El Congreso asume las tesis del Gobierno y da luz verde a la tramitación de la ley del aborto

El PP se opone por la ausencia de los informes preceptivos pero PSOE y Podemos dan los trámites por cumplidos

Los portavoces Patxi López y Pablo Echenique en el Congreso de los Diputados Jaime García

La nueva ley del aborto inicia su andadura en el Congreso de los Diputados pese a carecer de los informes del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo Fiscal. Ambos preceptivos en este caso. PSOE y Unidas Podemos han impuesto su ... mayoría en la Mesa de la cámara para ordenar la publicación del texto, la apertura del plazo de presentación de enmiendas y el envío a la Comisión de Igualdad.

El proyecto queda ahora a la espera de que los grupos parlamentarios presenten sus enmiendas, que pueden ser a la totalidad si alguna formación quiere intentar devolver el proyecto al Gobierno. No obstante, PSOE y Podemos cuentan con sacar adelante esta ley con el grueso de sus aliados de su investidura, en el caso de que PP o Vox intenten echarla abajo.

El objetivo de la ministra de Igualdad, Irene Montero, es aprobar esta polémica ley antes de las elecciones autonómicas y locales del próximo mes de mayo. Y el arranque de la tramitación ha servido un nuevo enfrentamiento entre los dos socios del Gobierno y el PP. Éste último se oponía al inicio de la tramitación ante la ausencia de los informes preceptivos. PSOE y Unidas Podemos han asumido las tesis del Gobierno para defender que el trámite de informes se daba por cumplido al haber transcurrido 30 días desde la petición del informe sin que éste hubiera sido remitido.

El Consejo de Ministros aprobó la semana pasada el texto, que permite que las adolescentes de 16 y 17 años puedan interrumpir el embarazo sin contar con el permiso de los padres, eliminando las tres jornadas de reflexión, y pone en marcha el servicio gratuito de la píldora del día después. Montero ha justificado la falta de los informes preceptivos argumentando que el CGPJ no hizo su trabajo, porque no le remitió los informes en el plazo marcado.

Sin embargo, ese plazo no era ordinario sino de urgencia (12 días laborables) y el CGPJ solicitó una prórroga para evaluar el texto en profundidad. Montero negó esa prórroga. En cuanto al Consejo Fiscal, esta institución informó a Igualdad de que no podría analizar el informe en el tiempo requerido por falta de medios. La ministra de Igualdad decidió no esperar hasta tener los informes.

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