Zaplana niega que ocultara dinero en el extranjero de concursos públicos amañados en el juicio del caso Erial

«He dicho siempre que no he tenido dinero fuera de España y lo mantengo», ha aseverado Zaplana durante su declaración este martes como acusado, durante más de tres horas, en la Audiencia de Valencia. Comparte banquillo con otras catorce personas a las que se les imputan supuestos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación y falsedad documental. Quien fue jefe del Consell está procesado por presuntamente tejer una red de colaboradores con la que desviar dinero procedente de comisiones al extranjero para blanquearlo y retornarlo a España.

Sin embargo, y ante las preguntas del fiscal, ha reiterado en varias ocasiones que ni mantuvo relaciones comerciales con los imputados ni conocía la existencia de un entramado societario -en el que supuestamente se depositaron las mordidas- hasta que leyó el sumario de la causa. Misma respuesta que ha ofrecido sobre los 'papeles del sirio' que dieron origen al procedimiento en 2015. Documentos que aparecieron durante un registro de la UCO al despacho de abogados del exgerente de Imelsa Marcos Benavent -autodenominado 'yonki del dinero'-, en el marco del caso Taula. Cinco hojas que le había entregado un ciudadano sirio tras encontrarlas, según su relato, en una casa alquilada en Valencia. La vivienda había sido años atrás propiedad de Zaplana.

En esos documentos se señalaba la manera de proceder en varios concursos públicos: las empresas que debían ser elegidas y el importe que tenían que abonar los supuestos cohechadores para ganar esas licitaciones. «Ni los he visto ni es posible que hayan estado en mi poder jamás», ha aseverado sobre la conocida como 'hoja de ruta' del caso.

«Jamás» habló sobre la adjudicación de las ITV con el entonces director general de la Policía Juan Cotino, ni supo qué empresas habían ganado el concurso porque de ello se ocupaba una comisión mediante un procedimiento reglado. Eso sí, que Cotino tenía relación con Sedesa -una de las adjudicatarias- «lo sabía todo el mundo».

Esos papeles «no tienen absolutamente nada que ver», ha añadido el antiguo dirigente del PP, con el escrito que se halló en su maletín personal durante el registro de su domicilio tras su detención en 2018. «Un solo folio» en el que se hace referencia a distintas sociedades que habrían servido para el desvío de fondos. En concreto, detalla la mecánica para el retorno del dinero desde la empresa gestionada por Beatriz García Paesa -a quien ha dicho no conocer-, sobrina del espía Francisco Paesa, así como otras inversiones.

Quien fue portavoz del Gobierno de José María Aznar solicitó ese documento a su asesor fiscal Francisco Grau -a quien se considera responsable de manejar esos fondos- porque iba a mediar en un negocio inmobiliario de Joaquín Barceló, uno de los presuntos testaferros y amigo de la infancia. El objetivo del exministro, aunque finalmente no lo llevó a cabo, era conseguir que los plazos de pago se acortaran, según su versión. Fueron «un mero formulismo para poder hacer una gestión», ha indicado. «No conocía ningún detalle de las sociedades» ni cómo se constituyeron. «Lo pido por la ignorancia que tengo en el asunto en el que voy a mediar», ha incidido.

Sobre el abogado uruguayo Fernando Belhot, uno de los testigos clave para sentarle en el banquillo tras colaborar con la Fiscalía, Zaplana ha apuntado que éste «nunca» ha gestionado su patrimonio y que tampoco le pidió dinero. Belhot era «una persona muy conocida en Madrid que se dedicaba a los negocios», con la que tuvo «una relación amplia». «Me ha propuesto varias operaciones económicas que nunca han fructificado», aunque ahora ya no queda «ni confianza ni simpatía». La investigación apuntó que este supuesto fiduciario del exejecutivo de Telefónica gestionó fondos sin saber que eran ilegales.

En una conversación telefónica de dos horas con Belhot, intervenida por los investigadores, ambos hablaban -según el exdirigente popular- del problema que Barceló tenía para mover su dinero en Andorra de una entidad a otra tras la liquidación de Banca Privada de Andorra (BPA) y no de negocios suyos. Además, Zaplana ha mencionado que anotaba cosas en su agenda porque estaba escribiendo un libro y le sirvía de recordatorio.

«El apelativo 'jefe' -con el que se refieren a él en algunas conversaciones grabadas por la UCO-, que le valió para meterme en prisión, es un apodo con el que a mí se dirigen desde que estaba en el Ayuntamiento de Benidorm para mi desgracia», ha agregado en una de sus muchas interpelaciones al fiscal.

