Page se rebela contra Ayuso por defender los trasvases junto a Valencia y Murcia: «Tira piedras en su tejado»

Si la portavoz de su Gobierno autonómico, Esther Padilla, lamentó que a «a Madrid le interesa que desaparezca el trasvase», tal como publicó ABC, otra de las integrantes de su gabinete, la consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, también incidió recientemente en esa supuesta confluencia de ambas regiones para cerrar el grifo al sureste peninsular.

Esta dirigente mostró igualmente su incomprensión por el planteamiento por los intereses de la capital de España en el cauce del Tajo que pasa por Aranjuez y opinó que Ayuso «está tirando piedras contra su propio tejado».

Esta misma semana, el socialista Page ha elevado la presión al Ejecutivo de Pedro Sánchez y, para hacer frente a esa alianza de los populares de la Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía y Madrid, con su documento consensuado de alegaciones a instancias de Carlos Mazón, ha amenazado con que iba a cerrar el trasvase esgrimiendo cinco sentencias del Tribunal Supremo.

No obstante, aunque esos fallos judiciales le son favorables en el sentido de que garantizan la obligación de reservar caudales ecológicos para una buena salud ecológica de las aguas del Tajo, en ningún momento estipulan unas cantidades concretas. De hecho, los técnicos que gestionan las reglas de explotación del acueducto desde hace décadas siempre han tenido en cuenta un mínimo caudal circulante, es decir, con otro nombre, el organismo ha velado por ese cometido.

«Si además de poner la mano para negociar se nos quiere morder, iremos al cumplimiento estricto de las sentencias, el cien por cien», ha advertido el presidente castellanomanchego, cuando algunos de esos fallos únicamente han desestimado recursos de administraciones valencianas y murcianas contra medidas cautelares mientras se resuelven sus litigios presentados para defender la continuidad de las transferencias hídricas, o algunos recortes ya aplicados.

Page también ha afirmado que «nadie quiere prescindir de lo que se le regala», cuando los regantes usuarios abonan puntualmente cada año millones de euros por este servicio, incluso cuando por sequía y falta de reservas en los embalses, ha habido trasvases cero durante meses para regadío, al tener siempre prioridad el abastecimiento humano.

Y otro argumento suyo es que los agricultores levantinos deberían consumir antes el 100% del agua desalada para tener derecho a cualquier transferencia desde el Tajo, cuando precisamente el Gobierno ha proyectado ampliar la capacidad de la planta más grande de Europa, la de Torrevieja, para proporcionar más recursos.

En este contexto de tensión entre cuatro autonomías gobernadas por el PP y una por el PSOE, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico que dirige Teresa Ribera debe definir la actualización de las reglas de explotación del Tajo-Segura, en aplicación de los nuevos planes de cuenca de ambas demarcaciones hidrográficas (también ahora la del Guadiana, al haber empezado a realizarse trasvases también a este territorio, de menor volumen), que a priori parecen un tanto incompatibles.

Desde el Gobierno valenciano de Mazón han lamentado que este proceso sometido a un periodo de consulta pública hasta el pasado 2 de mayo no se ha desarrollado con un debate regido por criterios técnicos y representantes de todas las partes interesadas, como aseguran que prometió la ministra. En cambio, cada cual ha alegado sin un documento de base como referencia, por lo que las decisiones finales quedan a total discreción de Teresa Ribera.