«A Madrid le interesa que desaparezca el trasvase», ha lamentado la portavoz del Ejecutivo castellano-manchego, Esther Padilla.
El frente común de cuatro autonomías gobernadas por el PP a favor de la continuidad del reparto de agua frente a los recortes impuestos por el Gobierno central en los últimos años y los planificados ya a partir de 2027 parece no haber gustado en las filas socialistas de Page.
El líder valenciano, Carlos Mazón, anunció estas alegaciones coordinadas en representación de «más de 20 millones de españoles», al hacer la suma de su peso demográfico, que se acerca a la mitad del censo global de todo el país. Sin desvelar el contenido de sus planteamientos en el periodo de consulta para actualizar las reglas de explotación del acueducto, el dirigente popular apeló a los «criterios técnicos» sin más «caprichos políticos» para cerrar el grifo del agua a los regantes del sureste.
Un día después, la portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha reclama igualmente que se defina todo por los «técnicos» y ha revelado que en sus alegaciones, las regiones que han hecho piña a favor de las transferencias hídricas exigen evaluar cómo usan en la meseta el agua del Tajo, lo que ha calificado de «ofensa».
Aunque ha sacado pecho por la solidaridad de su región durante los 40 años de funcionamiento del Tajo-Segura («jamás hemos negado el agua para beber», sin aludir a la agricultura) y ha asegurado que seguirán haciéndolo, al mismo tiempo ha reiterado su objetivo de que esta infraestructura no funcione más, con lo que ese compromiso sería imposible.
«A la Comunidad de Madrid le interesan las mismas cosas que a Castilla-La Mancha, que haya caudales ecológicos y que desaparezca el trasvase, y sin embargo, se ha unido a los intereses de Levante porque sus intereses son políticos», ha criticado, en alusión al posicionamiento de el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso.
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