Mazón garantizará por ley la libertad para estudiar en castellano o en valenciano

La nueva norma supone derogar al modelo del anterior Gobierno de izquierdas que había suprimido la enseñanza en castellano en más de doscientos colegios de la Comunidad Valenciana y se alinea con el informe aprobado esta misma semana por el Parlamento Europeo que aboga por el fin de la inmersión lingüística y exige proteger el castellano y a las familias que lo reclamen.

En ese sentido, el articulado de la proposición de ley, que saldrá adelante gracias a la mayoría parlamentaria del PP y Vox, garantiza la «libertad de las familias para elegir la lengua de la enseñanza» para lo que se recuperan las líneas en castellano y en valenciano. Así, el texto legal indica que cuando se acceda a un nuevo centro en Educación Infantil, en el proceso de admisión se preguntará cuál es la lengua base que se prefiere. Para las familias con hijos ya matriculados en un centro, la participación se canalizará a través de una consulta telemática.

Una vez se conozca el porcentaje de familias que opta por cada lengua base en cada curso y centro escolar, se determinará cuántos grupos se ofertan en cada lengua base. Para ello, se utilizará una tabla de asignación contenida en el anexo I de la ley que hace un reparto proporcional de grupos, haciendo prevalecer, en última instancia, el criterio de la mayoría.

Ese porcentaje de familias se actualizará anualmente al inicio de la escolarización en Educación Infantil, en primer curso de Educación Secundaria Obligatoria y en primer curso de Bachillerato.

La nueva Ley, que comenzará a aplicarse parcialmente a partir del curso 24-25 y en su totalidad en el 25-26, consagra la «garantía del conocimiento de ambas lenguas cooficiales (el castellano y el valenciano) y del inglés».

Durante el curso 24-25, se hará una consulta a todas las familias con hijos ya escolarizados (en Infantil, Primaria y ESO) para que decidan si quieren que estudien mayoritariamente en valenciano o en castellano. Con el resultado de esta encuesta, al inicio del curso 25-26 se configurará en cada centro educativo la lengua base (valenciano o castellano) para cada grupo, de manera que los alumnos ya puedan estudiar mayoritariamente en la lengua elegida por su familia.

Para los estudiantes que se vayan a escolarizar por primera vez en Educación Infantil en el curso 25-26, las familias podrán elegir la lengua base (valenciano o castellano), en el momento de pedir plaza escolar.

El PP y Vox, socios de gobierno en la Generalitat, han optado por la fórmula de la proposición de ley para acelerar la tramitación y acortar los plazos. Así, una vez pase por la Mesa de las Cortes Valencianas se trasladará al Ejecutivo para su validación definitiva junto al resto de paquete legislativo con reformas, que incluye las leyes relativas a la radiotelevisión autonómica À Punt, la de Concordia (que sustituye a la de Memoria Democrática), la de Transparencia y la de la de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción.

La norma, que da cumplimiento al programa electoral con el que Mazón concurrió a las elecciones autonómicas, sigue lo establecido en la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano, de manera que en las primeras etapas educativas (Infantil y Primero y Segundo de Primaria), hasta que el alumno ha aprendido a leer y escribir se respete su lengua habitual la mayor parte del tiempo posible, siempre que la familia la hubiese elegido como base. Para respetar dicho derecho, la nueva ley también prevé que en caso de traslado del alumno de un centro a otro donde no pueda tener continuidad en la misma lengua base, se tenga que realizar una adaptación de la lengua vehicular y los materiales, lo que supondrá una adecuación lingüística individual).

En la zona castellanoparlante, se garantiza que todo el alumnado cursará la asignatura de Valenciano. La solicitud de exención tendrá efectos en la evaluación y calificación únicamente, pero los alumnos deberán asistir y participar activamente. Se elimina la obligatoriedad de impartir un 25% del tiempo lectivo y asignaturas troncales en valenciano.

En la zona valencianoparlante, que incluye a la gran parte de la población escolar, la lengua base siempre tendrá mayor peso. En las primeras enseñanzas, la otra lengua cooficial se cursará durante un 25% del tiempo lectivo, en cumplimiento de la jurisprudencia. A partir de Tercero de Primaria, habrá un mayor equilibrio entre las dos lenguas cooficiales, con una diferencia máxima del 20% del tiempo entre ellas. Esto supone, en la práctica, que desde ese curso aproximadamente la mitad del tiempo lectivo se impartirá en la lengua base y el resto se repartirá entre la otra lengua cooficial y el inglés.

De esta forma, se pretende seguir la línea de las sentencias contra proyectos lingüísticos aprobados por el anterior Gobierno de Ximo Puig, en los que había un gran desequilibrio entre ambas lenguas oficiales.

Al respecto, en el curso 24-25 se extinguirán los programas experimentales del Ejecutivo de izquierdas (presentes en 221 centros), en los que en Infantil no se imparte castellano (se imparte un 90% del tiempo en valenciano y un 10% del tiempo en inglés). Además, se acordarán las modificaciones de los Proyectos Lingüísticos de Centro (PLC ) tras la consulta a la comunidad educativa a través de los Consejos Escolares de las zonas castellanoparlantes.

