La madre de un niño con necesidades especiales, sobre la ley educativa de Mazón: «Estoy satisfecha porque un porcentaje elevado en valenciano le perjudicaba»

Como alumno de sexto curso de Primaria, con TEA (Trastorno del Espectro Autista) en grado 1, ir «sumando cada vez más asignaturas» en una lengua que no es la suya materna «ha sido un freno» que se ha añadido «a la complicación diaria».

Con la Ley de Plurilingüismo, todo se agravaba: «El TEA es un hándicap para la comprensión y, claro, cuando les mezclas lengua castellana, valenciana y en inglés, pues se les complica demasiado la vida y, si no entienden su propia lengua materna, imagínate cuando encima les obligan a otra segunda lengua y hasta una tercera».

Aún conserva en la memoria una experiencia especialmente triste. «Como madre, lo hablé con el anterior secretario autonómico y su respuesta hizo que saliera llorando de esa reunión, cuando me dijo que los niños son esponjas y que de una manera u otra iban a aprenderlo, no sé de qué otra manera, lo que se necesita es equidad, darle a cada uno lo que necesita», rememora.

No obstante, como madre tiene claros sus objetivos para él con los idiomas, sin exclusiones: «Nunca he querido que estuviera exento de la lengua valenciana, siempre he querido que la aprenda, porque para mí es cultura y riqueza que va a tener».

Y en este aspecto conoce bien la realidad global, más general, como presidenta de Covapa, la confederación autonómica de AMPA, donde ha constatado que hay «división de opiniones» porque algunas familias aplauden esa exención para que sus hijos no estén obligados a examinarse del valenciano -impartir la asignatura siempre ha sido obligatorio- en las zonas de predominio castellanohablante. En cambio, otros progenitores -como ella misma- sí consideran necesario «evaluar» ese conocimiento, sin excepciones.

«Para nosotros es importantísimo, queremos que para esa asignatura de valenciano tengamos a los mejores, para que realmente los niños aprendan la lengua, pero no que sea un porcentaje tan elevado como estábamos teniendo y, sobre todo, no en zonas castellanohablantes», abunda Terrero.

«Ahora, al ver que esta ley por fin recoge las necesidades educativas especiales y que se va a trabajar en ello, pues para mí como madre es una gran satisfacción, porque no puede ser café para todos los alumnos, hay niños que tienen esas necesidades que cubrir», valora.

Con todo, en la comunidad de familias ven «flecos» todavía por aclarar, al no haber tenido acceso al borrador de la nueva ley, para lo que los dirigentes autonómicos han emplazado ya a sus representantes a una reunión próximamente. «Estamos contentos de que nuestras reivindicaciones de tantos años hayan servido, la ley recoge muchas de las peticiones y siempre que nos dé esa libertad y ese derecho que tenemos las familias a elegir la lengua vehicular en la que estudian nuestros hijos es una gran satisfacción», opina.

Acerca de esos aspectos por definir, se refiere a «determinar la zona castellanohablante y valencianohablante, puesto que en ciudades como Elche o Alicante también quieren tener las mismas libertades y derechos», detalla, además de aludir a falta por ver si hay suficientes medios humanos para la doble línea en ambas lenguas en todos los centros educativos.

Y recelan de si los Consejos Escolares van a tener la última palabra, porque «no hay paridad y las familias están desventaja» y las experiencias hasta ahora no han resultado justas, a su juicio: «En las zonas castellanohablantes, la mayoría de los profesores son interinos y no nos apoyan si se quiere hacer un cambio».

En cuanto a las experiencias con la anterior norma, la Ley de Plurilingüismo, la presidenta de Covapa rememora el «engaño» y la «estafa» de situaciones en las que se aseguraba a los padres que Educación Física se impartía en valenciano, cuando en realidad se hacía en castellano «porque los niños no entendían lo que se les decía en clase».