Literalmente, la norma impulsada por el Ejecutivo del popular Carlos Mazón estipulará que «en las asignaturas no lingüísticas, los alumnos podrán elegir si realizan en valenciano o castellano los exámenes y las pruebas de evaluación, tanto parciales como finales». Obviamente, el estudiante sí tendrá que someterse a la evaluación en uno u otro idioma en el caso de la materia de esa lengua concreta.
«De esta forma, se extiende a las distintas enseñanzas un derecho ya reconocido en normas básicas como es el caso de la normativa de acceso a la Universidad, y se facilita la adaptación del alumnado de nueva incorporación a la Comunitat Valenciana».
Se trata de uno de los aspectos novedosos que ha destacado el conseller de Educación, Universidades y Empleo, José Antonio Rovira: «El alumnado verá certificado de forma automática el nivel de valenciano, se le garantiza el conocimiento de las dos lenguas cooficiales de la Comunitat Valenciana, además del inglés, y podrá elegir la lengua en la que desee realizar los exámenes»,
De esta manera, se acabará con casos difícilmente comprensibles, como el de un estudiante de FP de Cheste (Valencia), que fue expulsado hace dos años de las clases de varias asignaturas por el simple hecho de haber pedido realizar las pruebas de evaluación en castellano, tal como denunció la asociación Hablamos Español y publicó ABC.
Además, en el centro educativo se le penalizaba en la nota por el mismo motivo, una rebaja de sus calificaciones que también han sufrido otros muchos alumnos en aplicación de la normativa implantada por el anterior Gobierno autonómico presidido por el socialista Ximo Puig, en coalición con Compromís y Podem.
Esta discriminación impuesta a través de la Ley de Plurilingüismo ha suscitado en las dos anteriores legislaturas la protesta de miles de familias, que salieron a la calle en ciudades como Orihuela (Alicante). Aparte de considerar vulnerados sus derechos, muchas madres y padres han puesto el foco en que sus hijos obtenían peor rendimiento y resultados en los exámenes al no poder expresarse en su lengua materna, un criterio pedagógico ampliamente aceptado en la comunidad educativa y en organismos internacionales.
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