El Gobierno vasco volvió a dar a diez etarras la semilibertad que había revocado la Justicia

Así se desprende del Observatorio de Política Penitenciaria de la Asociación Víctimas del Terrorismo actualizado a 31 de octubre y que recoge cómo desde que el Ejecutivo vasco asumió la competencia de prisiones hace ahora dos años, ha concedido 58 terceros grados a 48 presos de ETA.

Los diez de diferencia son repeticiones, es decir, presos a los que les ha concedido el paso a semilibertad después de que la Audiencia Nacional lo hubiese revocado. En esa lista de diez, hay seis que han vuelto por eso a la cárcel ya dos veces: las dos veces que Vigilancia Penitenciaria ha tumbado la decisión de la administración vasca o la ha suspendido por recurso del fiscal.

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Isabel Vega

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La Administración vasca nunca escondió que el cumplimiento extramuros de las penas formaba parte de su agenda y se afana en insistir en que no hay distingos entre los presos comunes y los de la banda terrorista ETA a la hora de conceder este tipo de beneficios penitenciarios. En total, 142 reos de esta organización cumplen en las tres prisiones de su territorio, menos del 9% de la población reclusa que se reparte en Basauri (Vizcaya), Martutene (Guipúzcoa) y Zaballa (Álava) y acumulan, con datos oficiales, el 5,9% de los terceros grados.

En concreto, ha concedido 58 terceros grados a 48 presos -sólo en octubre han sido una decena-, de los que ocho están ya en libertad condicional y cuatro, en libertad definitiva por cumplimiento de la condena. Mientras, la Audiencia Nacional ha revocado 15 de esas semilibertades, si bien hay ocho más suspendidas por el recurso de la Fiscalía (que desde el pasado diciembre tiene ese efecto por un cambio de doctrina del Tribunal Supremo). También hay otros seis que fueron recurridos pero desestimados. Y en esta lista de cifras, hay nombres que se repiten.

Es el caso de José María Arregui Erostarbe, más conocido como Fiti. Se le concedió el tercer grado en febrero de 2022 y fue revocado por la Audiencia Nacional en el mes de noviembre, así que volvió a la cárcel. No habían pasado cuatro meses de su reingreso cuando el Gobierno vasco le concedió el tercer grado otra vez. Era abril de 2023 y la Fiscalía recurrió la medida: ha sido suspendida y él espera resolución en segundo grado. Tiene 15 asesinatos a sus espaldas.

También han repetido Aitor Esnaola, que accedió al tercer grado en mayo de 2022 y, Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria mediante, tuvo que volver a la cárcel el 4 de noviembre de aquel año para seguir cumpliendo dentro por el zulo en el que ocultó 1.600 kilos de explosivos. En una trayectoria análoga a la de 'Fiti', el Gobierno vasco volvió a ponerle en régimen de semilibertad en poco tiempo, abril de 2023. De nuevo, la Fiscalía intervino y la Audiencia Nacional revocó la progresión de grado.

Gorka Martínez Ahedo fue igualmente progresado en esa tanda de mayo de 2022. Condenado por asesinato y por intentar matar hasta en cinco ocasiones al ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa, en junio el juez le devolvió a la prisión. El Gobierno vasco le concedió de nuevo el tercer grado y otra vez la Fiscalía recurrió, así que está en prisión esperando a que se resuelva ese recurso. En ambas ocasiones faltaba el perdón expreso a las víctimas y la repudia de la violencia.

Xabier Atristain da para un capítulo aparte, porque ganó un recurso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por el camino sobre el acceso a un abogado de la propia elección durante la detención policial y eso le permitió salir de prisión durante algunas semanas, en tanto el Tribunal Supremo analizaba su caso. Al margen de ello, el gobierno vasco le progresó a semilibertad en julio de 2022 y la Audiencia Nacional tumbó la resolución. Le volvieron a poner en la calle en marzo de 2023 y, de nuevo, la decisión del departamento vasco fue revocada, el pasado mes de julio. Cumple una pena de 17 años por pertenencia a ETA y tenencia de armas y explosivos.

Juan Carlos Subijana, por su parte, estuvo en tercer grado desde agosto de 2022 hasta que a finales de febrero de 2023 el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria le mandó a vivir en prisión, donde aún no ha terminado una condena a 28 años de cárcel por su aportación al asesinato del funcionario Máximo Casado. No habían pasado seis meses y ya estaba otra vez en régimen de semilibertad, pero la Fiscalía recurrió y con el mencionado cambio de doctrina, hubo de reingresar en segundo grado en espera de que se resuelva el fondo del asunto.

También está suspendido el tercer grado de Ainhoa Barbarin, -autora de un coche bomba en Salou que dejó una veintena de heridos- el segundo que recibía, en julio de 2023, después de que el primero otorgado por la administración penitenciaria vasca en octubre de 2022, como el de Subijana, fuese revocado en la Audiencia Nacional.

De esas fechas es también el de Asier Carrera: se lo dieron en octubre de 2022, fue revocado en febrero de 2023 y hace unas semanas se lo volvieron a conceder. En su historial figura el asesinato del socialista Fernando Buesa y su escolta con un atentado en el año 2000. La Fiscalía, en esta ocasión, no ha presentado recurso contra la semilibertad.

Asier Rodríguez López fue en una tanda similar a la de Carrera: primer tercer grado en noviembre de 2022, revocación de la Audiencia Nacional al año siguiente y hace unos días, de nuevo en tercer grado. También lo ha obtenido este mes y por segunda vez, Andoni Otegi, pero la Fiscalía ha recurrido y la medida se ha suspendido.

Un caso más de 'repetidores' por decisión del gobierno vasco: Joseba Andoni Borde, que salió en semilibertad en en abril y tras la revocación, ha progresado hace unos días. El fiscal también ha recurrido, según informaron a ABC en fuentes jurídicas, y ha tenido por ello que volver a entrar en prisión.

De hecho, en este mes de octubre el Gobierno vasco ha concedido diez progresiones de grado a presos de la banda terrorista ETA, de los que constan en suspenso además de los mencionados, el de Mikel Azurmendi tras un recurso del fiscal apuntando que la excarcelación no cumplía con los requisitos que marca la ley.