Los frentes judiciales eclipsan el 'oasis' del Gobierno con Gaza

La comparecencia que Sánchez realizó desde Nueva York estuvo capitalizada por estos asuntos, la agenda nacional vuelve a eclipsar sus intentos de centrarse en explotar su perfil más internacional, el traje en el que se siente más a gusto y el que le permite escapar de los temas más áridos. El banquillo de los acusados está concurrido, en apenas unos días concentra al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; al hermano del presidente, David Sánchez, y en las últimas horas el movimiento del juez Juan Carlos Peinado, informando a Begoña Gómez de que su caso por malversación se verá ante un jurado popular, en caso de llegar a juicio.

En Moncloa mostraron en un primer momento su «estupor», aunque otras fuentes reconocían que el instructor del juzgado número 41 de Madrid ha perdido ya la capacidad de sorprender. «Es surrealista», señalaba una ministra. «Puro Peinado», terciaba otro. Aunque públicamente se mantiene la línea oficial, aferrándose a que «el sistema de recursos de nuestro país es muy garantista» y emplazando a que «un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio, como ya hizo el Tribunal Supremo en este mismo asunto», en privado se avanza un paso más en la crítica. Las citadas fuentes consideran que lo que busca Peinado es «la humillación gratuita y pública» de la mujer del presidente del Gobierno, obligándola, además, a hacer un paseíllo para «contarle de qué le acusa». «Más allá de lo que diga la Audiencia Provincial, el sábado tendrá que ir», se quejan. «Es tremendo», señala un ministro.

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El Ejecutivo no tiene pensado cambiar la hoja de ruta, su estrategia se basa en dos vías: explotar el victimismo de estar sufriendo una campaña de «acoso» y hostigamiento «injusto» y, por otro lado, mantener su marcaje a los jueces. «Derivarlo al jurado popular busca precisamente eso, si es un jurado el que juzga, ya no se podrá decir que son los jueces los que atacan al Gobierno», señalan en Moncloa, tratando de leer la intencionalidad de Peinado. En todo caso, desde el Ejecutivo se anima a «leer un auto que no se sostiene» y recuerdan que en el caso del ministro de Justicia, Félix Bolaños, fue el Supremo quien descartó que hubiera malversación. «Y él sí era un funcionario público», resaltan, haciendo hincapié en que Gómez no lo es.

Pero el «estupor» expresado por Moncloa se centra en el momento procesal en el que el instructor toma la decisión. «Es llamativo», aseguran, porque el auto no se puede producir antes de que se cierre la instrucción. «Está muy forzado», lamentan, recordando que todavía quedan diligencias por practicar, como el volcado de los correos electrónicos que se solicitaron desde 2018. Además, la Audiencia Provincial tiene en cola hasta ocho recursos sobre este caso pendientes de resolver. Creen, por tanto, que podría haber seguido con su investigación –que consideran «prospectiva»– para acabar dictando la apertura del juicio oral por varios delitos, se le imputan hasta cinco tipos diferentes, sin desgajar la parte relativa a la malversación que legalmente permite que sea juzgado por un jurado popular.

«Es todo un disparate, un despropósito», se quejan, alentando la tesis del 'lawfare'. «Las casualidades no existen», apuntan, señalando que en apenas 24 horas se ha mandado al banquillo a dos personas del círculo del presidente del Gobierno, solo por ser sus familiares. «No por esperado deja de ser sorprendente. Con el tiempo, esto se conocerá como el 'caso Peinado'», inciden desde Ferraz. «La instrucción de Peinado se va a estudiar en todas las facultades de Derecho de nuestro país», terció la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz. También en el Gobierno ven cierto afán de protagonismo por parte del instructor. Consideran que busca acaparar foco mediático y titulares, y que su decisión trata de trasladar la sensación de cerco a la figura del presidente.

De esta opinión son también en algunos territorios. Emiliano García-Page, que no acostumbra a regalar el oído de Sánchez, calificó ayer de «estrambótico» el movimiento del instructor y consideró que «busca un juicio más político que legal». En su opinión –es abogado de formación– no cree que acabe prosperando la iniciativa del jurado popular, porque «cuando la persona a la que se quiere enjuiciar tiene una alta relevancia política es inevitable que haya una mezcla de juicio político». «No es saludable», zanjó. Otras fuentes de la dirección nacional del PSOE se muestran menos vehementes y recurren al argumentario oficial que opera para esta y otras causas. Se asegura que «no hay caso» y que «con el tiempo, la verdad se abrirá camino». «Esta instrucción quedará como un caso de estudio», señalan. Y más allá de lo que resuelva la Audiencia Provincial de Madrid o cómo pase a la posteridad el juez Peinado, lo cierto es que en el presente inmediato, el Gobierno ha visto como la dinámica judicial vuelve a capitalizar su día a día y le sitúa, de nuevo, a la defensiva y a rebufo, en la reacción a unas circunstancias que escapan de su control.