La declaración de Mónica Oltra ante el juez por el caso de abusos de su exmarido: «No soy psicóloga y no sé cómo hay que evaluar a una menor»

También para que la -hasta su dimisión en junio- consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, máxima responsable en materia de menores, pudiera explicar con detalle cómo conoció unos hechos graves que afectaban al padre de sus hijos. Un punto no menor, pues gran parte de los indicios que el instructor apunta sobre ella guardan relación con el parentesco que tenía con el educador del centro Niño Jesús de Valencia Luis Ramírez Icardi y las consecuencias mediáticas que el suceso podía acarrear para la carrera política de la dirigente de Compromís.

Durante la comparecencia como imputada en el Juzgado de Instrucción número 15, según la transcripción a la que ha tenido acceso ABC, Oltra reiteró que no conoció los abusos hasta el 4 de agosto de 2017. No obstante, su marido -con el que ya no tenía una relación sentimental pero sí convivía en el mismo inmueble- fue apartado de la residencia el 20 de febrero, después de que la víctima relatara lo ocurrido. Icardi regresó al trabajo el 12 de marzo, aunque en otras funciones, al no darse credibilidad al testimonio de la niña de 14 años.

¿Qué ocurrió en esas semanas? Ante las dudas del magistrado, la exportavoz del Gobierno de Ximo Puig alegó que ese fue un mes con mucha actividad en su agenda política, con viajes a Bruselas y a Madrid, por lo que el ahora condenado a cinco años de prisión -a la espera del recurso en el Supremo- se quedó a cargo de sus dos hijos. Una práctica habitual para facilitar la conciliación, puesto que él trabajaba en el turno de noche una de cada dos semanas. Nunca le contó, ni a ella ni a los niños que había sido apartado de su trabajo por una denuncia de estas características, sino que le debían días libres.

«No soy psicóloga y no sé cómo hay que evaluar a una menor», respondió Oltra ante la gran cantidad de interrogantes que el instructor Vicente Ríos puso sobre la mesa respecto a la actuación de los técnicos que no dieron credibilidad a la víctima desde el principio ni la derivaron al Instituto Espill, especializado en este tipo de casos. Tampoco sabe porqué en el centro Niño Jesús conocían su relación con uno de sus monitores, algo de lo que sí informó a la Conselleria cuando accedió al poder en 2015, para que hubiera constancia en caso de que tuviera que inhibirse en alguna toma de decisión sobre esta residencia.

Del mismo modo, cuestionada sobre porqué no se trasladaron los hechos a la Fiscalía para que constaran en el Expediente de Protección de la menor, Oltra incidió en que se siguieron unos procedimientos en los que ella no intervenía y los profesionales actuaron «de buena fe según su leal saber y entender». No tuvo constancia hasta 2021 de que existía una Instrucción de 2013 -de la época del PP al frente de la Generalitat- sobre cómo comunicar incidentes relevantes en estos centros, por lo que tampoco dictó que fuera ignorada. A posteriori, en septiembre de 2017, sí que se aprobó un protocolo en el seno del departamento autonómico para hacer frente a este tipo de hechos.

En junio, el Ministerio Público tiene constancia de lo sucedido en Niño Jesús por la denuncia de la menor ante dos agentes de la Policía Nacional. En ese momento, el caso ya estaba judicializado.

Una llamada antes de comer, el 4 de agosto, lo cambió todo: la del entonces marido de la consellera informándole de la llegada de una notificación judicial -la orden de alejamiento- al domicilio que compartían, mientras ella estaba de vacaciones fuera. Según su versión ante Ríos, Mónica Oltra llamó entonces a su jefe de gabinete para que recopilara toda la información sobre el caso.

Las semanas posteriores, relató la dirigente de Compromís, fueron complicadas: uno de sus hijos tuvo un problema médico y estuvo ingresado en el hospital. «Mis preocupaciones esos días eran que mi hijo no se muriera y, por tanto, yo no tuve intervención ni decisión alguna sobre este tema», aclaró.

A partir de ese momento y durante más de dos años -aseveró ante la insistencia del fiscal Jaime Cussac- no supo nada de un asunto que le afectaba personalmente. En ese sentido, subrayó que no utilizó ni cauces «oficiales ni extraoficiales» para informarse sobre los pasos que se habían dado hasta que salió la primera sentencia contra Icardi, momento en el que conoció que Igualdad había abierto un expediente el 8 de agosto por orden de la directora general de Infancia y Adolescencia, Rosa Molero. Nunca por mandato verbal suyo, subrayó, como sospecha el magistrado.

«Yo no conozco los entresijos. Yo no he leído ese expediente informativo. Yo no he indagado en el proceso penal y vuelvo a repetir el símil con lo que ocurriría en el caso de ser consellera de Sanidad, puesto que no entraría a indagar en relación con la historia clínica de un paciente», agregó Oltra.

Cuestionada por el juez sobre la diferencia entre el objetivo inicial del expediente informativo -averiguar en qué se había fallado-y lo que finalmente se hizo -constatar la veracidad de los hechos, desacreditando a la víctima, algo que debía hacer un juzgado según el instructor-, la dirigente de Compromís recalcó que los funcionarios «trabajaron sin interferencias, desde luego por mi parte». De hecho, derivar a la niña -esta vez sí- al Instituto Espill, también fue una decisión técnica, «porque el hecho de que haya un proceso judicial en marcha, no nos exime a la conselleria de velar por la salud emocional y mental de las personas que están a nuestro cargo».

Llegados a este punto, tanto el juez como el fiscal preguntaron a la exvicepresidenta el motivo por el que, en unas declaraciones a los medios que rectificó más tarde, se adjudicó la orden de iniciar el polémico informe cuando el caso ya estaba en manos de un juez. Fue, según la investigada, fruto de «un estallido emocional».

«El día previo se había producido la imputación de cinco personas, incluida la de la directora general, y mi hijo me preguntó cuando oyó la noticia en la radio si esas personas no eran compañeras mías y si no tenían familia y me preguntó si esas familias no estarían padeciendo también», relató Oltra. «Recuerdo que tras los periodistas se encontraba una funcionaria llorando, y a mí me parecía muy injusto que, por lo que considero que era una cacería política de la extrema derecha, personas que pienso que no deben estar encausadas, porque el blanco de la persecución era yo, ellos y su familia estuvieran padeciendo. Y fue mi manera de desahogarme», continuó. «Hoy es el día que no he leído ese expediente», zanjó.

La exconsellera de Igualdad no quiso responder a las acusaciones que originaron la causa a partir del fallo condenatorio contra el agresor, que aludía a la supuesta desprotección que la niña abusada había sufrido por parte de la Administración. La víctima está representada por el abogado José Luis Roberto, líder de España 2000, mientras la asociación Gobierna-te de Cristina Seguí y Vox ejercen la acusación popular. El procedimiento está a la espera de que el juez autorice o no a intervenir las comunicaciones de los imputados durante el periodo que se investiga, algo a lo que el fiscal se ha mostrado favorable.