La Generalitat de Cataluña descarta la duplicidad de facturas en las ayudas al hermano de Ximo Puig

La Guardia Civil cifró en más de 1,2 millones de euros el total de dinero público recibido por estas mercantiles entre 2015 y 2018 por parte de los gobiernos de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón. Los investigadores señalaron hasta cuatro tipos de irregularidades en algunas de estas partidas y el juez, entre otras diligencias, solicitó sendos informes a los dos primeros ejecutivos autonómicos para determinar qué cantidades se obtuvieron indebidamente.

La Intervención catalana detalla ahora que, a diferencia del sistema que se emplea en la Administración valenciana, sus ayudas se asignan «sin costes subvencionables identificables», es decir, no se subvenciona directamente un gasto concreto en el que la empresa ha incurrido, sino que se reparte ese dinero en función de otros indicadores, como la audiencia, los trabajadores de la mercantil o las horas de producción propia. Por tanto, «no hay posibilidad de coincidencia», apunta el documento, con las facturas presentadas en la comunidad vecina, básicamente, porque nunca se presentaron.

Recuerda también la Intervención catalana en su escrito al magistrado que, entre sus funciones, no está la de determinar si un documento es falso, sino la de controlar que cumple con lo dispuesto en la normativa. De este modo, quedarían bajo lupa solo la veintena de subvenciones -744.123 euros en total- concedidas durante cuatro ejercicios por la Generalitat Valenciana. La mayoría por parte de la Dirección General de Política Lingüística.

Precisamente, la semana pasada el magistrado archivó la causa para Rubén Trenzano, máximo responsable de este departamento -dentro de la Conselleria de Educación- al no apreciar indicios de delito en su conducta.

La instrucción se encuentra en sus últimos compases, puesto que el juez, por orden de la Audiencia de Valencia y tras un error en la prórroga de la investigación, no puede ordenar más diligencias de las acordadas hasta finales de enero.

Cuando reciba el informe de la Intervención valenciana y otro solicitado también con la «máxima urgencia y celeridad» a la Policía Judicial, el magistrado deberá dilucidar si las cantidades supuestamente defraudadas están por encima del umbral penal de 120.000 euros o se zanjan con una sanción administrativa, en caso de corroborarse las irregularidades.