El Gobierno sacrifica tierras de «interés nacional» para una macroplanta solar de la desaladora de Torrevieja y así recortar trasvases

En el caso alicantino, en el decreto sustentado en la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario -norma que posteriormente ha sido actualizada, pero sigue vigente- se destacaba el valor económico y estratégico de esta zona de la Vega Baja, que en aquel momento se pretendía dotar de recursos hídricos. «Ya declarados de interés nacional, precisan de la mejora de la calidad de las aguas de riego», se puede leer en aquel documento, al que ha tenido acceso ABC.

También se anunciaba la construcción del embalse de La Pedrera, que posteriormente se ha utilizado para acumular envíos hídricos desde el Tajo-Segura, la infraestructura ahora cuestionada por la política del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfica, entre otros factores, por la presión de la Junta de Castilla-La Mancha que gobierna el socialista Emiliano García-Page.

El decreto declaraba igualmente de «utilidad pública e interés social» la denominada «ordenación de las explotaciones agrarias de la comarca meridional de Alicante», que delimitaba con precisión en el mapa y abarcaba otros municipios de riqueza potencial para la actividad agraria, para «la puesta en regadío y la redistribución de la propiedad rústica de las zonas regables» con el objetivo de su «transformación económico-social».

No obstante, ahora aquel valor queda difuminado por las prioridades actuales de suministrar más energía a la planta desalinizadora torrevejense -que visitó en febrero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez- y que entraña la expropiación de estos agricultores medio siglo después, cuando varias generaciones han subsistido de cítricos y otros cultivos. Son desahuciados por partida triple: sin agua o con mucha menos al recortar los trasvases, sin tierra al ocupar las suyas las placas fotovoltaicas, y con sus viviendas devaluadas por el impacto visual cuando han tenido siempre vistas al parque natural de Las Laguna de la Mata.

Unas perspectivas similares tienen más al norte, en Onda y Alcora, donde «La Unió Llauradora i Ramadera muestra su rotundo rechazo a la construcción de una gran planta fotovoltaica y su infraestructura de evacuación, que afectará a más de 600 hectáreas de cultivo, muchas de ellas en suelo útil de regadío con gran valor agroecológico».

Prevé la instalación de 751.632 placas solares en una zona citrícola «totalmente productiva» con más de 150 fincas familiares y profesionales de pequeño y mediano tamaño «en pleno rendimiento» afectadas total o parcialmente «o en el mejor de los casos totalmente devaluadas», como en Alicante.

«Se trata la mayor parte de tierras muy fértiles, con bajo contenido en cal, modernizadas con el paso del tiempo y con fertirrigación localizada», describen desde esta organización agraria. «En caso de llevarse a cabo este macroproyecto, se perdería una importante zona de cultivo agrícola y en consecuencia se verían afectadas en gran medida las entidades de riego que suministran el agua a la zona planteada, y dada la gran extensión en la que se pretende actuar, puede llegar a provocar la inviabilidad de la actividad que desarrollan y su desaparición», alertan.

Esta planta solar destruiría también campos de ensayo en los que se han investigado hasta 24.000 líneas varietales diferentes durante los últimos años. «La Unió insiste en que está a favor de las energías renovables, pero implantadas de una forma racional, sostenible, aprovechando zonas no productivas, polígonos, etcétera, y reitera que se priorice el autoconsumo energético en los tejados de las zonas urbanas, en los polígonos industriales, en zonas degradadas y en infraestructuras o edificios de propiedad pública», sugieren.

«Es la misma cantinela de siempre: nos quieren imponer grandes proyectos fotovoltaicos sin ningún tipo de racionalidad cuando habría que acercar la producción energética a las grandes áreas urbanas e industriales de consumo, con el objetivo de evitar las pérdidas y el impacto del transporte de la energía a grandes distancias a través de las vías de evacuación que también afectan durante kilómetros a zonas de actividades rurales de interés», lamenta Carles Peris, secretario general de La Unió.