La Fiscalía General envía la denuncia del PSOE por la piñata de Sánchez a la Audiencia Nacional

En concreto, la Secretaría Técnica ha remitido un oficio con la denuncia y la documentación que adjuntaban los socialistas en el que da cuenta de que, según el PSOE, se trataría de delitos de «injurias, amenazas, desórdenes públicos, reunión o manifestación ilícita e incitación al odio».

Estos delitos son competencia de los Juzgados Centrales de Instrucción cuando se cometen contra los altos órganos de la nación o contra la forma de Gobierno, según la legislación y tal como recoge la jurisprudencia que el propio oficio cita para dar traslado de la denuncia a la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

La denuncia del PSOE hacía hincapié en este asunto, en tanto que el muñeco a quien estaba representando es al presidente del Gobierno, si bien incidía asimismo en la posible calificación de los hechos como delitos de odio y, en concreto, por incitación al magnicidio y a la violencia por razón de ideología, el socialismo.

Ahora, la Fiscalía de la Audiencia Nacional tendrá que analizar la denuncia en unas diligencias en las que se decide si concurren indicios delictivos y si son competencia de esta instancia. En caso positivo, el siguiente paso sería judicializarlo mediante la presentación de una querella.

Como vienen apuntando las sucesivas memorias anuales de esta Fiscalía, los delitos contra los altos organismos de la nación y la Corona, si bien constituye «un bloque residual de procedimientos penales», con frecuencia revisten «cierta complejidad».

Es bajo este epígrafe, por ejemplo, como ha sido investigado en el Juzgado Central de Instrucción número 4 el hackeo del sistema informático del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De se una empresa o entidad sin categoría de organismo constitucional, no habría sido competencia de la Audiencia Nacional.

Pese a esta excepción, que constituye el único caso por estos delitos tramitado en los dos últimos años, el grueso de los procedimientos se han venido reduciendo a injurias a la Corona, y mermados desde que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo avaló que la quema de fotografías del Rey constituía una legítima manifestación de la libertad de expresión.

En cuanto a los delitos contra la forma de Gobierno el caso emblemático es el 'procés', que arrancó en la Audiencia Nacional aunque lo acabó asumiendo el Tribunal Supremo por el aforamiento de buena parte de los implicados. La última memoria anual de la Fiscalía no refería ninguna causa de esta índole.