La juez reclama al 112 las llamadas no atendidas el día de la dana
La magistrada solicita también una copia de la biblioteca de mensajes del ES-Alert
El Gobierno deniega documentación sobre la dana a la comisión de investigación de las Cortes Valencianas
Valencia
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Iniciar sesiónA diario y con constancia avanza la cascada de autos, requerimientos y diligencias del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja sobre la investigación de la gestión de la dana del 29 de octubre en Valencia. Este jueves, la magistrada ... ha acordado pedir nueva información sobre las llamadas recibidas por el 112 el día de la catástrofe, además de las que no pudo atender el teléfono de Emergencias.
En un nuevo auto, tras la petición de la acusación popular ejercida por Acció Cultural del País Valencià, la juez de la dana acuerda también solicitar una copia de la 'biblioteca de mensajes de ES-Alert' y los documentos redactados por un equipo encabezado por un catedrático de Sociología al entender que se tratan de pruebas «pertinentes» aunque, respecto al origen de las llamadas, las circunscribe al ámbito geográfico pero no a la identidad ni el número del llamante.
ACPV había solicitado las llamadas asociadas «al detalle» que no figuraban en el informe inicial sobre los avisos al 112, especificando la hora, origen y contenido y si fueron atendidas por otros centros del Estado así como aquellas que no pudieron ser atendidas por dichos centros. La instructora, además, ha pedido una copia a la Cadena SER de la entrevista realizada al subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, que se emitió el 29 de octubre a las 12.21 horas.
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En paralelo, ha rechazado otra serie de diligencias pedidas por esta entidad al considerarlas innecesarias, entre ellas, el listado de personal de emergencias, con especificación de sus teléfonos móviles, que reciban la información meteorológica suministrada por el sistema CoordCom, o una copia íntegra de las comunicaciones que obren en el sistema desde la alerta hidrológica declarada el día 24 de octubre de 2024 hasta el 30 a las 12 horas, incluyendo comunicaciones escritas y registros de audio y vídeo, emitidas o recibidas desde el Centro de Emergencias, CECOPI, Puesto de Manzo Avanzado, vehículo SATCOM112 o vehículos ligeros.
En cuanto a la primera petición, la magistrada la rechaza porque señala que ya se aportó informe de la Aemet, constan las previsiones meteorológicas y avisos en tal sentido, por lo que resulta innecesario. Así, entiende que no procede la obtención de la copia íntegra de las comunicaciones desde la alerta hidrológica dado que dicha obtención «indiscriminada» de cualquier tipo de comunicaciones, escritas, registros de audio, «incluiría también llamadas de audio y grabaciones de particulares, sin específica concreción, ni tampoco análisis individualizado, y no permitiría determinar la participación e intervención los intervinientes en la toma de decisiones en materia de protcción civil».
Igualmente, rechaza realizar un requerimiento a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior en el marco de la Red de Alertas Nacional, de la copia de seguridad vinculada a la alerta emitida por la Generalitat Valenciana el 29O a las 20.11 horas, con informe que especifique quién y cuando definió la alerta remitida, quién la activó y quién la confirmó.
La juez señala que no resulta preciso la obtención de la copia de seguridad de la alerta y subraya que, precisamente, las testificales llevadas a cabo están determinando la definición de la alerta, quien la activó y cómo se validó.
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En otra línea, la magistrada ha dictado una providencia en la que acuerda, a petición de la acusación popular de Intersindical, citar a declarar a otro técnico de Emergencias, un operador de comunicaciones, cuyo horario de trabajo el día de la dana consta desde las 7.33 horas hasta las 14.22.
En una segunda providencia, con fecha de miércoles pero notificada este jueves, dispone la comunicación con los hijos de un matrimonio británico fallecido en las inundaciones para ofrecerles la posibilidad de prestar declaración como perjudicados, la incorporación a la causa de un artículo de divulgación científica de un profesor de la Universidad de Vigo y el cotejo de los mensajes de WhatsApp aportados por el jefe de Climatología de la Aemet en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez, en su declaración como testigo
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