Una plataforma de 35 entidades envía una carta a Pedro Sánchez para que no recorte el trasvase Tajo-Segura

Ante esa «posibilidad» con la revisión de los planes hidrológicos de competencia estatal, pretenden hacerle llegar su «honda preocupación» por las «repercusiones» para el futuro del acueducto, «obra planteada desde sus inicios para contribuir a la vertebración del país».

En la misiva firmada por Jucas Jiménez, presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (Scrats), recuerdan a Pedro Sánchez que «el dictamen previo del Consejo de Estado ha confirmado la falta de coordinación entre los planes del Tajo y del Segura» y entran en el detalle de la disposición adicional aprobada por el Consejo Nacional del Agua que luego el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico suprimió, cuando así se condicionaban los recortes a cómo evolucionaba la calidad del agua del río en los próximos años.

También señalan al presidente del Gobierno que «el Consejo de Estado no solo cita las sentencias del Tribunal Supremo que declaran que deben fijarse caudales ecológicos en todas las masas de agua, sin prejuzgar en modo alguno la cuantía de dichos caudales, sino que ante todo se apoya en las sentencias de ese Tribunal que declaran que la planificación debe respetar la existencia y regulación jurídica del Trasvase Tajo-Segura».

En concreto, citan textualmente: «La satisfacción del interés general demanda que el régimen de caudales ecológicos, completo y vinculante, que el plan del Tajo tiene necesariamente que establecer, se haga compatible con un elemento de la planificación hidrológica nacional como el del trasvase mediante el acueducto del Tajo-Segura».

Y le hacen ver que el Consejo de Estado «cuestiona la metodología de cálculo de los caudales ecológicos» y subrayan que los estudios técnicos aportados por el Scrats durante el proceso de elaboración de los planes de cuenca «demuestran los errores de cálculo cometidos, y en especial, la falta de justificación de un caudal superior a 6 m3/s en el eje del río Tajo».

El propio Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, en la planificación del Segura alude a esos «efectos colaterales» de la medida de subir «innecesariamente» los caudales en el Alto Tajo, «un coste económico, social y ambiental, totalmente desproporcionado para esta demarcación». Y Catedráticos de la Universidades de Alicante y Alcalá cifran esas repercusiones en la pérdida de 27.314 hectáreas de regadío, en pérdidas patrimoniales iguales a 5.693 millones de euros, y en 15.322 despidos.

En consecuencia, esta plataforma de las tres provincias «instan» a Pedro Sánchez a que «las deliberaciones que tengan por objeto este asunto, de vital trascendencia para el futuro inmediato, busquen conciliar la obligada previsión de esos caudales ecológicos con las necesidades de las cuencas».

Ante la trascendental reunión del Consejo Ministros de este martes, el presidente de la Diputación de Alicante y del PP en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón ha señalado que espera «un milagro» con el trasvase, pues considera que los antecedentes del PSOE son «los peores posibles», al tiempo que ha advertido que «el daño puede ser irreversible, irreparable e histórico».

En declaraciones a los medios, Mazón ha avanzado que una «amplia representación» del PP estará este martes en la manifestación de los regantes y agricultores frente a la Moncloa en defensa del trasvase, mientras se reúne el Consejo de Ministros para previsiblemente aprobar la planificación de 12 cuencas hidrológicas para el periodo 2023-2027 que incluye el recorte del Tajo-Segura.

Mazón se ha mostrado «muy pesimista» y ha añadido que «el peor antecedente» lo tiene el 'president' de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, porque «en el Consejo del Agua se abstuvo».

Ha reiterado que «cuando toda una Generalitat se abstiene, se calla, se rinde ante un recorte histórico e injustificado para el agua es uno de los peores precedentes y peores servicios que Puig le ha dado a la provincia de Alicante, al Campo de Elche, a la Vega Baja y a la Comunidad Valenciana».