualdades, no solucionará los problemas para acceder a estas plazas de habilitados nacionales y aumentará la indefensión de los funcionarios ante el poder político regional, según varias asociaciones del sector público consultadas por ABC.

La decisión es política. Así se resume la valoración que se hace desde Cosital y Apsital, así como desde Csif e Impulso Ciudadano. La polémica está servida y el riesgo a futuro es alto. Lo saben en el Gobierno y en la Generalitat. Por eso trataron de manera diferente, el lunes, la comunicación del pacto: el Ejecutivo del PSOE, escondiendo la referencia directa de la cesión de los funcionarios; y el Govern del PSC, explicando al detalle una secesión casi de facto en este ámbito.

Además, el traspaso de estos funcionarios en el País Vasco, que es el espejo en el que se mira el Govern de Salvador Illa (PSC), está paralizado en los tribunales de Justicia porque la transferencia al Ejecutivo de Imanol Pradales (PNV) se hizo incorrectamente en la forma y los jueces están valorando si, también, en el fondo. Cataluña podría seguir el mismo camino.

«Queremos que la selección de la escala nacional sea única. Si nos podemos mover por toda España, lo más eficiente es que haya un modelo único para acceder a las vacantes con unos mismos estándares», señala Pilar Ortega, presidenta del Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Cosital), que no se opone a que las pruebas de acceso se «descentralicen» pero con el mismo examen y temario.

El vicepresidente de la Asociación Profesional de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local (Apsital), Alberto Bravo Queipo de Llano, lo plantea así: «Nos preocupa la cesión de la competencia, porque implica que cada autonomía podrá configurar sus propios procesos».

Desde otro ángulo, José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, alerta de que el objetivo final es el control político. «El principio de proximidad es mal consejero porque el vínculo con el político de turno puede alterar el principio de independencia», señala, y augura que se «empobrecerá el funcionamiento de la función pública».

«Garantes del control»

Ortega cree que «en un futuro en el que se avecinan curvas en materia económica, jugar con la selección de los que garantizan la adecuada salud financiera de los municipios es peligroso». Y Bravo apostilla: «Se nos selecciona a nivel nacional desde 1924 para alejarnos de los gobiernos locales y regionales que puedan tener influencia en nuestra actividad, porque somos los garantes del control interno».

Otro aspecto a sumar es la barrera lingüística, clave en la paralización del proceso en el País Vasco. «Se generarán desigualdades discriminatorias, nadie podrá acceder a una plaza catalana sin el requisito lingüístico, pero desde Cataluña se podrá pedir el traslado a otros puntos del resto de España» lamenta Bravo.

Fuentes consultadas de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (Csif) confían en que la administración autonómica catalana respete «los principios de igualdad, méritos y capacidad». Desde Apsital se apunta que una convocatoria solo de la Generalitat no podrá cubrir las plazas pendientes, salvo que se rebaje la exigencia, que según el Govern es del 64%, cifra similar a otras regiones.