Mazón autoriza el recurso al Supremo para frenar el reparto de menas del Gobierno a las autonomías

Así lo ha comunicado este viernes la vicepresidenta y portavoz de la Generalitat Valenciana, Susana Camarero, quien ha detallado que el Gobierno de Mazón ha autorizado a la Abogacía General de la Generalitat a interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 743-2025, de 26 de agosto, por el que se aprueba la «capacidad ordinaria» del sistema de protección y tutela de personas menores de edad extranjeras no acompañadas.

Junto con este recurso se ha solicitado la suspensión cautelar de la norma, por considerarla «contraria a derecho» y por suponer una «vulneración del interés superior» de los menores migrantes no acompañados.

En este sentido, Camarero ha reiterado la posición de la Generalitat ante el Real Decreto Ley 2-2025, tal y como ya anunció la semana pasada, en la que se va a proceder a impugnar todas las normas aprobadas por el Gobierno central en relación al reparto de los 'menas'.

Según ha detallado la Generalitat Valenciana en un comunicado, el Real Decreto 743/2025 introduce una fórmula unilateral para calcular la llamada «capacidad ordinaria» del sistema de protección, en base a datos poblacionales y cifras remitidas por la Administración General del Estado, «sin tener en cuenta la información enviada por las comunidades autónomas ni haber contado con la aprobación de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia».

Según la aplicación de esta fórmula, Susana Camarero ha señalado que a la Comunidad Valenciana se le asigna una supuesta capacidad de atención para 1.767 menores migrantes no acompañados, cifra que «no refleja la capacidad real del sistema, ya tensionado y con problemas de sobreocupación», ha criticado.

En esta línea, la vicepresidenta ha considerado que en caso de aplicarse este reparto, supondría una «decisión arbitraria, injusta e inconstitucional» y una «infracción del ordenamiento constitucional de distribución de competencias», así como una «infracción del principio de autonomía financiera», ya que el Gobierno central «pretende una distribución de menores sin una planificación previa y sin destinar los recursos suficientes necesarios para poder acogerlos», ha denunciado.

Susana Camarero ha insistido en que la Comunidad Valenciana es «solidaria» y ha recordado que en el año 2024 las plazas de atención residencial de proyecto migratorio se incrementaron en más del 60%, hasta llegar a 319, mientras que el sistema general de protección cuenta con un total de 1.720 plazas, «ya insuficientes para cubrir la creciente demanda».

En esta línea, Camarero ha explicado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha determinado que para acoger a los 571 menores que ha adjudicado a la Comunidad Valenciana, «nos corresponderían 7,4 millones de euros», lo que se traduce en 75 euros al día por menor.

No obstante, la vicepresidenta ha reprochado que «el coste real en nuestro sistema de protección de estos menores es de 218 euros al día», por lo que »el Gobierno no está asumiendo la financiación de los menores que nos quiere trasladar a la región».

Así, Susana Camarero ha denunciado que «se pone en riesgo a la región con esta decisión» y también a los menores, puesto que «nuestro sistema de protección está ya colapsado al 160%» y no les «podríamos dar la atención que merecen, porque el interés superior del menor tiene que estar por encima de todo cálculo político, porque los menores no se pueden utilizar como moneda de cambio».

Por otro lado, se ha dirigido al Gobierno de Pedro Sánchez para sugerirle que se reúna con las diferentes comunidades autónomas para negociar «un sistema de protección adecuado» para atender esta «crisis migratoria».

Por todo ello, Susana Camarero ha reiterado que van a solicitar una suspensión cautelar de las medidas que «puedan llevar a un traslado inadecuado», para «intentar mantener nuestro sistema de protección».