El fantasma de Filesa vuelve al PSOE 33 años después

Es necesario rememorar hasta hace más de 30 años para observar la primera vez que una comisión judicial y policial accedía a la sede del PSOE de la calle Ferraz. Ese 18 de noviembre de 1992, el objetivo de los agentes era los documentos contables del partido que sirvieron como prueba en la investigación del caso Filesa, una de las tramas corruptas que financiaron el partido liderado en ese momento por Felipe González mediante facturas falsas.

Aquel miércoles en 1992, durante la mañana, una comisión judicial acudió a la sede socialista con una orden de entrada y registro en el marco de la investigación acerca de una posible trama de financiación irregular para las campañas electorales del año 1989.

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El magistrado Marino Barbero, encargado de la investigación, tenía como meta encontrar documentación de interés para el sumario sobre la contabilidad del partido. La crónica del día después de ABC explicaba lo sucedido. «La Justicia entró en la sede del PSOE por no facilitar sus libros de cuentas», se podía leer en el titular, narrando posteriormente los hechos sucedidos durante más de cinco horas en Ferraz.

Tras la negativa del entonces secretario de Organización del PSOE, José María Benegas, y el responsable de asuntos económicos, Francisco Fernández Marugán de entregar los documentos, los enviados por Barbero accedían al edificio para el registro: «'Agotadas estas demandas -indicó Marugán- la comisión ha registrado la secretaría de Administración y se ha incautado de aquella documentación que han considerado oportuna', aunque no especificó cuál era esta», apuntaba el artículo de Cristina de la Hoz.

Este no fue el único registro que el magistrado Barbero ordenó realizar. Durante la investigación, se inspeccionó la sede del Banco de España y estuvo cerca de suceder lo mismo en la del Tribunal de Cuentas, aunque finalmente no fue necesario. Finalmente, en 1993, los peritos de Hacienda entregaron al magistrado Barbero un informe que confirmaba que Filesa había pagado a otras empresas por bienes y servicios cuyo destinatario era el PSOE y que, los trabajos por los que se contrató a la empresa, nunca fueron realizados.

Una imagen que, más de treinta años después, se repitió ayer de nuevo en la calle Ferraz. En este caso, la entrada de los agentes de la UCO en la sede socialista duró algo más de dos horas y coincidió con la aparición de agentes en el Ministerio de Transportes y en las sedes de Adif y la Dirección General de Carreteras. Los trabajadores de la UCO buscaban ayer, según el ministro de Transportes Oscar Puente en su cuenta en la red social de 'X' , «un email para copiarlo, los expedientes de 5 contratos en Adif y de 6 contratos en la DGC», un objetivo distinto al de la comisión judicial del caso Filesa' Mientras los agentes de la UCO se personaron en los distintos edificios, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, citaba al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en la Moncloa para abordar la crisis que cerca a la formación socialista.

En el informe de la UCO, que provocó la dimisión del secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, también es posible observar la utilización de facturas falsas para la obtención de liquidez. En este caso, Koldo García utilizaba supuestamente el bar Franky para blanquear las cuentas de las mordidas de la trama.

Es posible encontrar más similitudes entre lo sucedido aquel miércoles de 1992 con lo acontecido ayer: tanto el Ejecutivo del año 1992 como el actual están liderado por el PSOE; además, ambas entradas a la sede de Ferraz sucedieron durante el tercer mandato de los presidentes Felipe González y Pedro Sánchez.

Finalmente, el 'caso Filesa' concluyó en el año 1997 con varias condenas por financiación irregular a figuras del partido como al exsenador Josep Maria Sala i Grisó, al exdiputado Carlos Navarro Gómez, o a Aída Álvarez, excoordinadora de Finanzas del PSOE. Un escándalo que contribuyó al final de la presidencia de Felipe González y que, tras la revelación de las condenas en el año 1997, provocó que el entonces secretario general del PSOE, Joaquín Almunia, pidiera perdón públicamente tanto a los votantes como a los militantes socialistas.