La ley del 'solo sí es sí' entrará en vigor el 7 de octubre y hace efectiva la rebaja de las penas a agresores sexuales

La ley estará vigente tras más de un año de trámites legislativos. Sí explicita el BOE la distinción entre agresión y abuso sexual, considerándose agresiones sexuales «todas aquellas conductas que atenten contra la libertad sexual sin el consentimiento de la otra persona». Y también muestra la rebaja efectiva de las penas por agresión sexual, cuyo tope máximo será de ocho años. Tal y como han explicado en varias ocasiones abogados penalistas, y también lo hace el jurista José María de Pablo en Twitter, a partir del próximo 7 de octubre, podrán revisarse las penas aplicadas. De Pablo ejemplifica contrastando el texto vigente hasta ahora (Código Penal en mano) con la ley del solo sí es sí publicada en el BOE y subraya que:

-la pena máxima del tipo básico de la agresión sexual baja de los 5 a los 4 años de prisión.

- la pena mínima por agresión sexual con penetración baja de los 6 a los 4 años de prisión.

-la pena por agresión sexual con agravantes, que era de 5 a 10 años, pasa a ser de 2 a 8 años. Esta rebaja -aduce De Pablo- es muy importante, porque permitirá acuerdos de conformidad en estas agresiones, por solo 2 años de prisión con suspensión, evitando la entrada en prisión del reo.

-la pena por agresión sexual con penetración y con agravantes, baja su mínimo de los 12 a los 7 años.

Además, remarca este jurista que la norma «deja margen a una mayor discrecionalidad de los jueces (los nuevos márgenes son enormes) y menos proporcionalidad: se castigan igual delitos de distinta gravedad».

En la nueva horquilla de penas explicitada en la ley el tope es de 8 años. «En breve veremos titulares escandalizados ante futuras condenas bajas por delitos sexuales graves, y todos atacarán a los jueces que se habrán limitado a aplicar las rebajas que trae este ley», arguye hoy De Pablo.

Sobre esta modificación de la tipificación penal ya llamó la atención el informe del Consejo Fiscal en enero de 2021 a cuenta de la llamada 'ley del solo sí es sí'. Este organismo, así como otras entidades y expertos en leyes, subrayó que el Código Penal de 1995 era más punitivo que la nueva norma.

De esas voces la más contundente fue la de las mujeres juristas de Themis, quienes manifestaron sus dudas sobre la eficacia de esa condena a la baja de las agresiones más graves y expresaron su rechazo a la posibilidad de que esto pudiera conllevar una revisión posterior de las condenas.

El propio De Pablo alerta de que cuando la ley publicada en el BOE entre en vigor, en un mes –el 7 de octubre– comenzará a verse el desfile de abogados para solicitar la revisión de las condenas de sus defendidos, lo que no quiere decir, admitió De Pablo, que en casos como el de La Manada de Sanfermín vaya a ser posible, porque las condenas ya «estaban cercanas a su mínimo legal». La semana pasada el letrado de los jóvenes condenados en junio de 2019 por el Tribunal Supremo esgrimió que con la ley impulsada por el Ministerio de Igualdad estudiaría la petición de reducción del correctivo a sus clientes.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Vicky Rossell, enseguida clamó contra «la propaganda que busca desprestigiar» una ley esencial y que coloca el foco en el consentimiento a las relaciones íntimas. «Quieren asustar a las mujeres», reprobó.

A esta línea se adhieren asociaciones de corte feminista, como la Fundación Mujeres, cuya presidenta enfatiza a ABC que esta polémica se remonta a un año atrás, cuando las juristas de Themis pusieron objeciones a este nuevo sistema penal. Ahora es un debate algo oportunista. Según Marisa Sotelo, «forma parte del paquete de críticas a la ley cuando lo importante no es encerrarlos de por vida, o la duración de las penas, sino que cambie la revictimización de la mujer y acabar con la impunidad que tenían algunos delitos. La práctica judicial tendía a colocar a la víctima en el foco y no al agresor, a quien ahora se le preguntará qué hizo para recabar el consentimiento. Lo trascendental es el cambio de paradigma judicial». Tras más de un año de tramitación de la ley, el revuelo actual se debe –remacha Sotelo– a «análisis simplistas» porque con el anterior corpus legal «se imponían penas muy altas para abusos sexuales y nos escandalizaba como sociedad», como ocurrió, dice, con los futbolistas de La Arandina.

Como la Fundación Mujeres, las entidades consultadas sí emplazan a comprobar cómo será la aplicación práctica de la norma por parte de los jueces.

Por otra parte, la norma introduce expresamente como forma de comisión de la agresión sexual la denominada sumisión química o mediante el uso de sustancias y psicofármacos que anulan la voluntad de la víctima.

Igualmente, se introduce la circunstancia cualificatoria agravante específica de género en estos delitos y se reforman otros preceptos del Código Penal relacionados con la responsabilidad de las personas jurídicas, la suspensión de la ejecución de penas en los delitos de violencia contra la mujer, el perjuicio social y los delitos de acoso, incluido el acoso callejero.

A partir de la entrada en vigor de la norma, se considerarán violencias sexuales los actos de naturaleza sexual no consentidos o que condicionan el libre desarrollo de la vida sexual en cualquier ámbito público o privado, lo que incluye la agresión sexual, el acoso sexual y la explotación de la prostitución ajena. La ley orgánica pretende también dar respuesta especialmente a las violencias sexuales cometidas en el ámbito digital, lo que comprende la difusión de actos de violencia sexual a través de medios tecnológicos, la pornografía no consentida y la extorsión sexual.

Asimismo, se consideran violencias sexuales la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, el acoso con connotación sexual y la trata con fines de explotación sexual. Por último, se incluye el homicidio de mujeres vinculado a la violencia sexual, o feminicidio sexual.

La ley impulsada por el Ministerio de Igualdad fue aprobada definitivamente en el Congreso de los Diputados el pasado 25 de agosto con los únicos votos en contra de PP y Vox y la abstención de CUP. Su tramitación se retrasó un mes tras aceptarse en el Senado una enmienda de Junts que cambiaba una letra, para incluir aborto y esterilización forzosos (y no forzosas) como las «las violencias sexuales más ocultas».