La Universidad de Valencia carga contra la futura ley autonómica de libertad educativa por «discriminatoria»

El documento evalúa la propuesta legislativa, tanto en el espíritu como en la literalidad del texto, es decir, en la exposición de motivos, el articulado normativo y los anexos que lo acompañan. Se analiza la nueva ley desde tres perspectivas complementarias: la sociolingüística, la pedagógica y la jurídica, explica la institución académica. Finalmente, hay un apartado de conclusiones, referencias bibliográficas y anexos.

En dichas conclusiones, se sostiene que, «vista desde la triple perspectiva sociolíngüística, pedagógica y jurídica, la propuesta de ley registrada en Les Corts constituye un claro retroceso en cuanto al ordenamiento de la educación plurilingüe». «Invocando el valor supremo de la libertad de elección lingüística, arrincona en la práctica los valencianohablantes, que no podrán hacer valer sus derechos», apostilla.

Entre las razones que se esgrimen para tildar la norma de «inapropiada» figura que «parte de dos premisas erróneas: que el valenciano es una lengua normalizada que convive armónicamente con el castellano, en una situación de bilingüismo simétrico, y que como consecuencia del ordenamiento legal vigente, la Ley de plurilingüismo de 2018, con el modelo de organización plurilingüe PEPLI, se ha discriminado los castellanoparlantes de manera genérica, sin indicar las circunstancias ni los hechos concretos».

En este sentido, hace notar que se propone una nueva norma cuando todavía no se han evaluado los resultados de la aplicación del PEPLI en los centros escolares. «En ausencia de este dato esencial, -precisa- vale la pena recordar que investigaciones rigurosas, con indicadores muy contrastados, demuestran que los alumnos escolarizados con programas en que el valenciano era lengua vehicular mayoritaria obtienen mejor rendimiento escolar que los educados mayoritariamente en castellano».

Asimismo, el análisis afirma que la futura ley «entra en conflicto con la jurisprudencia actual del TC, especialmente en la zona de predominio lingüístico castellano, con el derecho del alumnado a conocer las dos lenguas oficiales para poder usarlas de manera libre».

En cuanto al derecho de las familias a elegir la lengua vehicular o de instrucción, recalca que «la libertad de elección lingüística solo se hace efectiva para los castellanoparlantes, mientras que la elección del valenciano se ve obstaculizada», al tiempo que «se excluye el resto de la comunidad educativa del proceso de decisión».

«Justo es decir que los responsables del alumnado pueden escoger el modelo de educación, pero no pueden determinar ni los instrumentos lingüísticos, ni los contenidos educativos, ni los procedimientos didácticos y evaluadores, que son competencia de las autoridades educativas y, en última instancia, de los docentes, como avala una extensa jurisprudencia», incide el organismo universitario.

Otra objeción es que «prescribe de manera arbitraria una reducción del tiempo lectivo en valenciano, cuando esta es la lengua baso de la enseñanza, imponiendo el tope del 20% máximo entre la franja de escolarización en la lengua propia y la que se verifique en castellano, sin ningún tipo de fundamentación pedagógica».

Igualmente, se alerta de que «discrimina el alumnado de las zonas de predominio lingüístico castellano porque fomenta la desafección hacia el valenciano y vulnera el derecho de acceder a la educación plurilingüe en iguales condiciones». «Se interpreta la exención de aprender el valenciano y en valenciano como un ejercicio de libertad, cuando es una privación de derechos que debilita el conjunto social», sostiene.

En la misma línea, el informe censura que la propuesta «atenta contra lo que prescribe la LUEV e invalidar el objetivo estratégico: el logro por parte del alumnado de una competencia equilibrada en las dos lenguas oficiales». Aquí menciona que «los investigadores sobre programas plurilingües coinciden en la necesidad que el uso vehicular de la lengua minorizada sea mayoritario y que en ningún caso baje del 50%».

Por contra, se avisa de que este proyecto «configura un modelo educativo que minoriza todavía más el valenciano y tiende, de facto, al monolingüismo, con lo cual se aleja de las recomendaciones que en materia educativa propugna el Consejo de Europa».

Otro reproche es que «desprovee al profesorado de los referentes imprescindibles para ejercer su función docente, puesto que no se apuntan objetivos estratégicos, líneas metodológicas ni procedimientos de evaluación» y «tampoco se consideran las directrices o los criterios y las instancias, así como los recursos materiales y de personal que tienen que velar por la formación, el asesoramiento y la supervisión de los docentes».

En definitiva, la promulgación de la ley -insiste el informe- tendría «múltiples efectos negativos para el valenciano en el ámbito educativo», entre ellos «desincentivar el aprendizaje de los neohablantes; establecer una jerarquización de los centros educativos, en virtud de los porcentajes de lengua instrumental que prevaleciera en cada uno de ellos; ampliar la hegemonía actual del castellano; devaluar los títulos de conocimiento del valenciano expedidos por la propia Generalitat, por medio de la JQCV, y por las entidades acreditadas, como universidades o centros de idiomas oficiales; reforzar los prejuicios negativos hacia el valenciano y agravar un doble alejamiento, entre comunidades de hablantes y entre territorios».

«Las eventuales consecuencias no son hipótesis admonitorias, sino procesos documentados y en progreso», asevera el informe, que subraya que «la proposición de ley podría ser «un golpe de gracia contra la lengua propia e histórica de los valencianos y condenarla, en un lapso de tiempo breve, en un estado residual de incierto desenlace».

La conclusión es «obvia»: «la nueva ley romperá el consenso social establecido alrededor de la LUEV, representará un retroceso sociolingüístico claro y, lejos de contribuir a una idea equívoca de libertad individual y colectiva, abrirá una fractura social entre territorios y grupos de hablantes».

Ante esta perspectiva, «la decisión más razonable es la retirada de la proposición de ley y la apertura de un proceso de diálogo sereno, meditado y constructivo entre todos los agentes políticos, sociales y académicos, a fin de relanzar un nuevo consenso en favor del valenciano y del ordenamiento del plurilingüismo educativo a nuestro país», concluye el documento.