La Audiencia de Valencia zanja la investigación al hermano de Ximo Puig a la espera de dos auditorías

No obstante, el Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia, que dirige la causa desde 2019 tras una denuncia del PP, podrá finalizar las diligencias acordadas hasta el 29 de enero, momento en el que terminó el plazo legal de investigación. Por tanto, no se trata de un archivo de las actuaciones.

Precisamente, la causa se encuentra a la espera de sendas auditorías de la Generalitat Valenciana y de la catalana, que deben dilucidar si las cantidades supuestamente defraudadas por Comunicació dels Ports, Mas Mut Produccions, Canal Maestrat y Kriol Producciones están por encima del umbral penal de 120.000 euros o se zanjan con una sanción administrativa, en caso de corroborarse las irregularidades.

En un escrito fechado el 13 de abril al que ha tenido acceso ABC, los magistrados de la sección tercera consideran que el último auto del juez para extender medio año más las pesquisas «fue dictado fuera del plazo de instrucción, excedido con creces». Todo ello como consecuencia de un «error involuntario» del juzgado que ha terminado abocando la causa a su fin.

La Fiscalía solicitó ampliar hasta verano la instrucción. Sin embargo, por equivocación, no se dio traslado a las partes para que pudieran presentar sus alegaciones antes de que el magistrado dictara su auto. La notificación nunca llegó a las defensas de los tres imputados, pues también se investiga al director general de Política Lingüística, Rubén Trenzado (Compromís).

El instructor reconoció el fallo, dejó sin efecto su propio escrito y dictó uno nuevo el pasado 16 de febrero, más de dos semanas después de que expirará el plazo legal, con la misma fecha de finalización. Los afectados recurrieron esa 'corrección' a la Audiencia, que ahora les da la razón y la califica como «extemporánea», rechazando los argumentos del juez.

Los magistrados revocan la prórroga, «debiendo el Juzgado dar por concluida la fase de instrucción una vez finalice la práctica de las diligencias de investigación acordadas dentro del plazo de instrucción». La cuestión ahora es cuándo se sumarán las citadas auditorías a la documentación existente y a los datos recabados por la Guardia Civil para que el titular de Instrucción número 4 pueda decidir si archiva el caso o abre juicio oral.

A finales de marzo, el juez instó tanto a la Intervención de la Generalitat valenciana como a la catalana a que realizaran los informes solicitados con la «máxima urgencia y celeridad». Del mismo modo, también solicitaba a la Policía Judicial que concluyera un informe solicitado.

Tras conocerse la decisión de la Audiencia Provincial, la diputada del PP que llevó el asunto a los tribunales y ejerce como acusación ha vuelto a pedir «explicaciones» y «responsabilidades políticas» al presidente autonómico Ximo Puig sobre lo ocurrido con las ayudas públicas otorgadas a mercantiles vinculadas a su hermano.

Eva Ortiz ha denunciado este martes lo que, a su juicio, es un «boicot »de la Generalitat Valenciana, «que está más de un año para entregar el informe de la Intervención sobre la justificación de las diferentes subvenciones presentadas por las empresas imputadas en el caso».

«Debemos saber porque las empresas del hermano de Puig no justificaron bien las subvenciones que recibieron de la Generalitat Valenciana, tal y como reconoció el propio Francís Puig en sede judicial. Además, debemos saber porque a unas empresas sí que se les ha solicitado el reintegro de las subvenciones y a las del hermano de Puig no se le ha pedido absolutamente nada», ha aseverado Ortiz.