El Gobierno vasco otorga la semilibertad a la asesina de Ernest Lluch

Según recoge el último balance del Observatorio de Política Penitenciaria de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), la decisión de progresar de grado a Armendaritz se ha adoptado este mes de agosto, cuando han sido seis los beneficiarios de la política vasca de prisiones: una hoja de ruta que ya en 2021 fijaba como primer eje de actuación el cumplimiento de las penas en medio abierto y, entre sus objetivos, el de «conseguir que un mayor número de personas privadas de libertad cumplan sus condenas en un régimen de semilibertad».

Sólo desde octubre, ha concedido tantas progresiones de grado como el Ejecutivo central en los tres años previos de legislatura, beneficiando a reos con historiales como el de Armendaritz o el de José María Arregi Erostarbe, el 'histórico' etarra 'Fiti', que tiene 15 asesinatos a sus espaldas, incluidos los niños de la Casa Cuartel de Zaragoza, y cuya condena extingue en 2026.

Fiti fue progresado en una decisión que la Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió el pasado mes de marzo, sin que el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria se haya aún pronunciado al respecto. Es lo que ocurre con otros ocho etarras que ya habían avanzado al tercer grado antes de verano: el fiscal recurrió en total once expedientes pero quedan aún nueve por resolver.

El recurso no paraliza la ejecución, de modo que esas personas gozan de semilibertad sin que a ojos del Ministerio Público reúnan los requisitos legales para hacerlo. En los dos casos que sí resolvió la Audiencia Nacional la orden fue que volviesen a la vida en prisión: Gorka Martínez e Iñaki Bilbao reingresaron en segundo grado penitenciario porque ninguno de ellos había pedido perdón expreso a las víctimas ni satisfecho responsabilidades civiles, pero son dos casos de once. Está por ver qué ocurre con el resto.

Mientras tanto, la política penitenciaria vasca sigue su curso. Junto a Armendaritz, se han beneficiado del tercer grado otros cinco presos de ETA en lo que va de mes de agosto, expedientes que de acuerdo a las fuentes consultadas por este diario, revisará la Fiscalía de la Audiencia Nacional y que podrían ser, así, objeto igualmente de recurso. Figura, con delitos de sangre, Igor Martínez de Osaba Arregui, condenado a 29 años como autor material del asesinato del subteniente de la guardia civil Alfonso Parada y conductor de una de las furgonetas que llevaban 1.700 kilos de explosivos de ETA para atentar en Madrid en 1999. No cumple tres cuartas partes de la pena hasta mayo de 2023.

Progresa también al tercer grado Juan Carlos Subijana, condenado por facilitar la información que hizo posible que ETA asesinase al funcionario de prisiones Máximo Casado y que cumplirá tres cuartas partes de la pena en 2028. Le siguen a semilibertad Santiago Aragón, sentenciado a 33 años por pertenencia, depósito de armas, tenencia de explosivos y falsedad; y Aitor Herrera, que cumple 25 años por asociación ilícita, depósito y tráfico de armas, y estragos e incendios terroristas. También avanza al tercer grado Zigor Orbe, condenado a 17 años por prender fuego a un autobús hiriendo al conductor. Es un caso llamativo. La Audiencia Nacional le negó un permiso de salida hace ahora justo un mes por no pedir perdón expreso a sus víctimas, un requisito que por ley es imprescindible cuando se trata de avanzar a la semilibertad.

La concesión de estos permisos es un elemento más para progresar de grado y la batalla se libra en la Sección Primera de la Sala de lo Penal, responsable de los asuntos penitenciarios. Allí, el magistrado Ricardo De Prada discrepa del criterio imperante, pues sostiene que no se puede exigir ese perdón en los permisos ya que la ley no lo prevé expresamente. Lo expuso en un voto particular, precisamente, contra la denegación de la salida de Orbe, igual que en el caso del también etarra Juan Manuel Inciarte, el 14 de julio.

Sin embargo, en los mismos días fue ponente sobre el recurso del etarra Unai López de Ocáriz y le dio el permiso. Contaba con un escrito de «rechazo» a la violencia. El Gobierno vasco le dio el tercer grado en julio, como a Xabier Atristain.