Zaplana carga contra las confesiones del caso Erial y niega reuniones con Cotino: «Nos llevábamos fatal»

En la sesión anterior, tras un pacto con el fiscal para ver reducida su petición de pena, su exjefe de gabinete en la Generalitat Juan Francisco García reconoció que esa licitación se diseñó para que la ganara el grupo empresarial de los Cotino y que Zaplana lo sabía. Los sobrinos de Cotino -Vicente y José- también confirmaron ante el tribunal que su tío pactó esas adjudicaciones a cambio de una comisión del 30% de las plusvalías obtenidas tras vender sus participaciones en la sociedad adjudicataria años después.

Zaplana -tal y como hizo en su declaración la semana pasada- ha vuelto a negarlo todo en una intervención no contemplada inicialmente en el calendario de sesiones y aceptada por el tribunal. Ha sido solicitada por el letrado del antiguo dirigente del PP al considerar que algunos acusados -su testaferro confeso, Joaquín Barceló, y el propio García- habían respondido cuestiones como persona física en su nueva comparecencia, esta vez como representantes de empresas implicadas.

«Si la acusación da tanta importancia a las agendas, podrá comprobar que no hay en esa fecha ni en ninguna cercana» ninguna reunión «en la que estemos los tres», ha aseverado Zaplana, en referencia a Juan Cotino y a su jefe de gabinete en Presidencia de la Generalitat entre 1995 y 2022. No mantuvieron «ni una sola conversación» de ningún tipo, ha recalcado, pese a que supuestamente se pactó «una remuneracion». A sus sobrinos, ni les conocía.

Su última reunión con Cotino fue en 2003 «con muchísima gente» y por algún acontecimiento en Valencia «de índole político», ha continuado, al tiempo que ha pedido que se revisen las hemerotecas de la época, cuando él ya se había marchado a Madrid como ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.

«Nos llevábamos fatal, porque yo rompí relaciones con el Gobierno de la Comunidad Valenciana de -Francisco- Camps», ha recordado, «con conflictos y desplantes» por la guerra abierta en el seno del PP regional. Una de las facciones del partido consideraba que Zaplana estaba realizando una tutela excesiva de la formación.

Los Cotino pagaron alrededor de seis millones de euros por varios lotes de las ITV valencianas. En 2004, vendieron sus participaciones en la mercantil adjudicataria por 43 millones. De acuerdo con la confesión de algunos acusados, las comisiones prometidas se ingresaron un año después en dos sociedades de Luxemburgo que estarían a cargo de Joaquín Barceló y Juan Francisco García. Este último señaló ante el juez que Zaplana estaba al corriente de todo, aunque no «hablaba con él como si esos fondos fueran suyos».

El exministro lo ha contradecido: «No he tenido ninguna comunicación de esa operación». Del mismo modo, ha vuelto a incidir en que su relación con Juan Cotino era «absolutamente inexistente» en ese momento. Ambos recuperaron la «sintonía» cuando el exministro salió de la prisión privisional en 2019. «Lamento profundamente su fallecimiento», ha añadido.

Quien fue portavoz del Gobierno de José María Aznar está procesado por presuntamente tejer una red de colaboradores que movió, según la Fiscalía, más de veinte millones de euros de origen ilícito. Por ello pide para Zaplana 19 años de cárcel. Comparte banquillo con otras catorce personas a las que se les imputan supuestos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad documental.

El resto de comparecientes en la sexta sesión del juicio han coincidido en desconocer cualquier irregularidad durante su intervención en los hechos bajo sospecha. Anticorrupción les pide cinco años por un presunto delito de blanqueo de capitales al considerar que, de alguna forma u otra, ayudaron a devolver a España la fortuna oculta en sociedades extranjeras.

Entre ellos, el abogado Saturnino Suances, a quien el testaferro confeso de Zaplana, Joaquín Barceló, recurrió para intentar recuperar 90.000 euros de una cuenta bloqueada tras la intervención en 2015 de la Banca Privada de Andorra.

Suances, a quien el tribunal ha pedido brevedad en varias ocasiones, se defiende a sí mismo como letrado en este proceso. En resumen, ha recalcado que, cuando él entra en juego, todo el entramado societario que se investiga estaba formado desde hace años. El encausado -hermano de Elvira Suances, exdiputada del PP que también se sienta en el banquillo- ha defendido que su único propósito fue desbloquear esos fondos, que eran lícitos -«no tenía ningún indicio» de blanqueo- y que Barceló, a quien nunca ha gestionado activos, no hizo mención a ninguna sociedad.

«No he sido gestor de sus fondos, he afrontado una actuación nueva frente a un ciudadano particular sin antecedentes y que no entendía qué estaba pasando», ha indicado ante el tribunal. Un año después de conocer a Barceló en una cena, Eduardo Zaplana le comentó que su amigo tenía un problema y que le había recomendado que contactara con él. En ese sentido, ha matizado que Zaplana «nunca me ha encargado ningún asesoramiento» fiscal o mercantil, más allá de consultas informales por la «relación intensa, cercana y de cariño» que mantienen desde 2008.

La documentación sobre esa cuenta en Andorra de 'Pachano', apodo de Barceló, se la dio el abogado uruguayo Fernando Belhot, otro supuesto testaferro que ha colaborado con el Ministerio Público y que comparecerá como testigo en la causa.

En la misma línea, su hermana, Elvira Suances, ha relatado que su papel en este asunto se limitó a comentar con su amigo Joaquín Barceló el problema que tenía con unos fondos «producto de su trabajo». Al respecto, ha recalcado que no ha interlocutado «jamás» con ninguna autoridad andorrana y que su único interés era ayudar a Barceló: «Nunca he recibido dinero de nadie».

Por su parte, el empresario Pedro Romero ha señalado que conocía a Zaplana de uno de los cinco salones de peluquería que gestionaba, pero «nunca» le ayudó a ocultar dinero ilícito ni tuvo negocios con él. Según la Fiscalía, Romero suscribió dos cartas fiducias en las que reconocía que Costera del Glorio –mercantil de la familia de Barceló que supuestamente recepciona los fondos de Luxemburgo para invertirlos– era titular de un 10% de dos de sus sociedades, Inmobiliaria Montgar y Royal Mediterránea.

Esta última fue adjudicataria en agosto de 2002 -un mes después de que Zaplana dejara la Generalitat- del derecho de superficie de unos terrenos en Benidorm, al lado de Terra Mítica, donde se construyó un complejo hotelero. Un asunto sobre el que, ha recalcado, no habló nunca con el exministro. Tampoco ha visto «jamás» a su exasesor fiscal, Francisco Grau.

«Yo soy como el marido engañado, el último que se entera de esto», ha aseverado. Las cartas fiducias «me las leyó la Guardia Civil delante de mi abogado» en 2019, ha afirmado, al tiempo que ha incidido en que todavía no sabe lo que son. «Todo es un sin sentido», ha lamentado.

Tras la declaración de todos los acusados, será el turno -en próximas sesiones- de la comparecencia de multitud de testigos solicitados por la acusación y las defensas. El juicio del caso Erial se prolongará, al menos, hasta mediados de mayo.