La Guardia Civil amplía el foco al papel del Gobierno en la dana

Pero la juez de Catarroja Nuria Ruiz, más allá de criticar la falta de datos y de defender que esta última agencia dio sobrada información que permitió actuar a otras instituciones, reprocha en un duro auto a la Benemérita que se haya extralimitado en sus funciones y haya incorporado conclusiones sin tener toda la información tras meses de instrucción.

Su investigación sitúa a la Generalitat como única posible responsable penal de lo ocurrido, por tener el mando único de la crisis a nivel legal, pese a que algunas de las acusaciones han apuntado sin éxito a los organismos estatales. De hecho, esta semana ha vuelto a denegar investigar al presidente de la CHJ, Miguel Polo, que sí declarará como testigo. No es la primera vez que la juez rechaza ampliar el foco y hasta ahora ha contado con el respaldo de la Audiencia de Valencia en todas las decisiones recurridas al órgano superior.

Una de las claves para entender esta postura es que la causa, abierta por posibles delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave, se centra en la ausencia de avisos a la población. Parte de la base de que el mensaje ES-Alert que se lanzó a los teléfonos móviles a las 20.11 horas fue «tardío» y «erróneo en su contenido». Pedía que se evitaran desplazamientos y no advertía de la necesidad de situarse en sitios elevados.

Con el nivel 2 activado y de acuerdo con la normativa, la consellera imputada -Salomé Pradas- era la directora del Plan Especial ante el riesgo de inundaciones en la Comunidad Valenciana, al ostentar las competencias en Protección Civil y Emergencias. Es un aspecto importante para determinar la posible responsabilidad penal. Cuestión diferente es la política, ante los incumplimientos del protocolo que, nueve meses después, siguen sin explicarse.

El mando de la crisis habría pasado al Gobierno central si se hubiera decretado el nivel 3, algo que ni la Generalitat pidió ni el Ministerio del Interior asumió. «Asociar a la delegada del Gobierno la responsabilidad», afirmó en febrero para rechazar una querella contra Pilar Bernabé, «cuando la competencia en materia de Protección Civil es autonómica y la inactividad se produjo en dicho ámbito, carece de cualquier asidero legal». En abril, volvió a denegar imputar a Bernabé, que sí declaró como testigo.

La magistrada defiende que la dana no fue un fenómeno meteorológico imprevisto pero, sin embargo, la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) no se convocó hasta las cinco de la tarde, tras una mañana muy complicada de rescates -había un desaparecido a mediodía- y cuando el caos era total por los desbordamientos de ríos en algunos puntos de la provincia de Valencia. Pese al pico de llamadas al teléfono 112 de Emergencias de la Generalitat que se estaba produciendo, de las comparecencias judiciales se extrae que esa información determinante no llegó a un Cecopi en alerta por el posible colapso de la presa de Forata.

Nadie estaba mirando al Poyo, ni siquiera los responsables de la Confederación -entre ellos su presidente, Miguel Polo- que seguían el encuentro de forma telemática. Como viene informando ABC, la CHJ incumplió su obligación de advertir por correo electrónico de la superación de los umbrales establecidos en dos cauces: el del Turia y el de la rambla del Poyo.

En su reciente informe la Guardia Civil puso el foco en las dos horas y media en las que la Confederación dejó de informar a la Delegación del Gobierno y a Emergencias de la Generalitat Valenciana sobre su caudal. Se trata del periodo que pasó entre el último aviso manual de las 16.13h, en el que se advertía un descenso del caudal -que, sin embargo, empezó a crecer de nuevo pocos minutos después- y el mensaje de las 18.43h, cuando el desastre era imparable. De las testificales que se han practicado a técnicos se extrae que ese mensaje llegó al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana, pero nadie supo interpretar el peligro que representaban esos niveles de agua -1.686 metros cúbicos por segundo- y no se trasladó al Cecopi. La propia Pilar Bernabé reconoció ante la instructora que no fue consciente de la gravedad de las riadas en Paiporta hasta que se lo advirtió por teléfono su alcaldesa alrededor de las 19.05 horas.

Sin embargo, en un auto fechado en mayo, la juez señaló que la ausencia de información sobre la evolución del caudal del Poyo que se le atribuye a Miguel Polo «resulta desmentida por la remisión de correos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), así como por la posibilidad de acceso al mismo». Esta semana, la magistrada ha sostenido de nuevo que el 112 podía seguir los datos actualizados cada cinco minutos, a través de un sistema interno y de web de la Confederación.

Entre las valoraciones que rechaza la juez, la Guardia Civil se pregunta «cuál fue el motivo por el que no se llevaron a cabo los avisos de superación de los umbrales preceptivos por parte de las personas que tenían encomendadas esas funciones» y que «denotaron una aparente ausencia de control sobre el dispositivo de registro en la rambla del Poyo justo en el peor de los momentos».

Si bien no era la única información que tenía Emergencias, entiende que «al menos en este episodio de inundaciones y dada las extraordinarias precipitaciones que se estaban registrando, era fundamental que esa información se transmitiera en tiempo para conocer la situación real de los volúmenes de agua que circulaban por los cauces».