El juez archiva para el alto cargo de Compromís Ruben Trenzano la causa abierta por las subvenciones al hermano de Ximo Puig

Según se desprende de la resolución, contra la que cabe recurso de reforma, el juez ha acordado el sobreseimiento libre y el archivo de las diligencias para Trenzano (Compromís) sin perjuicio de las acciones civiles que, en su caso, puedan corresponder al perjudicado.

La defensa de alto cargo valenciano había solicitado el archivo de las actuaciones al considerar como alegación que su representado no había llevado a cabo conducta delictiva alguna. El PP y la Fiscalía se opusieron a la petición y el juez, tras estudiar los hechos, ha archivado finalmente la causa para él al no ver indicios de delito.

Este caso se inició a través de la querella del Partido Popular por presuntos delitos contra la hacienda pública, prevaricación y malversación contra Francis Puig, director ejecutivo y consejero delegado de Comunicació dels Ports S.A. y administrador de Mas Mut Produccions y contra Rubén Trenzano.

A Trenzano se le imputó la ausencia de acreditación de cumplimiento de los requisitos exigidos para la concesión de subvenciones a Francis Puig y, posteriormente, se amplió la querella contra Enrique Juan Adell Bover como administrador de la empresa Canal Maestrat y Kriol Produccions.

En marzo de 2022 se acordó la declaración como investigado de Francis Puig pero no de Rubén Trezano. Actualmente se decidió no prorrogar la instrucción, con lo que se está pendiente del cumplimiento de las diligencias acordadas. Entre ellas no estaba la declaración de Trenzano, por lo que se considera que no cabe ya en este momento acordar su testimonio.

Al respecto, el juzgado considera que, sea cual fuera el resultado de las diligencias pendientes, «no cabría acordar la declaración como investigado de Trenzano». Así, añade: «Continuar la instrucción teniéndole como investigado sería tanto como aplicarle la pena de banquillo».

A mayor abundamiento -continúa el juez-, pese a la redacción inicial de la querella que imputaba a Trenzano un delito de prevaricación o de tráfico de influencias, «las diligencias practicadas no aportaron indicios suficientes para recibirle declaración como investigado».

De hecho, apostilla, las diligencias pendientes están encaminadas a determinar si hubo delito de fraude de subvenciones por los investigados o una posible falsedad documentación en la actuación de Francis Puig o Adell, «delitos en los que ninguna participación tendría Trenzano, pues la querella se dirigía contra él en calidad de director de Política Lingüística por una presunta ausencia de control en su concesión, de los que no hay indicio alguno», sentencia.