«Me han mirado 20 años y no tengo un papel firmado. Tengo en mis cuentas corrientes cantidades importantes que están intervenidas y si se mira mis agendas no tengo ningún tipo de gasto extraordinario. Voy al gimnasio, a trabajar, hago una vida bastante ordenada y en la cárcel presenté una auditoría donde no hay ningún gasto que no sea por transferencia bancaria, tengo todos los gastos cubiertos con mi sueldo», ha afirmado.

El exministro ha reconocido que lo invitaron a dos cruceros, así como que utilizó embarcaciones o avionetas privadas de amigos. También que residió en una vivienda que Joaquín Barceló compró por 1,6 millones de euros en la calle Nuñez de Balboa de Madrid y que éste le prestó dinero para adquirir dos coches. 

Al inicio de la sesión, la defensa del exministro ha solicitado que comparecieran antes los acusados que -aunque formalmente no ha habido ninguna conformidad- han llegado a un acuerdo con la Fiscalía. Entre ellos estaría el propio Barceló, que declara este miércoles. Pero ni el fiscal ni el tribunal se han pronunciado al respecto y el interrogatorio se ha producido como estaba previsto. El acusado ha querido responder a todas las partes, aunque ni su letrado -por considerar «clarificadora» la intervención de Zaplana ante el portavoz del Ministerio Público- ni los abogados de la mayoría de los encausados le han formulado cuestiones.

La anécdota de la jornada la ha protagonizado una mujer que se ha negado a que el expolítico entrara antes que ella, que llevaba un rato haciendo cola, a la Ciudad de la Justicia de Valencia, cuando éste ha cruzado directamente la puerta de acceso para escapar de los periodistas.

Anticorrupción sostiene que la cifra total desviada a paraísos fiscales ascendería a 20.606.364 euros. Pide 19 años de cárcel para Eduardo Zaplana y una multa de cuarenta millones. Entre el resto de enjuiciados está el exjefe del Consell José Luis Olivas o empresarios y amigos del círculo íntimo del exministro que supuestamente participaron en la trama.

Zaplana fue detenido en mayo de 2018 y estuvo en prisión provisional hasta febrero de 2019, tras pasar dos meses ingresado en el hospital La Fe para ser tratado de leucemia. La Fiscalía, como hizo el Juzgado de Instrucción número 18, cree que obtuvo «beneficios ilícitos gracias a su posición institucional» para servirse de ellos tras abandonar la política en 2008.

Según señala en su escrito de acusación, quien fue presidente autonómico entre 1995 y 2002 se habría concertado con el entonces director general de la Policía, el fallecido Juan Cotino, y dos sobrinos de éste -Vicente y José- para que su grupo empresarial ganara un concurso público supuestamente hecho a medida que no tenía ninguna justificación: la privatización del servicio de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en 1997. Los Cotino pagaron alrededor de seis millones de euros por el cánon de Castellón, Villareal y Vinarós. En 2004, vendieron sus participaciones en la compañía adjudicataria por 43 millones.

La adjudicación «amañada» a los Cotino de tres parques eólicos en 2003, un proceso que inició Zaplana antes de marcharse a Madrid y ser sustituido por José Luis Olivas, también está bajo sospecha. Por ello, Anticorrupción apunta que Olivas recibió un «soborno» de 580.000 euros. Un lustro después, despacharon sus participaciones en la sociedad adjudicataria por 44 millones.

El grupo Sedesa -de la citada familia- obtuvo en total «86.511.400,15 euros, lo que justifica el alto importe de las comisiones abonadas por dichas adjudicaciones». Para todo ello, el Ministerio Pública señala que diseñaron una estructura de sociedades en España y Luxemburgo, que después sirvió para «traspasar los sobornos pactados a la organización liderada por Eduardo Zaplana». 6,4 y 2,18 millones de euros que presuntamente se transfirieron a una empresa propiedad del exministro.

Además de para Vicente y José Cotino, Anticorrupción solicita 14 años de cárcel para el que fuera jefe de gabinete de Zaplana Juan García. El fiscal asevera que el asesor financiero Francisco Grau se encargaba de gestionar los fondos, mientras el amigo personal del exministro Joaquín Barceló ejercía como testaferro y titulaba el dinero que se repartió en sociedades de Luxemburgo, Panamá y cuentas de Andorra. Los dos se enfrentan a ocho años de prisión, junto a la exsecretaria del expresidente, Mitsouko Henríquez. La exdiputada del PP Elvira Suances y su hermano también se enfrentan a un lustro de cárcel como supuestos encargados de recuperar el dinero de Andorra.