La suma de confesiones de amaños y mordidas estrecha el cerco judicial sobre Zaplana

Juan Francisco García, exjefe de gabinete de Zaplana durante su etapa al frente de la Generalitat Valenciana, reconoció que el concurso público para la privatización de las ITV en 1997 se diseñó para que el grupo empresarial de los Cotino estuviera «en una situación de ventaja». Los empresarios Vicente y José Cotino también confirmaron ante el tribunal que su tío, el entonces director de la Policía Juan Cotino, pactó esas adjudicaciones a cambio de comisiones. Todos se alinearon con el relato acusatorio de la Fiscalía tras alcanzar -al igual que otros acusados- acuerdos de conformidad para ver rebajadas sus peticiones de pena: se enfrentan a 14 años de prisión.

Estas confesiones suponen un nuevo varapalo para la estrategia de defensa del antiguo dirigente del PP, que rechaza irregularidades y niega la existencia de cualquier fortuna oculta. Para él, que se definió como un mero intermediario en los negocios de su círculo íntimo, piden 19 años de cárcel. Su asesor fiscal, considerado el 'cerebro' de la trama, o su secretaria personal se han mantenido fieles a la versión de quien fuera portavoz del Gobierno de José María Aznar. Pero la semana pasada, su amigo íntimo Joaquín Barceló, apodado 'Pachano', fue el primero en negarla: se reveló ante el juez como su testaferro y lamentó que hubiera utilizado su nombre para gestionar fondos ilícitos.

La partida continuó ayer. El jefe de gabinete de Presidencia de la Generalitat entre 1995 y 2022, Juan Francisco García, relató en el interrogatorio que presidió, a propuesta de Zaplana, la mesa de contratación para la adjudicación de las ITV, cuyos componentes actuaron ajenos a estas maniobras: «Se hizo todo de manera tan fina», que esos pliegos de condiciones pasaron todos los filtros de la Administración. «Había voluntad de favorecer al grupo Sedesa», aseveró. No obstante, apuntó que el exministro estaba al tanto del «especial interés» de Juan Cotino -fallecido en 2020- en la adjudicación. Así se lo transmitió en un encuentro en el que Zaplana estaba presente. También conocía los contactos que ambos habían mantenido. «Lo comenté con él, el día después de la adjudicación, una vez se resolvió el concurso», señaló García durante su declaración en la vista oral, mostrándose «absolutamente arrepentido».

Fue entonces cuando le ofrecieron una comisión del 30%. «Eso quedó así y hasta 2004 no hubo ninguna conversación más», continuó, sin relacionar en ningún momento al político con esos fondos ilícitos. Los Cotino pagaron alrededor de seis millones de euros por varios lotes de las ITV. En 2004, vendieron sus participaciones en la mercantil adjudicataria por 43 millones.

De acuerdo con la declaración de los acusados, un tercio de las plusvalías que se generaron en esa operación -6,4 millones, según la acusación pública- se ingresaron en dos sociedades luxemburguesas, Imison y Fénix, que estarían a cargo de Joaquín Barceló y el propio García, respectivamente. Juan Cotino era, a tenor de las palabras de los encausados, quien instruía al resto sobre los pasos a seguir y constituyó la primera mercantil en 2001 con 640.000 euros.

Del mismo modo, Vicente Cotino admitió que a través de varias empresas de la familia se hicieron facturas -más de 1,2 millones, apunta el fiscal, con conceptos falsos- a nombre de una sociedad de García. El empresario aseguró que dejó de tener capacidad operativa y cualquier relación con el dinero a partir de septiembre de 2005, cuando todos ellos -excepto su hermano José, que tuvo una participación menor en el entramado- viajaron a Luxemburgo para formalizar el traspaso de las mercantiles.

Una operación sobre la que Eduardo Zaplana también estaba al corriente, según su exjefe de gabinete, aunque «en ningún momento hablaba con él como si esos fondos fueran suyos». «No le regalo ni le cedo 2,5 millones de euros a Zaplana», reiteró el acusado ante lo descrito por Barceló en el juicio. García regularizó ese dinero con la amnistía fiscal del Gobierno de España en 2012.

Según Anticorrupción, toda la operativa de las ITV se repitió con la adjudicación de tres parques del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana en 2003. Para entonces Zaplana ya era ministro y José Luis Olivas, presidente de la Generalitat. Un lustro después, los Cotino despacharon sus participaciones en la sociedad adjudicataria por 44 millones. Olivas se desvinculó ayer de este concurso: cuando escaló de conseller a presidente estaba ya todo hecho, insistió. El Ministerio Público cree que recibió un soborno de 580.000 euros. Quien también presidió Bancaja fue condenado en 2017 por emitir una factura falsa para justificar esa misma cantidad, por supuestamente asesorar al grupo mercantil de la citada familia en una venta.