El Congreso tramitará una ley de Sumar que permitiría investigar a Israel por «genocidio» desde España

Desde la tribuna de oradores, Santiago ha defendido como «una obligación» de los Estados investigar los crímenes internacionales de primer grado «si las autoridades del país donde ocurrieron no pueden o no quieren proteger a los pueblos bajo su control». Sumar quiere que España pueda investigar y juzgar los crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzadas o tortura exigiéndose solo la existencia del algún tipo de conexión España, independientemente del lugar donde se hayan cometido y la nacionalidad del autor o de la víctima, y que además no sea necesaria dicha conexión cuando se califique como delito de genocidio.

El grupo parlamentario de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, reprocha que el PSOE limitó este principio en una reforma de 2009, donde «introdujo la necesidad de acreditar determinados puntos de conexión con España o un vínculo de conexión relevante con España». Años más tarde, en 2014, reseñan que el PP aplicó otra reforma que incluyó más condicionantes «que limitan gravemente la competencia para la persecución de cada delito por encima, incluso, de las obligaciones de derecho internacional vinculantes para España».

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Santiago ha reprochado que el PP acabó con la posibilidad del ejercicio de la acusación popular y que impusieron que las causas en tramitación quedaran sobreseídas [lo que provocó su archivo] si no se acreditaban los nuevos requisitos. «Les pido que corrijamos este imperdonable error histórico y devolvamos las herramientas a la Justicia española para perseguir la impunidad de graves crímenes contra la humanidad», ha expresado Santiago.

Desde el PP, María Jesús Moro, ha tildado la reforma de «subjetiva y sectaria», porque «pretende decir que hay causas más dignas de defensa que otras» y «deja de lado los intereses de España para imponer la perspectiva de unos pocos». Moro también ha negado que la reforma del PP vulnerase las obligaciones de derecho internacional vinculantes para España. Y criticado que Sumar plantea investigar los crímenes de lesa humanidad fuera del país, pero hace unas semanas votó en contra de una ley del PP que pretendía hacer crímenes de lesa humanidad los asesinatos sin resolver de ETA para evitar que prescriban.

El diputado José María García, de Vox, ha tildado la iniciativa de «desvergüenza» porque, según ha espetado, «como líder del PCE [en referencia a Santiago] en Sumar, representan una ideología que es la más mortífera de la Historia, que tiene a sus espaldas decenas de millones de muertos asesinados y decenas de miles de muertos asesinados vilmente también en España». García le ha pedido que no se preocupen tanto por los crímenes fuera del país y lo hagan «por el crimen acontecido en España en 2017 [en referencia a la declaración unilateral de independencia del Gobierno catalán] y hagan todo lo posible para que Puigdemont sea juzgado por la Justicia española».

La proposición de ley se empieza a tramitar con el apoyo en este primer filtro parlamentario de PSOE, ERC, Junts, PNV, Bildu, Podemos, Coalición Canaria y BNG. Hana Jalloul, diputada del PSOE, ha cargado contra la reforma del PP de 2014 por suponer «un daño reputacional para España» que «recortó derechos y libertades para los ciudadanos». Por su parte, la diputada de ERC Pilar Vallugera ha criticado al PP y de paso a la Justicia e instituciones españolas: «Lo que es relevante es que este Estado la tenía [la jurisdicción universal] y el PP la fue recortando hasta que fuera inexistente. Explica hasta qué punto ha habido una regresión democrática en los principios de este Estado».

Los más crípticos han sido Junts, cuyo diputado Josep María Cervera ha dicho que siempre estarán «del lado de los derechos humanos» y, sin confirmar el apoyo, sí que ha añadido que «en caso de prosperar» estudiarán presentar enmiendas. Aunque todo indica que permitirán que se tramite. Además, ha aprovechado también el de Junts para hacer una defensa las leyes de desconexión y del 'procés' y atacar a la Justicia española y al Gobierno. «Nosotros sufrimos la crudeza del Estado», ha dicho.

Desde el PNV, Mikel Legarda ha lamentado que las «reformas de tapadillo» de PSOE y PP «desvirtuaron» este principio y que apoyarán el texto para iniciar un debate «constructivo». El PNV ya había registrado otra proposición de ley para modificar la regulación de la jurisdicción universal. Luego, Jon Iñarritu ha dicho que Bildu, su partido, también apoya que se empiece a tramitar porque es «bueno que se empiece un debate», a pesar de tener «dudas» con algunos elementos planteados.

Cristina Valido, de Coalición Canaria, ha mostrado su apoyo, pero critica el «doble rasero» del Gobierno de PSOE y Sumar con el que se abordan los derechos humanos al recordar que en Canarias hay casi 6 mil menores retenidos que han cruzado el océano en busca de una solución de su situación. «Poner una solución es parte de nuestro acuerdo de investidura», ha advertido Valido. Néstor Rego, del BNG, da su apoyo pero lamenta que la iniciativa no contemple los crímenes franquistas. Y Martina Velarde, de Podemos, también es un sí, aunque le reprochó al Gobierno no estar haciendo lo suficiente para «para frenar el genocidio en Palestina».