El Defensor del Pueblo valenciano urge a la Administración a crear un protocolo único para menores en riesgo

Esta es una de las principales conclusiones del Defensor del pueblo valenciano, Ángel Luna, quien ha presentado este lunes los resultados de la primera investigación realizada por esta institución para diagnosticar la realidad social y administrativa sobre las situaciones de riesgo en la infancia y la adolescencia en la Comunidad, y cómo lo abordan los servicios sociales, tanto a nivel autonómico como desde las entidades locales.

Entre los argumentos de esta queja de oficio, que se abrió en junio de 2022, destaca Luna que no existe un protocolo de actuación común «ni consenso o coordinación técnica» sobre cómo proceder en cada paso de la intervención de menores en riesgo, por lo que actualmente el trabajo de los servicios sociales municipales «es poco homogéneo y existe variedad de formas de definir y abordar la declaración de situación de riesgo».

Según el síndic, la Conselleria competente en materia de infancia y adolescencia tiene la obligación legal de poner a disposición de las entidades locales un protocolo para la detección, valoración e intervención en situaciones de riesgo con el fin de «garantizar la unidad de criterio en el ejercicio de la acción protectora de menores en todo el territorio», algo que recomienda en su resolución.

En la Comunidad Valenciana, la competencia para detectar, valorar, intervenir, declarar y determinar el cese de la situación de riesgo corresponde a los ayuntamientos. Sin embargo, especifica Luna que la Conselleria debería disponer de datos que permitan el diseño de políticas integrales de prevención y atención a situaciones de riesgo.

El informe remitido por la anterior Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que dirigía Compromís, señala que sólo cuenta con los datos aportados desde los Equipos Específicos de Atención a la Intervención con Infancia y Adolescencia (EEIIA), pero no con los de los equipos de atención básica municipales. Así pues, «también desconoce el grado de eficacia de dichas intervenciones y si hay necesidades que no están cubiertas en las entidades locales y que impiden mejorar su eficacia».

El Síndic considera que la Conselleria «no puede eludir la responsabilidad» de obtener los datos necesarios para avanzar en el diseño unificado de acciones para prevenir y atender a los niños, niñas y adolescentes (NNA) que puedan encontrarse en situación de riesgo, argumentando que la competencia en esta intervención corresponde a las entidades locales. Por ello, el síndic recomienda que asuma la responsabilidad de obtener también los datos de las intervenciones de los servicios sociales municipales.

De acuerdo con las cifras aportadas por la entonces Conselleria de Igualdad, el número de total de NNA atendidos por los EEIIA (Equipo Específico de Atención a la Intervención con Infancia y la Adolescencia) en la Comunidad Valenciana (2021) asciende a 12.885 (6.607 son varones y 6.278 mujeres). Por provincias, 1.916 en Castellón; 3.550 en Alicante y 7.419 en Valencia. De los 12.885 NNA valorados en situación de riesgo y derivados a los EEIIA, 616 personas menores de edad habían sido declarados en situación de riesgo, de las cuales 328 son varones y 288 mujeres. Por provincias, 86 en Castellón; 134 en Alicante; y 396 en València.

La institución defensora del pueblo también insta a la Conselleria que implante programas de formación de manera que se asegure el acceso de los profesionales de los distintos ámbitos (servicios sociales municipales y autonómicos, sanidad, educación, etc.) y se desarrolle la formación especializada. Además, que se reduzca la interinidad y la movilidad en las plantillas de los EAPB (Equipos Atención Primaria Básica) municipal.

La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas sí indica en su informe que los principales motivos de intervención en los EEIIA en 2021 fueron los siguientes:

-Negligencia: 3.673 casos.

-Separación/divorcio: 3.609 casos.

-Salud mental/adicciones: 3.076 casos.

-Maltrato emocional: 1.938 casos.

-Violencia de género: 1.518 casos.

En esta investigación ha participado el Departamento de Sociología I de la Universidad de Alicante; 109 Ayuntamientos y once Mancomunidades que representan a otras 87 Ayuntamientos contestando cuestionarios. Además, también respondieron a los informes solicitados por esta institución las consellerias de Educación, Cultura y Deporte, Igualdad y Políticas Inclusivas y Sanidad Pública y Salud Universal.