La exdelegada del Gobierno en Ceuta se sentará en el banquillo en 2025 por la expulsión ilegal de menores

Según la resolución a la que tuvo acceso ABC, el juicio se celebrará entre el 17 y el 19 de junio y entre los testigos finalmente no estarán ni el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ni el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, ni el presidente ceutí Juan Jesús Vivas, como pedía una de las acusaciones populares.

La Sala ha rechazado la pretensión porque considera que con esa medida se pretende «determinar si hay más implicados además de las dos acusadas, lo que no resulta procedente en esta fase de juicio oral, sin perjuicio de que pueda ejercitar las acciones que considere pertinentes contra quien pudiera entender responsables».

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Sí constan en la lista de testigos alguno de esos menores que se vieron afectados y también las representantes de las organizaciones sociales que como Fundación Raíces o la Coordinadora de Barrios, alzaron la voz en primer lugar. Fue un juzgado de lo Contencioso de Ceuta quien a instancia de estas entidades y en representación de varios menores deportados paralizó las tandas de expulsiones y de hecho, el Supremo acabó confirmando que el dispositivo fue ilegal. En paralelo, la Fiscalía se querelló al apreciar que además, concurría responsabilidad penal en la gestión.

Mateos y Deu afrontan una petición cada una de 15 años de inhabilitación para el cago público por las decisiones que adoptaron en agosto de 2021, después de que en mayo un conflicto diplomático con Marruecos desembocara en el cruce a Ceuta de más de 8.000 personas bordeando los espigones en menos de una semana. Muchos se dieron la vuelta al cabo de unas horas, otros, se quedaron en la ciudad autónoma. Los cálculos oficiales apuntaban la entrada de más de 1.500 niños y adolescentes, de los que más de 800 seguían en agosto sin atención adecuada en el territorio ceutí, con los servicios de acogida colapsados.

Se arbitró como solución deportar a los menores por la frontera de El Tarajal en grupos de quince y en furgonetas para su entrega a las autoridades marroquíes, que, en teoría, les iban a trasladar a un centro de acogida desde el que localizar a sus progenitores, como habían pactado con las autoridades vecinas en una reunión informal celebrada al pie de la valla. Durante la fase de instrucción, ni Mateos ni Deu supieron identificar plenamente a las personas con las que se habían reunido.

En público se defendía la medida, también desde el Ministerio del Interior, apelando a un acuerdo marco con Marruecos del año 2007 que recoge precisamente lo contrario de lo que se estaba haciendo: se podían devolver menores pero cumpliendo primero la legislación nacional y eso implica un expediente completo y un proceso que en este caso, no se llegó ni a poner en marcha, como concluiría después el auto que enfiló el caso a juicio.

Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía contra Mateos y Deu, se trató de un «plan preconcebido» que se ejecutó «sin tramitar procedimiento alguno y sin constatar si concurrían los presupuestos legales habilitantes y por lo tanto, con flagrante infracción a la ley de Extranjería» y de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño. Y ellas, dice el escrito de acusación, «eran perfectamente conocedoras del ilícito». Hasta 55 niños y adolescentes fueron expulsados por esta vía.