Asimismo, la ley prevé que la administración educativa pueda autorizar programas experimentales en determinados centros, en los que se imparta un mayor porcentaje de inglés que el establecido con carácter general en la ley.

La nueva norma que regirá el sistema educativo también garantiza el derecho a solicitar la exención del valenciano en las zonas castellanoparlantes que había quedado de facto sin contenido con la anterior normativa del PSPV-PSOE y Compromís, que exigía a todo el alumnado una titulación del tipo B1 de Valenciano al finalizar la ESO y un B2 al acabar Bachillerato.

En esta línea, la proposición de ley registrada por el PP en las Cortes Valencianas para su posterior refrendo por parte del Gobierno de Mazón recoge también el supuesto de exención por residencia temporal aplicable durante un máximo de tres cursos escolares consecutivos. Además, recupera el derecho a la exención del valenciano para el alumnado de nueva incorporación, eliminado en la etapa de Puig a través de la Orden 20/2019 de inclusión. Este derecho se podrá ejercer durante el curso de la incorporación del alumno y el siguiente.

La ley adapta el uso de las lenguas a los alumnos con necesidades educativas especiales escolarizados en centros de educación especial, unidades específicas en centros ordinarios, y en centros ordinarios cuando los alumnos requieran un alto grado de apoyo. En todos estos casos, se respetará la lengua cooficial en que tenga mayor dominio, y se irá introduciendo la otra lengua cooficial y la lengua extranjera de forma progresiva y en función de las posibilidades del alumno o alumna.

La ley también reconoce como medida para estos alumnos la posibilidad de utilizar libros de texto y materiales curriculares en una lengua diferente a la vehicular, utilizada con el resto del grupo.

La nueva norma también asegura el derecho del alumnado a examinarse en valenciano o castellano. En las asignaturas no lingüísticas, los alumnos podrán elegir si realizan en valenciano o en español los exámenes y las pruebas de evaluación, tanto parciales como finales, excepto en las asignaturas de lengua.

De esta forma, «se extiende a las distintas enseñanzas un derecho ya reconocido en normas básicas como es el caso de la normativa de acceso a la universidad, y se facilita la adaptación del alumnado de nueva incorporación a la Comunidad Valenciana».

A partir de la entrada en vigor de la nueva ley, cualquier estudiante podrá pedir su certificación de valenciano según sus estudios previos, de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia (MCER) para las Lenguas.

La nueva Ley de Libertad Educativa recoge también el derecho de las familias a dirigirse al centro y ser informadas en la lengua de su elección. Así, suprime los planes de normalización lingüística de los centros educativos y los sustituye por planes de uso de las lenguas en el ámbito no curricular, que aprobarán los consejos escolares en los centros públicos, y los titulares en los centros privados, y que formarán parte del proyecto educativo del centro. En ellos, se deberá prever el derecho del alumnado y de las familias a dirigirse y comunicarse con el centro docente en la lengua cooficial en que deseen hacerlo.

Asimismo, los impresos, formularios y documentos dirigidos para el alumnado y las familias deberán elaborarse en formato bilingüe, valenciano y castellano, o bien disponer de modelos en ambas lenguas oficiales. El formato bilingüe también se extenderá a las comunicaciones que dirija el centro a las familias y a los documentos internos del centro que deban ser enviados a los representantes de las familias en los consejos escolares, o a las asociaciones de madres y padres y de alumnado.

De esta forma, se dará cumplimiento a recomendaciones de instituciones como el Síndic de Greuges (el Defensor del Pueblo valenciano), que recuerda el derecho del ciudadano a dirigirse a la Administración en la lengua de su elección.

La proposición de ley que ya ha iniciado su periplo parlamentario establece los conocimientos de valenciano del profesorado como mérito y no como requisito en Formación Profesional y enseñanzas de régimen especial. El texto indica que el requisito de nivel C1 de valenciano será exigible a los docentes de Infantil, Primaria, ESO, Bachillerato y Educación de Personas Adultas. En el resto de enseñanzas, como la FP y las de régimen especial, los conocimientos de valenciano ya no serán requisito para el profesorado y pasarán a valorarse como mérito. De esta forma, se pretende atraer talento y evitar problemas en la contratación de profesorado de determinadas especialidades docentes.

Además, la ley reconoce las situaciones excepcionales de los profesores destinados en otras autonomías que solicitan una comisión de servicios en la Comunidad Valenciana, bien por causas sociales o por traslado de la unidad familiar. A estos docentes se les autorizará la comisión de servicios, sin disponer de requisito lingüístico cuando este sea obligatorio, por un máximo de cuatro años.

La ley reconoce el esfuerzo adicional que realizan los profesores que vehiculen áreas o materias no lingüísticas en una lengua extranjera. Para ello, se les reconocerá dicha tarea en los concursos de méritos y actividades de formación. En ESO, Bachillerato y FP, además, este profesorado tendrá preferencia para elegir turnos y horarios, inmediatamente después de los funcionarios que sean catedráticos.

Con esta medida, se pretende dar cumplimiento a la obligación de reconocer el trabajo de estos profesores, tal y como prevé la legislación educativa.