La Generalitat Valenciana, dispuesta a llevar la guerra del agua a los tribunales

Tras una reunión del Ejecutivo valenciano en el que se ha abordado esta cuestión, Ximo Puig ha declarado a preguntas de los medios que «el informe habla de la necesidad de un equilibrio entre el trasvase y el caudal ecológico», si bien ha insistido en que «el camino es el del diálogo y la negociación».

También ha opinado en clave nacional, con afán conciliador: «El planteamiento del Gobierno no puede ser equidistante, nunca jugaré a guerras entre territorios, pero desde luego siempre defenderé los intereses de la Comunidad Valenciana». Y ha apostillado que «hay que abordar racionalmente este asunto».

En consecuencia, la Generalitat reclama al Ministerio de Transición Ecológica que «atienda y tenga en cuenta las observaciones recogidas por el Consejo de Estado en su dictamen y que avalan las tesis del Consell de cara a lograr el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura«.

Aunque la valoración de este órgano consultivo no tiene carácter vinculante y el Consejo de Ministros tendrá la última palabra, el real decreto del Gobierno que aprueba la revisión de los planes hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas incide en que era mejor la disposición adicional introducida por las alegaciones de la Generalitat Valenciana, la Región de Murcia y la Junta de Andalucía, que el texto luego cambiado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico.

Con todo, el Gobierno de Puig se muestra prudente y apela al diálogo, al tiempo que no descarta emprender la vía judicial.

Así lo ha explicado la vicepresidenta, Aitana Mas, quien ha apuntado que pese a que el dictamen es favorable al decreto, sí se advierte al Gobierno de la «falta de coordinación» que genera la eliminación de la disposición adicional novena, que era el punto de discordia que venía reclamando la Generalitat.

Mas ha indicado que este dictamen «refuerza» la posición de la Comunidad Valenciana y ha instado al Gobierno a continuar negociando, al tiempo que ha señalado que el Ejecutivo autonómico está «estudiando legalmente las acciones que pueda realizar jurídicamente».

Entre las reacciones al dictamen del Consejos de Estado, ASAJA-Alicante ha mostrado su «tajante disconformidad» y lamenta que no se haya contemplado esa disposición que «abría la puerta a negociar a la baja en 2026 la cantidad de agua del caudal ecológico del río, que será de 8,65 m³/ segundo, recortándose así el agua del trasvase en más de 100 hm³ al año».

En un comunicado, esta organización ha anunciado que su sumará al acto de protesta convocado por los regantes del sindicato Scrats el próximo martes 24 de enero frente al Palacio de Moncloa para seguir defendiendo la continuidad del trasvase.

«Lamentamos que un órgano que está concebido para dictaminar sobre las consultas que formula el Gobierno, velando por la observancia de la Constitución, la del resto de ordenamiento jurídico y por el correcto funcionamiento de la Administración Pública y de los Servicios Públicos, como expresión de los derechos de la ciudadanía, avale una decisión que va totalmente en contra del interés general de este país y sus ciudadanos, como es el reparto equitativo del agua», ha manifestado José Vicente Andreu. presidente de Asaja

También ha alertado de la pérdida de 6.300 empleos directos en Alicante y 9.000 en Murcia; de 27.000 hectáreas de regadío; y un coste económico que alcanzará los 5.692 millones de euros, y ha recordado que los agricultores de Alicante, Murcia, Almería y Madrid han pedido la dimisión de la ministra Teresa Ribera.

Por su parte, el Scrats ha valorado en un comunicado que «a la vista de lo expresado por el Consejo de Estado, un Gobierno responsable no aprobaría el Plan Hidrológico del Tajo en los términos propuestos por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico».

Su análisis de esta valoración es que «ha confirmado la falta de coordinación entre los planes de cuenca» de ambos ríos, tal y como el Scrats ya había puesto de manifiesto.

«Esta falta de coordinación», a su juicio, «ha hecho más evidente si cabe tras la intervención política, personalista y autoritaria de la ministra, suprimiendo apartados» del documento original aprobado en el Consejo Nacional del Agua.

Y destacan que el Consejo de Estado cuestiona la metodología de cálculo de los caudales ecológicos y no solo cita las sentencias del Tribunal Supremo que declaran que deben fijarse esos niveles en todas las masas de agua, sino que ante todo se apoya en las sentencias de ese tribunal que declaran que la planificación debe respetar la existencia y regulación jurídica del Trasvase Tajo Segura.

El jefe del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha valorado que el dictamen del Consejo de Estado sobre los planes hidrográficos ha «dado la razón» a la Región y ha determinado que el «recorte» al trasvase Tajo-Segura «no está basado en criterios científicos».

A su juicio, el presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, «ya tiene una justificación» gracias a este dictamen «para no aprobar el recorte al trasvase Tajo-Segura».

«La resolución dice también que todo este proceso ha sido poco transparente y opaco», según López Miras, quien ha señalado que el dictamen también recoge que el Plan de Cuenca del Tajo y el Plan de Cuenca del Segura son «incompatibles», lo que representa un «problema muy importante para poder aplicar esos caudales ecológicos».

«Es decir, que si Pedro Sánchez, su Gobierno y sus 22 ministros deciden recortar la semana que viene el trasvase Tajo-Segura, será ya definitivamente por una cuestión política y sectaria», ha reprochado el presidente murciano.

Desde la Mesa del Agua de Almería han lamentado «profundamente» el refrendo al «recorte» en el trasvase y su portavoz, Fernando Rubio, ha indicado que, si bien el dictamen «no es vinculante», sí es «un ataque frontal» a los regantes del Levante que ahora debe pasar por el Consejo de Ministros.

En cambio, la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón, ha celebrado el criterio del Consejo de Estado: «Supone un paso más y un avance en la protección y mejora de la calidad del río Tajo».

Además, ha añadido que se trata de «una noticia positiva para Toledo y los municipios ribereños que confiamos en que este sea un buen punto de partida para avanzar en la introducción de los caudales ecológicos que el río necesita para su regeneración natural y un paso más para alcanzar el fin del trasvase».

Está previsto que los planes de cuenca para el tercer ciclo de planificación 2022-2027 se eleven próximamente al Consejo de Ministros para su aprobación definitiva y posteriormente sean remitidos a la Comisión Europea.