Mónica Oltra arrastra a la imputación a sus dos principales colaboradores

Hasta su dimisión en junio, la dirigente de Compromís estuvo al frente del departamento autonómico. Real se mantuvo como asesor tras la toma de posesión de Aitana Mas -sucesora de Oltra-, mientras Gamero cesó de su cargo en 2019 coincidiendo con el inicio de la nueva legislatura y ejerce desde entonces como secretario autonómico de Hacienda, un alto cargo en el segundo escalón del Gobierno de Ximo Puig. Ambos eran, en el momento de los hechos que se investigan, los principales colaboradores de Oltra. De hecho, Real estuvo casado con ella.

Con ellos, son ya dieciséis los imputados en este procedimiento, entre funcionarios y personal del centro Niño Jesús de Valencia, en el que ocurrieron los hechos por los que Luis Ramírez Icardi, educador en la residencia, fue condenado a cinco años de prisión, a la espera del recurso en el Tribunal Supremo. El magistrado Vicente Ríos intenta dilucidar si desde la Generalitat se trató de ocultar lo ocurrido.

Según el auto fechado este domingo al que ha tenido acceso ABC, el juez se basa en las explicaciones aportadas por Oltra el pasado lunes, durante su declaración de siete horas en sede judicial, para exponer la necesidad de escuchar los detalles que puedan aportar los dos nuevos imputados, a quienes la exconsellera hizo referencia. Real fue a la primera persona a la que llamó cuando conoció los abusos y este, a su vez, informó de la situación a Gamero. El subsecretario pidió más tarde a la dirección territorial la máxima colaboración con la Fiscalía tras varias comunicaciones desatendidas. Fue también el alto cargo al que Oltra informó por escrito sobre su relación con el monitor cuando accedió al poder en 2015, por si tuviera que inhibirse en la toma de decisiones sobre esa residencia, aunque la Abogacía de la Generalitat no lo vio necesario.

El magistrado considera que el testimonio de ambos es importante para «tratar de esclarecer su participación en los hechos objeto de la investigación relacionados con la formación del Expediente Informativo o Información reservada, que constituye una parte relevante» del caso. Este documento fue puesto en marcha por Igualdad cuando la denuncia de abusos sexuales de la niña de 14 años ya estaba judicializada y desacreditaba su testimonio.

Aunque las declaraciones de los investigados «deberán ser valoradas en su momento procesal, una vez se concluya la fase de instrucción, en relación con el conjunto de las diligencias practicadas en ese momento», en su escrito, el magistrado subraya que la versión que aportó Mónica Oltra en su comparecencia en Instrucción 15 sobre lo ocurrido en el «brevísimo periodo de tiempo» entre el 4 y el 8 de agosto de 2017, «se aparta de la literalidad de lo transcrito en el Diario de Sesiones» tras su intervención en las Cortes Valencianas el 21 de abril de 2021.

«También se aparta de lo por ella declarado ante medios de comunicación» tras el auto de marzo de 2022 que imputaba a la directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero, y a otros funcionarios. La exvicepresidenta defendió entonces que ella había ordenado abrir ese expediente, para rectificar más tarde ante la declaración ante el juez de Molero, que incidió en que había actuado por su cuenta. Oltra justificó su contradicción aludiendo a un «estallido emocional» provocado por la «cacería de la extrema derecha» que ella estaba sufriendo y que se amplificaba a trabajadores públicos de su departamento.

«Resulta preciso proseguir las diligencias para tratar de esclarecer lo ocurrido en esos días», justifica el magistrado, al tratarse de cuatro jornadas claves para el caso. La dirigente de Compromís siempre ha defendido que conoció los abusos de su entonces marido -«hechos penalmente relevantes que afectaban al mismo y a la Conselleria de la que era titular»- ese 4 de agosto, por una llamada telefónica de su expareja mientras estaba de vacaciones. Fue el día que llegó una notificación judicial a la vivienda en la que convivían.

Tras ello, se puso en contacto con su jefe de gabinete, Miquel Real. «En ese momento lo primero que le digo es que recabe información y mire si alguien sabe algo en Conselleria porque yo me había enterado como Mónica Oltra y no como consellera», manifestó ante las preguntas del juez y el fiscal el pasado lunes.

En los días siguientes y según lo expuesto por la exportavoz del Consell, Real le indicó que se centrara en la hospitalización de uno de sus hijos, puesto que las actuaciones «estaban en manos de quien tenían que estar».

El 8 de agosto, la subdirectora general de Infancia y Adolescencia, Gemma Plaza, dirige un oficio a la directora territorial de Igualdad, Isabel Serra, «interesando la apertura de un Expediente Informativo». Oltra afirmó que no tuvo conocimiento de la existencia del mismo hasta 2020, tras la sentencia contra Icardi, y defendió que ese informe jamás ha estado en sus manos.

Ahora, el titular de Instrucción número 15 quiere conocer el relato de Real y Gamero sobre estos hechos, en una comparecencia que todavía no tiene fecha fijada. La resolución, del 25 de septiembre, no es firme y frente a ella cabe recurso de reforma, en un plazo de tres días, y subsidiario de apelación, en cinco.

En paralelo a este nuevo auto, la defensa de la víctima -representada por el letrado José Luis Roberto, líder de España 2000- ha pedido al juez que reclame un informe a la Abogacía de la Generalitat sobre por qué no se personó en la causa contra el educador.

También solicita que se cite como testigos a los policías que llevaron a la joven esposada al juicio en el que comparecía como víctima. Fue su denuncia sobre la presunta desprotección que sufrió por parte de la Generalitat -sumada a una querella de la asociación de Cristina Seguí- la que motivó la apertura de esta causa, en la que Vox está personado como acusación popular.